Unas cuatro viviendas pertenecientes a la comunidad de propietarios del número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán de Sevilla, donde la madrugada del pasado 17 de julio un sujeto de 67 años intentó hacer volar el edificio con siete bombonas de gas butano y líquido inflamable, entre otros artilugios, han sido reocupadas por sus habitantes a pesar de que, a día de hoy, no se cumplen las condiciones de habitabilidad en el edificio.

El administrador de fincas que gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del propio bloque, José Enrique Algaba, indicó que el proceso de reparación de los daños causados es "satisfactorio" en lo que respecta a los ámbitos de albañilería, fontanería y electricidad, lo que ha propiciado que las viviendas cuenten ya, desde hace unas dos semanas, con suministro de luz y agua.

No obstante, la instalación de los ascensores, requisito necesario para otorgar la cualidad de habitabilidad en un edificio dadas las dificultades de los propietarios de las plantas más altas en acceder, aún no se ha producido, estando previsto el término de esta operación para el próximo 15 de octubre, "en unos plazos que no se pueden acortar por el cierre por vacaciones de las empresas implicadas".

Sin embargo, hay inquilinos que "no pueden seguir pagándose un alojamiento", por lo que la "única" solución que han visto, según relató Algaba, es volver a sus viviendas "de manera casi obligada". Por ello, hace una semana pudo observarse como los primeros inquilinos, "sobre todo de las plantas bajas", retornaban al inmueble siniestrado.

De otro lado, el administrador resaltó que el conjunto de 82 propietarios está siendo entrevistado "uno por uno" con la finalidad de personarse en la causa individualmente, después de que la comunidad de vecinos consumase su personación en la causa.

Algaba afirmó que el objetivo por el cual se están llevando a cabo estas entrevistas a los vecinos del bloque siniestrado es la evaluación propia de cada piso, la cuantificación de los daños y las lesiones de la estructura de los pisos, además de una concentración para reclamar los estropicios pertinentes. 

Asimismo, el administrador trabaja en el diseño de una estrategia común con los vecinos contra el acusado, actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos --el cual engloba los daños y el incendio--, y once presuntos delitos de incendio en grado de tentativa, dentro de cual, valorarán si solicitar una nueva declaración del imputado para "ejercitar las acciones penales pertinentes".