Último aviso para que pague la deuda. El juzgado de Primera Instancia número 16 de Sevilla ha instado al comunicador Jesús Quintero a pagar la deuda que tiene con los propietarios de su teatro, situado en la calle Cuna. El plazo dado por el juzgado, de cinco días, acaba este mismo miércoles, según informó este martes a este periódico Jorge Díaz del Río, abogado que representa a Inversiones Frois Lissen, propietarios del inmueble. La deuda contraída por Quintero sería superior al medio millón de euros, según los demandantes, una cantidad que el abogado del periodista, Emilio Moeckel, rebaja hasta los 427.000, cifra que se estimó en el juicio celebrado en junio de este año. Entonces, la juez dio la razón a los propietarios e instó a Quintero a abandonar el teatro que ocupa desde finales del año 2006.

De no satisfacer el pago de la deuda, la sentencia del mes de junio sería firme y se ejecutaría el lanzamiento. El abogado Díaz del Río explicó a este periódico que, en cualquier caso, la intención de los propietarios siempre ha sido la de llegar a un acuerdo: "Es lo que llevamos intentando dos años, pero no quieren. Nuestra intención era ver qué renta podría pagarnos y que nos garantizara lo que debe". El abogado afirmó que Quintero nunca pagó bien las mensualidades de 20.000 euros que ahora se le acumulan.

Por su parte, el abogado Emilio Moeckel, que representa a Jesús Quintero, apuntó que este requerimiento va a ser recurrido, lo que supone que la resolución no se ejecutará hasta que la juez resuelva este recurso. De la misma forma, afirmó que la sentencia que ordenó el desahucio también está recurrida en apelación y además, continuó Moeckel, hay otros dos recursos de reposición pendientes de resolver por parte del juzgado. Según el letrado, habría incluso un posible acuerdo con la propietaria para evitar que continúe el pleito y renunciar al recurso de apelación contra el desahucio.

El abogado insistió en que han negociado con los dueños y añadió que incluso tendrían cerrado un acuerdo para continuar con el alquiler, por el que se abona una renta de 15.000 euros cada dos meses. El letrado de Quintero criticó que en el juicio no se admitiera la realización de una prueba pericial caligráfica para determinar si la firma en cuestión era del periodistas, y lamentó que la juez admitiera en cambio la declaración de un testigo propuesto por el demandante que era un "contable que llevaba más de 30 años" trabajando para ellos.