La juez de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, ha archivado la denuncia contra el presidente del Sevilla, José Castro, por el uso de la cuenta que tiene en el club y por la adquisición de varios paquetes de acciones, hechos en los que la magistrada no aprecia delitos de administración desleal ni falsedad documental.

La magistrada ha dictado un auto en el que concluye que del resultado de las diligencias practicadas no existen indicios de la existencia del delito de administración desleal, ante la "ausencia de perjuicio para el Sevilla Fútbol Club, tal y como reconocen los directivos del club" y el propio accionista denunciante, Agustín Martínez Becerra, precisa el auto de archivo, al que ha tenido acceso este periódico.

La instructora acuerda el archivo, "sin perjuicio de que se remita testimonios oportunos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) respecto a los ingresos obtenidos por el investigado y la ausencia de su conocimiento por la AEAT aunque sin con reflejo en las cuentas del club y conocidas por el Consejo de Administración y Junta de accionistas", tal y como había solicitado la Fiscalía de Sevilla.

Dice la juez que de las diligencias de instrucción se desprende que el Sevilla "ha tenido conocimiento de tal cuenta por el investigado y por otros miembros de Consejo de Administración, y la ha controlado en cuanto a su volumen y movimientos, y ha tenido su reflejo en el plan General Contable de la sociedad, todo ello, sin perjuicio, de que el uso de la misma, en tal periodo de 2013 a 2017, deba ser conocida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)", tal y como pidió la Fiscalía en su informe en el que solicitaba el sobreseimiento provisional.La cuenta de la que ha dispuesto Castro, prosigue la juez, existe desde el año 1998, tal y como reconoce el propio presidente y los testigos, directivos del club, hasta el año 2017, "cuenta de cargo y/o débito que, ha tenido su reflejo en el libro mayor de la sociedad , tal y como consta en la documental aportada, y por tanto ha sido conocida su existencia, su volumen y disposiciones dinerarias efectuadas, por los miembros del Consejo de Administración Club, Junta General de accionistas y por tanto consentida por tal Club".

La cuenta "no ha sido regulada en cuanto a su límite máximo de disposición dineraria", ni sobre el destino concreto de las cantidades que se disponían, ni el plazo de su devolución por el titular de la misma, por norma alguna o acuerdo del Consejo de Administración, hasta el de 15 de septiembre de 2017, que es cuando por acuerdo del Consejo de Administración, se ha concretado el límite del crédito de los titulares de ese tipo de cuentas y del plazo de devolución, el cual se ha fijado en una cuantía de 3.000 euros y con la obligación de su devolución en el plazo de un año. La juez destaca que dicha cuenta, como la que tuvieron otros miembros del Consejo de Administración, estuvo en principio destinada para "financiar al club y posteriormente para uso de los miembros del consejo", y aunque la juez comparte de que algunas de las disposiciones fueron "ajenas a la propia actividad deportiva del club", cierto es que "en el momento en que se ha pedido la devolución de las cantidades de la que dispuso el investigado en el periodo de 2013 a 2017, éste ha procedido a su reintegro, no sufriendo la sociedad perjuicio alguno", asevera el auto de archivo.

Respecto al delito de falsedad documental, la juez considera que no concurren los elementos objetivos y subjetivos que establece el Código Penal. Así, señala sobre la compra de un primer paquete que aunque "pueda considerarse que existió una irregularidad administrativa, en aras a su reflejo en el libro de acciones", tal y como declaró un empleado del club que afirmó que Castro firmó en nombre de un fallecido, no tuvo "ninguna consecuencia" para los vendedores, "pues no se hizo valer tal titularidad en acto público o negocio mercantil frente a tercero" y en todo caso se trataría de una "irregularidad administrativa realizada por el investigado, tendente a suplir las deficiencias documentales en la compra de esas acciones, para lograr su anotación en los libros oportunos, pero irrelevante penalmente por tratarse de una falsedad inocua, pues no tuvieron eficiencia alguna en el club, no hubo ninguna junta de accionistas en la que hacerlas valer y los titulares de las mismas reconocen su venta".

La Fiscalía de Sevilla había pedido el archivo porque consideraba que la cuenta que José Castro tiene en el Sevilla está "regulada legalmente, es conocida y está controlada" por el club.

La Fiscalía de Sevilla denunció a Castro porque entendía que había dispuesto "en su propio beneficio" de diversas cantidades de dinero de la cuenta del club por un importe global de 118.629,12 euros, cantidad en la que se incluían una transferencia de 50.000 euros a una sociedad de la que el presidente es el gerente y gastos por viajes de "tipo personal" realizados a Santo Domingo.

Sin embargo, tras analizar todo lo instruido, la Fiscalía llegó a la conclusión de que en los hechos investigados no hay ninguna infracción penal, por cuanto se tata de una cuenta "regulada legalmente, conocida y controlada por la sociedad, teniendo ese tipo de cuentas todos los miembros del Consejo de Administración, y siendo así que los actos de disposición que se realizan con cargo a las mismas están guiados desde su inicio por la necesaria devolución".

La Fiscalía recuerda que ese control por parte de los socios se puso de manifiesto por el director administrativo del club, Francisco Javier Cano Navas, en su declaración, quien añadió que la cuenta de la que era titular José Castro, "en algunas ocasiones había arrojado un saldo positivo para él mismo, reintegrándoselo con posterioridad la sociedad, cantidad que el director general y secretario del Consejo de Administración, José María Cruz Andrés, fijaba entre los años 1998 y 2005 en torno a los 600.000 euros, precisando éste también que Castro había avalado algunas operaciones del club y que, como todos los miembros del Consejo de Administración, su responsabilidad económica era solidaria con la entidad deportiva".

Además, cada tres meses, se enviaba un extracto de la misma al titular para que manifestara su conformidad o reseñara si había alguna "anotación errónea y, si por la cuantía dispuesta se estimaba que existía algún riesgo en su devolución", se daba cuenta a la Comisión de Auditoría del club y se provisionaban esas cuentas con fondos del club, "sin que nunca se haya apreciado ese riesgo ni se haya efectuado esa provisión", agrega la acusación pública.

Para la Fiscalía, también consta certificación de la Junta General de Accionistas de 11 de diciembre de 2017 en la que se aprueba una retribución para los miembros del Consejo de Administración de 500.000 euros anuales, lo que "respalda la versión del investigado de que, en espera de esa remuneración que se estaba negociando, no canceló antes el débito de su cuenta para realizar posteriormente una compensación".En abril pasado, el presidente del Sevilla, José Castro, ya pidió a la juez Cristina Loma el archivo de la denuncia, en un escrito en el que acompañaba el informe de un juez especialista en derecho mercantil que concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de delitos de administración desleal o apropiación indebida, por cuanto no se ha acreditado ningún perjuicio a una entidad que factura más de 100 millones al año y con unos beneficios de 30 millones.

La tesis que sostenía la defensa para solicitar el archivo, ahora avalada por la instructora, parte de que el uso que el presidente del Sevilla dio a esta cuenta del club entra dentro de la normalidad y no se ha generado ningún perjuicio al Sevilla, recordando que regularizó la situación y saldó la deuda que había tenido con la entidad.

La defensa entendía que la denuncia fue utilizada en una junta de accionistas del club para atacar a Castro, en concreto, por la familia del ex presidente José María del Nido, que mantiene un importante paquete de acciones.

La defensa llamó la atención sobre el hecho de que la documentación que aportó el hijo de José María del Nido es la misma que luego figura en la denuncia que presentó el abogado Agustín Martínez ante la Fiscalía de Sevilla, que dio lugar a la apertura de unas diligencias de investigación que concluyeron con la presentación en los juzgados de una denuncia contra el presidente del Sevilla por delitos de apropiación indebida y falsedad documental.