Tras la decisión municipal de descartar definitivamente la expropiación de los suelos de Tablada, que son de propiedad privada desde hace décadas, las 25 asociaciones que integran la Mesa Ciudadana por Tablada insisten en que el Ayuntamiento de Sevilla debe liderar la adquisición de estos suelos. La Mesa Ciudadana por Tablada propone al Ayuntamiento varias vías para que se recupere la titularidad pública de estos terrenos para la ciudad: aprovechar la obra del puente de la SE-40 sobre el río (por ahora el puente es solo un anteproyecto del Ministerio de Transportes previsto para 2028) y usar fondos Next Generation. 

Ante el informe emitido por el Secretario municipal, la Mesa requiere al Ayuntamiento de Sevilla, con su alcalde Antonio Muñoz a la cabeza, a que inicie las medidas correspondientes para conseguir que los terrenos de la Dehesa de Tablada pasen definitivamente a titularidad pública.

La propuesta de esta Mesa es que el dinero de la compra de estos suelos salga del Ayuntamiento y se complemente con otros fondos. Por un lado, con parte de los fondos destinados a compensar el impacto ambiental que va a suponer la construcción del puente de la SE-40 sobre el río entre Dos Hermanas y Coria. Esta idea la han presentado como documento de alegaciones al anteproyecto de puente de la SE-40 para el paso del río.

"Lo que decimos es que una parte los fondos empleados en la evaluación de impacto ambiental sean puestos a disposición de la compra de esos terrenos. La fórmula final es la que se acuerde con el Ayuntamiento de Sevilla de forma conveniada u otra similar. No queremos que se interprete que le pasamos la pelota solo al Ministerio, aunque está claro que el Estado debe estar en la solución", explica su portavoz Curro Oñate.

La segunda propuesta apunta a que los fondos europeos Next Generation puedan usarse para la recuperación, conservación y mejora ambiental de la Dehesa de Tablada, con vistas a la transición ecológica de la ciudad y facilitando recursos para la mejora verde del municipio. 

La Mesa considera estas dos opciones como "distintas formas de complementar los fondos municipales para que su adquisición resulte lo más viable para las arcas públicas de la ciudad".  

Las entidades integrantes de la Mesa Ciudadana por Tablada recuerdan que "en su día Tablada fue considerada como un espacio a preservar aplicando las distintas fórmulas existentes en ese momento y que recogen tanto el PGOU de Sevilla como el POTAUS del área metropolitana".

Añade que "transcurridos casi 25 años y ante la relevancia adquirida por los problemas ambientales en la sociedad, un nuevo conjunto normativo y legislativo aparece como referente para las nuevas acciones a tomar, entre otras, por los propias corporaciones municipales". Estas normas son las siguientes:

• La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (Orden PCM/735/2021)
• La Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía
• La Agenda Urbana 2030
• El Plan Estratégico Sevilla 2030
• La Declaración de Emergencia Climática, etc.

La Mesa señala que estas normas ofrecen "la oportunidad de diseñar e impulsar nuevas acciones en los municipios que incrementen sus recursos verdes y ambientales para mejorar la calidad de vida presente y futura de la población. La Dehesa de Tablada constituye el mejor ejemplo de ello y sólo con su titularidad pública es posible conseguir esos objetivos ambientales y sociales".

Llamamiento a otras administraciones

La Mesa Ciudadana por Tablada hace igualmente un llamamiento a las otras administraciones públicas competentes, Ayuntamientos metropolitanos, Junta de Andalucía y Estado para que acuerden los mecanismos e instrumentos más adecuados para conseguir que la Dehesa de Tablada sea un nuevo recurso, verde y público, de nuestra ciudad.

A fecha de hoy, el Ayuntamiento de Sevilla quiere que Tablada sea un parque metropolitano y que sea la Junta quien se ocupe de ello. En su opinión, "este proceso debe encauzarse a través de la Junta de Andalucía como administración competente".