Un torpedo en el hasta ahora cimiento más sólido de la era Zoido, un periodo de cuatro años de balance inmaterial donde el principal brillo era generado por la gestión de la Hacienda local. El informe de la Intervención General del Ayuntamiento sobre la liquidación del presupuesto de 2014 -último año completo del PP al frente del gobierno de la ciudad- revela que se cerró el pasado ejercicio con casi 500 millones de euros sin cobrar en impuestos, de los que 150 millones de euros son calificados de "dudoso cobro", lo que pone seriamente en jaque la política de recaudación de la Agencia Tributaria de Sevilla de los últimos cuatro años, amén de comprometer los gastos que estuvieran vinculados a esos ingresos previstos. Si no se recauda lo previsto, no se puede invertir en lo prometido.

El mismo informe de Intervención revela detalles que cuestionan los criterios de elaboración de los presupuestos. La Hacienda local de entonces, dirigida por la concejal Asunción Fley, que concurrió a las pasadas elecciones como número dos en la lista del PP, no suprimió de las partidas de ingresos los 4,1 millones de euros que el Ayuntamiento se debía a sí mismo en concepto de varios tributos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de sus propios edificios, o el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondientes a los vehículos de su parque móvil. Intervención recuerda que esa cifra de ingresos no debía haberse registrado, ya que debió cancelarse al tratarse de "valores que corresponden a la carga impositiva del propio Ayuntamiento y que son objeto de cancelación por confusión de derechos de acreedor y deudor".

El dato más llamativo, sin duda, es el de los impuestos que el Ayuntamiento no ha podido recaudar: 480.476.833 euros que debían estar en la caja de la Hacienda local. De este monto, 38,5 millones se debieron cobran en 2011; 44,5 millones en 2012, 58,5 millones en 2013 y 187,8 millones en 2014. Respecto de años anteriores al gobierno de Zoido, el informe de Intervención revela que hay pendientes de cobro 32,5 millones de 2010, 27,3 millones de 2009 y hasta 91,4 millones anteriores a este último año. Intervención refiere que a mayor antigüedad del crédito pendiente de cobro, mayor "pérdida de la calidad del mismo", e insta a la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración  Local, que fija los criterios para establecer cuándo se considera un crédito de "difícil o imposible recaudación" y, por lo tanto, los ayuntamientos no deben inflar los ingresos computando deudas a sabiendas de las escasa probabilidad de ser cobradas.

Al margen del informe de la Intervención General, el análisis del presupuesto de 2015 revela una práctica que hasta ahora había pasado desapercibida: los ingresos están inflados al haberse duplicado una partida de 15,3 millones de euros correspondientes a la aportación que hace el Estado para compensar a las administraciones locales tras la reforma del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El Ministerio de Hacienda comunicó en su día que al Ayuntamiento de Sevilla corresponden 279 millones en 2015 en concepto de Participación en Ingresos del Estado (PIE), una cantidad que, efectivamente, aparece reflejada en el presupuesto vigente.  En el Capítulo I de las mismas cuentas figuran anunciados ingresos por 40 millones de euros en concepto del IAE. El total de la PIE  se desglosa en el presupuesto de ingresos a lo largo de los doce meses en cantidades similares y un pago final de ajuste. Ocurre que en el desglose mensual de la aportación estatal aparecen dos partidas del IAE que suman 1,2 millones de euros, lo que supone un ingreso de 15,3 millones al año que no han sido descontados de los 279 millones del total. Fuentes consultadas al respecto alertan de que esta práctica también se siguió en la confección del presupuesto anterior, el de 2014. No encuentran otra explicación que la de un intento de "maquillar, inflar" los ingresos. 

Entre las deudas propias que no eran canceladas y la duplicidad en partidas del IAE, el presupuesto era "irreal" y contenía "trampas", según expertos en la materia consultados por este periódico.

 Estas prácticas a la hora de elaborar el presupuesto de 2015 permitían la obtención de un superávit que, ya en el plano estrictamente político, ha sido tildado de "ficticio" en más de una ocasión. De hecho, el hoy alcalde, Juan Espadas, centró buena parte de su campaña electoral en denunciar que no había "milagro financiero de Zoido", al que acusó de acabar el mandato con la deuda aumentada en 43 millones. Los socialistas siempre han criticado que la clave del ahorro obtenido por Zoido sólo radicaba en no cubrir las 800 vacantes del Ayuntamiento, no ejecutar las inversiones y camuflar todo lo posible el agujero económico de un organismo autónomo como la Gerencia de Urbanismo, que el PP siempre reconoció que estaba en "números rojos". 

El PP defendió, sobre todo en la segunda mitad de su mandato, que podía bajar impuestos como el IBI gracias a la mejora de la recaudación mediante medidas especiales en la gestión contra los morosos. En ese plan se incluyó la actualización al alza del IBI de los grandes edificios de acuerdo con el catastro, la personación del Ayuntamiento en los concursos de acreedores y la ejecución de embargos con ayuda de la Dirección General de Tráfico. El Ayuntamiento buscó, en general, convenios de colaboración con todas aquellas entidades que podían ser útiles a la hora de cobrarse los impuestos: la oficina del catastro, la oficina del padrón municipal, la Policía Local, los notarios, la Gerencia de Urbanismo, la Dirección General de Tráfico, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Diputación Provincial. Pero el cierre de 2014 dejó en casi 500 millones la cifra de tributos aún no cobrados.