El Tribunal de Cuentas actúa contra seis ayuntamientos de Sevilla y otras 38 empresas que recibieron ayudas relacionadas con el escándalo de los ERE fraudulentos. Después de haber reclamado a varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía el reintegro de 112,9 millones de euros, el órgano fiscalizador publicó ayer un edicto en el Boletín Oficial del Estado, en el que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas hace públicos los procedimientos de reintegro por alcance que se siguen contra 44 entidades.

En ese listado aparecen, entre otros, los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, Camas, Alcolea del Río y Coria del Río , y entre las 38 empresas destacan Astilleros de Sevilla, Boliden -la multinacional suecocanadiense que explotó la mina de Aznalcóllar donde se produjo el vertido tóxico-, Hijos de Andrés Molina -cuya ayudas se remontan al inicio de la implantación del sistema del pago de los ERE y el convenio marco- o la Faja Pirítica de Huelva, por la que están siendo investigados más de 200 ex mineros por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El órgano fiscalizado da cumplimiento con este anuncio a los acuerdos adoptados en sendas providencias dictadas el 18 de febrero y, en concreto, explica que estas 44 entidades están inmersas en procedimientos de reintegro por alcance, en relación con las "presuntas irregularidades contables por falta de justificación de las cantidades entregadas por la Junta de Andalucía como ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad, inversiones en infraestructura, mantenimiento del empleo y de la capacidad productiva, pago de nóminas, etc. durante los ejercicios 2001 a 2010".

El Tribunal de Cuentas ha hecho público el anuncio con la finalidad de que "los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación" del edicto.

Esto significa que la Sección de Enjuiciamiento ha abierto ahora el plazo para que las empresas afectadas por estos procedimientos o sus representantes legales se personen en las actuaciones y aporten la documentación que estimen oportuna.

A partir de ese momento, una vez realizadas las alegaciones y presentada la documentación en su caso, el órgano fiscalizador podría decidir sobre el archivo del procedimiento o bien que éste continúe y el asunto llegue a juicio.

En febrero de 2015, este tribunal reclamó otros 43 millones de euros a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos investigados en la causa de los ERE, por las ayudas concedidas en su día a 47 empresas y los seis ayuntamientos de la provincia mencionados. En un acta de liquidación, el Tribunal de Cuentas señaló que el "presunto alcance" de estas ayudas ascendía a 48,6 millones, con lo que sumado a los 64,3 millones que se reclaman por las comisiones pagadas en las pólizas de los ERE.

De los 48,6 millones a que asciende el alcance por las ayudas a 47 empresas y seis ayuntamientos, el tribunal responsabilizaba a Javier Guerrero de algo más de 32 millones, cantidad de la que debe hacer frente de manera solidaria con las entidades que recibieron las ayudas, mientras que a Juan Márquez le reclamaba solidariamente más de 11 millones.

Entre las ayudas más destacadas, el Tribunal de Cuentas responsabiliza a Guerrero de las concedidas por importe de 4,8 millones al grupo Pickman; los 4,1 millones a la empresa A Novo Comlink, afincada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga; o los 3,9 concedidos a Promi. También destacan las ayudas concedidas a los Ayuntamientos de Los Palacios, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, Camas, Alcolea del Río y Coria del Río.

En el caso de Juan Márquez, destacan las ayudas por 1,3 millones a Nature Pack; los 656.997 a la cooperativa Virgen del Espino; los 491.918 euros al Hotel La Posada del Moro o los 446.339 euros a la Faja Pirítica de Huelva.

De otro lado, el Tribunal de Cuentas consideró "responsables contables" a otras tantas empresas por las ayudas recibidas, como en el caso de Astilleros de Sevilla, por 1,7 millones; a Boliden, por 492.748,54 euros, o a la Sociedad Cooperativa de Familias Agrarias (SCAFA), por 1,1 millones.