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Caso Mercasevilla

Torrijos defendió el concurso para evitar un "pelotazo urbanístico" con la venta de los suelos

  • Rechaza cualquier intervención en la elaboración del pliego de condiciones y en la introducción de las cláusulas que según la Fiscalía se incluyeron para favorecer a Sando.

El ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. El ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.

El ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. / Juan Carlos Vázquez

El ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha asegurado este jueves que defendió el concurso público para la enajenación de los suelos de Mercasevilla “y lo volvería a hacer” porque quería evitar un “pelotazo urbanístico”, para no favorecer la especulación inmobiliaria porque el PGOU recogía un 40% de Vivienda de Protección Oficial y la adjudicación directa podría suponer un incremento de hasta el 60% en el precio de las mismas.

En su declaración en el juicio que se sigue por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos, en el que Torrijos se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por un delito de fraude y exacciones ilegales, el ex portavoz municipal de IU ha considerado “falso de toda falsedad” que en los autos aparezca que él defendió la adjudicación directa.

Torrijos, que ha calificado de “proceloso y dilatado” el proceso judicial seguido en esta causa, ha señalado que el secretario del Ayuntamiento informó de que tanto la subasta como el concurso eran legales, pero su opinión “por su trayectoria político-social” era que una empresa pública como Mercasevilla debería establecer una “garantía de no favorecer la especulación inmobiliaria” y evitar los “pelotazos urbanísticos”. Por eso, ha dicho que optó “políticamente” por el concurso, rechazando haber alcanzado un “pacto o combalache” con otros acusados para elegir el procedimiento, y ha descartado que tuviera conocimiento de las cláusulas que se incluyeron en el pliego de condiciones.

Torrijos ha subrayado que no tuvo ninguna duda o sospecha sobre la decisión del concurso público, el pliego de condiciones, la valoración de los técnicos y la adjudicación a Sanma. “Si la llego a tener, no habrían contado ni con mi apoyo ni con mi silencio”, ha afirmado el ex concejal de IU, que ha tildado de “convulsa” la declaración que prestó ante la instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, de la que ha dicho además que no se quedó muy de acuerdo con el acta de su declaración que se redactó.

El fiscal ha preguntado a Torrijos sobre el problema que existía con la empresa Larena 98, propietaria de un derecho de superficie y que había presentado una demanda contra Mercasevilla, y sobre los intereses que pudieron llevar a una empresa como Sanma a subrogarse ese derecho de superficie, solucionando el problema. “Los designios de los empresarios son para mí inescrutables por mi formación ideológica; supongo que por intereses empresariales, no son ONG”, ha ironizado.

Torrijos, que ocupó en Mercasevilla el cargo de vicepresidente segundo, se ha definido como el “socio incómodo, al que dejaban de lado” en la empresa, y ha asegurado que después de pronunciarse a favor del concurso su intervención “desaparece” por completo en el proceso de enajenación de los suelos y en la elaboración del pliego de condiciones.

Torrijos ha añadió que el Pleno del Ayuntamiento votó a favor de la adjudicación a Sanma del concurso y así ha dicho que le daba “seguridad política que todos los grupos estuviesen de acuerdo en la adjudicación”, señalando que hubo un “gran consenso técnico y político en esta operación”.

El ex concejal ha criticado otro de lo que ha llamado “fantasma del procedimiento”, al rechazar que planteara que se introdujeran “cláusulas sociales” en el pliego del concurso, lo que no implica que no estuviera de acuerdo con las mismas, ha dicho.

Sobre los pliegos del concurso, ha asegurado que los técnicos que intervinieron en el mimo le merecen “mucho respeto”, porque eran personas “muy cualificadas e hicieron un buen trabajo”, aunque Torrijos dice que no tiene cualificación para valorar la “bondad o perversión” de las valoraciones de los técnicos, y además en los órganos de la lonja, como la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración, no se hicieron objeciones algunas sobre la “legalidad o ilegalidad” del asunto.

Así, ha llegado a reconocer que “no leyó con detenimiento” los pliegos que se entregaron en las reuniones de la comisión ejecutiva del 8 de noviembre de 2005 y del consejo de administración del 30 de noviembre de ese mismo año, añadiendo que pensaba que en ambas reuniones se aporto “el mismo pliego”, cuando entre uno y otro existían modificaciones relacionadas con las dos cláusulas que según la Fiscalía se introdujeron expresamente para favorecer a Sando.

El ex concejal ha insistido en que “nunca” tuvo contacto con la mesa de contratación, “ni antes ni después” del concurso y ha reconocido que en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 15 de febrero de 2006 –en la que se aprobó el informe de la mesa que proponía la adjudicación a Sanma, la filial de Sando- se informó de que la mesa señalaba que la oferta que “merecía la aprobación era la de Sanma, porque las otras no reunían los requisitos del pliego que se habían publicado en el BOP”.

Torrijos se preguntó cómo si el pliego se había publicado en el BOP y era una operación de envergadura una empresa como Noga, a la que calificó como un “tiburón inmobiliario”, por qué “conscientemente no cumple el pliego” e hizo una oferta de 158 millones, que fue penalizada por la cláusula de limitación al alza, que castigaba las ofertas económicas que excedieran en más de un 10% la media de todas las ofertas. Sando, por su parte, había ofrecido 106 millones, una cifra muy próxima al precio de tasación, que era de 105 millones.

El ex concejal ha afirmado que nadie le informó de que Sanma se iba a hacer con el concurso tras haberse subrogado el derecho de superficie que tenía Larena 98, porque según ha subrayado a su juicio ambas operaciones no estaban relacionadas y “nadie” le informó de que el asunto de Larena estuviera “condicionado a otra operación”.

Según Torrijos, “nadie” le dijo que la cláusula de limitación al alza fuese una concreción de su planteamiento sobre que había de evitarse la especulación en la operación de venta de los suelos.

Sobre el litigio de Larena, Torrijos ha dicho que esta empresa pretendía unas “condiciones leoninas” para resolver su salida de Mercasevilla y cuando apareció una empresa dispuesta a subrogarse ese derecho y que además “coadyuvaría a resolver la situación económica” del mercado, esta solución le produjo una “serenidad” porque parecía “adecuada e idónea a los intereses generales de la sociedad”, dado que resolvía un litigio, un problema para la empresa pública, ha destacado.

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