La limpieza viaria es uno de los servicios básicos que deben prestar los ayuntamientos y con el que los vecinos son más exigentes. Los municipios gastan ingentes cantidades de dinero en ello y si el resultado no es solvente siempre es motivo de queja. Pero hay un problema que, pese a los esfuerzos y campañas, no se logra resolver: el de las heces de perros en las calles, que crece a la par que la tenencia de mascotas. Un reciente estudio del Ayuntamiento de Málaga cifraba, por ejemplo, en 6,5 millones el coste anual de la limpieza de estos restos, que calcula en función de los 100.000 perros censados en la ciudad y en lo que puede depositar cada uno.

En este contexto, varios ayuntamientos de Sevilla están decididos -como lo ha hecho ya la capital de la Costa del Sol, en un trámite que está previsto que culmine en los próximos meses- a aprobar ordenanzas sobre tenencia de animales o a modificar las que tienen para incorporar la posibilidad de que los dueños que no recogen las heces puedan ser sancionados, identificando a qué animal pertenecen con una prueba de ADN. Ello obliga a que, de forma previa, todos los propietarios deban identificar a sus canes con un análisis de sangre para crear banco de datos con los genotipos. Es un sistema del que se viene hablando desde hace tiempo -ya en 2004, Alberto Ruiz-Gallardón quiso intentarlo en Madrid, pero lo descartó por ser costoso- aunque muchos siguen cuestionando su eficacia. Los resultados allí donde ha arrancado sólo se podrán calibrar en un tiempo. Eso sí, sólo la creación del banco de ADN y el anuncio de las primeras recogidas de heces con posibilidad de sanciones han supuesto ya una drástica reducción de los excrementos en la calle en los municipios en los que el sistema ha arrancado. Es el caso de Mislata (44.000 habitantes, en Valencia) o Meco (13.000, en Madrid). El efecto disuasorio parece que sí se logra inicialmente.

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó en 2015 impulsar una norma y aún está en estudio

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó en noviembre de 2015 una moción de C's para impulsar una ordenanza en esta línea, aunque IU y Participa Sevilla rechazaron algunos de los aspectos de la misma y el PSOE se abstuvo. Fuentes del gobierno socialista confirman que, en tanto que se trata de un "mandato del Pleno", la posibilidad de crear una ordenanza de este tipo no se ha descartado, está "en fase de estudio", analizando las "posibilidades, eficacia y costes" que tendría y si éstos se puede asumir en este momento o si se podría hacer alguna prueba piloto. Pero también admiten serias dudas sobre el sistema.

Sí lo tienen en tramitación otros ayuntamientos del Aljarafe, como el de Mairena, en donde sólo falta que se resuelva una alegación y podría recibir el visto bueno del Pleno de forma definitiva el mes de abril. También tiene una ordenanza avanzada San Juan de Aznalfarache, donde los presupuestos municipales que se acaban de aprobar incluyen una partida de 24.000 euros para arrancar con el banco de ADN, que costeará el Ayuntamiento en una primera fase. Y preparan ordenanzas Coria y, ya en la Vega, Lora del Río.

En la provincia de Sevilla, la pionera en tenerla fue Lebrija, aunque pudo más el rechazo que generó entre los propietarios de mascotas -hubo una sonora protesta ante el Ayuntamiento- que la voluntad municipal y no se ha puesto en marcha. Muchos ven en ello afán recaudatorio, un "negocio", según denunciaron, para la empresa que se contrata para hacer el banco de ADN -cada análisis cuesta entre 33 y 36 euros- y la pruebas posteriores. Aunque la limpieza de las heces también tiene ahora un coste de fondos públicos, que no se cuestiona.

La empresa Newbiotechnic ha sido de las primeras en España en ofrecer estos servicios a los municipios, a través de su marca comercial ADN Perros, y tiene sede en Sevilla. Los responsables de ésta dicen entender las dudas sobre un sistema que es relativamente nuevo. Pero están convencidos de que, al margen del fin comercial que persiguen en su caso, las pruebas para determinar el genotipo del animal se terminarán generalizando, como ocurrió con la identificación con microchip. Es también una forma eficaz de luchar contra el abandono animal -permiten identificar incluso a los cachorros, las camadas de perros que se abandonan con frecuencia, y muchas de las ordenanzas que se están aprobando también incorporan el censo de ADN desde ese punto de vista-; y contra los robos, dado a que a los perros muchas veces se les rasga el cuello para quitarles el microchip. ¿Por qué no puede ser también una herramienta para aliviar un problema ciudadano, que motiva muchas quejas?, ¿por qué no puede servir para mejorar el "bienestar social"?, se pregunta el equipo, que defiende que los propietarios que ya recogen esas heces son los que menos se resisten a la aplicación.

Enrique Perigüell, responsable comercial de la firma y que impulsó esta iniciativa tras haber sido ser edil de Medio Ambiente en su pueblo, cree que el proceso es similar al que se produjo con el cinturón de seguridad en los coches, cuyo uso no se generalizó hasta que llegaron las sanciones. Recuerda también que, además de ADN Perros, en España hay al menos otras dos empresas que trabajan y ofrecen servicios en la misma línea. Son sendas spin-off de las facultades de veterinaria de Barcelona y Zaragoza, subraya, frente a la posición que sobre estas ordenanzas que permiten el análisis de ADN de las heces han mantenido algunos colegios oficiales de veterinarios, como el Consejo Andaluz, que están a favor del uso del genotipo con fines científicos y para el bienestar animal, pero dudan del mismo si es para sancionar.

El sistema por el que están apostando estos ayuntamientos consta de dos fases. Una vez que hay una ordenanza en vigor, se debe sacar una licitación para contratar a empresa que realice los censos de ADN, que todavía son pocas. Normalmente son contratos de dos años porrogables por otros dos. Para esta fase, se suele dar un plazo de entre tres y cuatro meses a los propietarios de perros. A los animales se les toma una muestra de sangre y los resultados se introducen en un registro que es propiedad del ayuntamiento. En varios municipios en los que ya se ha hecho, la Administración local ha financiado total o parcialmente estos análisis en la primera fase. En el caso de Mislata, en Valencia, donde lo siguen haciendo si se trata de adopciones de animales.

La segunda fase consta de dos aspectos: los controles rutinarios a propietarios de mascotas para ver si están en el registro de ADN, con posibles sanciones si no es así, y la recogida e identificación de heces. ADN Perros explica que hay unos protocolos claros. La recogida puede hacerla un operario de limpieza con una formación que le da la empresa, pero acompañado de un funcionario "con capacidad de inspección" -un técnico de medio ambiente o un policía local- que levante acta para que pueda dar lugar a sanción.

Uno de los aspectos que suscitan más dudas y que ha manifestado el propio Consejo de Colegios de Veterinarios de Andalucía es la forma en la que se recogen esas heces y cómo se garantiza la cadena de custodia sin que se produzca la contaminación de muestras. Desde ADN Perros insisten en que hay protocolos y que, ante la mínima duda, se descarta. Cuando se emite una identificación es porque hay un 99,8% de certeza con que se corresponde con ese animal. En cualquier caso, el rodaje en los municipios en los que se está aplicando es corto, apenas se ha arrancado con los expedientes sancionadores y, menos, con posibles recursos judiciales. "Es el futuro", se trata de aplicar "los avances para solucionar problemas de las ciudades", insisten en ADN Perros.