Dos acusados del robo de la droga piden que se impute al ex delegado del Gobierno

El presunto cómplice del policía acusado de robar más de 154 kilos de droga de la Jefatura Superior de Sevilla ha pedido que se impute a toda la cúpula policial y a quien era delegado del Gobierno en Andalucía cuando se produjeron los hechos. En el recurso al auto de procesamiento de la juez de Instrucción 19 de Sevilla, Ana Escribano, la defensa de Manuel A. N. y su pareja, Violeta S. G., que ejerce el abogado Marcos García Montes, considera que existe una responsabilidad "expresa y palmaria" del jefe superior de la Policía y del delegado del Gobierno porque en los calabozos en los que se almacenaba la droga intervenida no existían las "más elementales medidas de seguridad" ni "control alguno" sobre los funcionarios que solicitaban las llaves de los mismos.

El letrado se remite a una sentencia del Supremo de un caso parecido en el que el Alto Tribunal asevera "que el Estado tiene una responsabilidad en el quebrantamiento del depósito y custodia de la más importante prueba de convicción". García Montes considera que el "hecho más grave es que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía reconocieron expresamente el funcionamiento y el estado de los calabozos donde se almacenaban los alijos y en ningún caso han sido procesados por comisión por imprudencia grave".

Por tanto, el abogado considera que debería imputarse al ex jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra, y al ex delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón.

El recurso elaborado por el abogado del presunto cómplice del policía Lars Sepúlveda Madsen, a quien se considera autor de los robos de 154 kilos de heroína y cocaína, pide la puesta en libertad de su cliente y lo considera un "mero títere" que no tenía capacidad para distribuir ni robar la droga. Para la defensa, ni Manuel A. N. ni Violeta S. G. "sustrajeron ningún alijo de la comisaría", ya que quien presuntamente lo hizo fue Lars Sepúlveda valiéndose de su condición de policía. El abogado sí admite que Manuel A. N. "confeccionó unos paquetes", pero que lo hizo "sin tener conocimiento del destino de los mismos". Prueba de ello es, según García Montes, que los paquetes que sustituyeron a los estupefacientes no se correspondían en las cantidades con los originales.

Al no conocer cuál era la finalidad de los paquetes que "elaboró junto con Lars Sepúlveda", el letrado que defiende a Manuel A. N. cree que su cliente sólo podría ser acusado de un delito de falsificación y nunca de tráfico de drogas, ya que la juez no fundamenta en su auto cómo se vendieron los estupefacientes robados ni cuándo ni dónde se realizaron estas ventas.

Para el abogado, la pareja del presunto cómplice, Violeta S. G., no tiene ninguna responsabilidad penal en estos hechos y explica que apareció su perfil genético en los paquetes con los que sustituyó la droga porque los había elaborado su pareja en la cocina de su casa de Alcalá del Río. En algunos paquetes no había restos de Violeta porque se prepararon en otro domicilio.

El recurso también critica a la juez instructora por tener en cuenta el testimonio de la testigo protegido sólo cuando ésta dijo que Violeta le había confesado que "Lolo había hecho lo de Sevilla" y no cuando sostuvo que "el cerebro de la trama era la esposa de Lars Sepúlveda".