Las cuatro asociaciones con representación en la carrera judicial (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) hicieron ayer un llamamiento a todos los jueces para que protesten por la decisión del Ministerio de Justicia de mantener la congelación de sus salarios.

Las asociaciones, en un comunicado conjunto, "sugieren" a los jueces que a partir de ahora se limiten a cumplir el cien por cien de los módulos de trabajo fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El llamamiento de las asociaciones, de ser secundado de forma mayoritaria por los magistrados, agravaría la situación próxima al colapso que padecen ya determinados órdenes jurisdiccionales en Sevilla, como el Contencioso-Administrativo, cuyos jueces tramitaron el pasado año 1.569 asuntos, mientras que los módulos aconsejan que no se superen los 600 asuntos anuales. Esto supone un desvío del 161 por ciento sobre la tasa que se estima como adecuada.

Los motivos que han llevado a las asociaciones a solicitar esta respuesta de los jueces son de índole estrictamente económico, por cuanto denuncian que tras haber recibido la nómina correspondiente al mes de enero, han comprobado que el poder adquisitivo de los magistrados ha descendido "un año más como consecuencia de la inflación, superior al 4 por ciento, y de la congelación salarial sufrida por la imposición del Ministerio de Justicia". Las asociaciones critican que frente a estas "justas reivindicaciones", el Ministerio ha buscado "fórmulas para dejarles de lado y hacerles de peor condición que el resto de los servidores públicos".

Las cuatro organizaciones judiciales denuncian "el incumplimiento" de la promesa que realizó el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, en la reunión mantenida el 27 de noviembre de 2007, en el sentido de que se eliminaría la congelación salarial prevista para los dos próximos años. "El Ministerio de Justicia no sólo no ha reconocido el enorme esfuerzo que, por responsabilidad y ánimo de servicio público, la carrera judicial viene tradicionalmente realizando para paliar graves deficiencias estructurales, sino que nos agravia no aplicándonos sin justificación alguna las mejoras que han aplicado en los últimos años a la función pública: aumento de vacaciones, pagas extras completas, o retribución de las sustituciones", asevera.

Las asociaciones aportan algunas cifras sobre la sobrecarga de trabajo de la Justicia española, donde unos 1.200 magistrados "superan el 120 por ciento del módulo máximo de trabajo establecido y otros tantos el cien por cien". La saturación afecta al 60 por ciento de los magistrados, que superan el máximo rendimiento a cambio de una "compensación ridícula".

Las organizaciones denuncian que los jueces no están dispuestos a "suplir eternamente" con su esfuerzo las deficiencias estructurales que padece la Justicia, especialmente en lo que se refiere al número de jueces, y cuya solución "no se abordará decididamente por el Gobierno en tanto continúen supliéndolas con un esfuerzo no recompensado".