La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) ha denunciado este martes ante la Fiscalía de Sevilla que la organización ha "detectado" que al menos 57 o 58 unidades de escuelas infantiles, educación primaria, educación secundaria y bachillerato de la provincia sufren unas ratio "ilegales" de alumnos por aula, al superar el número de alumnos por clase "lo que la Ley establece", con el consiguiente "riesgo sanitario" ante la propagación del coronavirus.

A las puertas de la Audiencia de Sevilla, los representantes de Ustea han explicado que frente al "ocultismo" de la Consejería de Educación y Deporte respecto a las cifras concretas de la ratio de cada centro educativo, fruto de la información cosechada en los propios colegios, escuelas infantiles e institutos, la organización ha "detectado" que entre 57 y 58 unidades afrontan el nuevo curso escolar con una ratio de alumnos "por encima de lo que la ley establece".

Como consecuencia de estas ratios "ilegales", según han precisado, hay unidades de educación infantil y primaria con hasta 28 alumnos por aula cuando la ratio máxima es de 25; en educación secundaria hay unidades con hasta 33 alumnos cuando la ratio está fijada en 30 y en bachillerato hay unidades de 38 estudiantes frente a una ratio máxima de 35. Se trata, además y siempre según Ustea, de "unidades planificadas" expresamente así, no fruto de "situaciones sobrevenidas" por la incorporación inesperada de alumnos.

Los responsables de Ustea auguran que "hay más" centros afectados por las ratio "ilegales" en sus aulas. Precisan, incluso, que hay centros que sufren esta situación en "nueve" de sus unidades educativas.

"Esta situación la llevamos arrastrando los últimos años y el curso pasado ya hicimos varias denuncias ante la Delegación territorial de Educación, pese a lo cual, la Administración educativa ha suprimido unidades otra vez bajo la premisa de la bajada demográfica, lo que ha propiciado de nuevo un exceso en las ratios", advierte el sindicato.

Tal coyuntura, según Ustea, implica un "riesgo sanitario" para las comunidades educativas, al dificultar el cumplimiento de la distancia de seguridad entre personas en las aulas, aspecto expresamente incluido en la denuncia elevada a la Fiscalía, a la que se reclama que "investigue" esta situación.