UNO de los argumentos recurrentes de los defensores de la “necesidad” de edificar el Canal de la Expo es la imposibilidad de “tomar un café o una cerveza” en el recinto. Parecería que el ciento por ciento de las empresas instaladas son tecnológicas tan puras que no quedan huecos para otros usos. Nada más lejos de la realidad.
Según la página web del propio Parque son 538 las empresas radicadas en él y, tras analizar la relación de las mismas la conclusión que se obtiene es la contraria a esa primera impresión porque, a mi entender, no todas ellas merecen el calificativo de “tecnológicas”, sino tan solo, aproximadamente, un 40 %. El resto lo componen despachos profesionales, oficinas de servicios, comercios, numerosos negocios de hostelería y restauración, locales de ocio varios, consultorios médicos, numerosas oficinas de la Administración pública, farmacias, agencia de viajes, copisterías, y un sinnúmero de actividades que nada tiene que ver con el I+D+I (esto es, Investigación, Desarrollo e Innovación) que es el requisito primordial que debe caracterizar un verdadero parque tecnológico. Incluso, con tal de engrosar la nómina, se están contabilizando como empresas tecnológicas hasta el propio Parque forestal del Alamillo, el Parque Acuático Isla Mágica y hasta un Palacio Andaluz cuyos aspectos “tecnológicos” no imaginamos.
La página web del Parque clasifica las distintas empresas en 28 grandes grupos. De los que, a primera vista, podemos considerar como más específicamente tecnológicos, serían los denominados “Aeronáutico” (2 empresas), “Agroalimentación y Biotecnología” (17), “Centros de Investigación y Desarrollo” (16), “Servicios Avanzados para la Innovación” (15) o Telecomunicaciones e Informática (89). Por el contrario, difícilmente podemos considerar, en principio, empresas de I + D + I las incluidas en los epígrafes “Asesorías Empresariales” (41) integrada fundamentalmente por bufetes, o el de “Ingeniería” (61), compuesto en su mayoría por estudios de arquitectura o ingeniería o, evidentemente, los de “Hostelería y Restauración” (38), de “Ocio, Cultura y Deporte” (23), o el que se ha denominado “Servicios Diversos” (36), especie de “cajón de sastre” donde lo mismo se incluye una oficina bancaria, una residencia de estudiantes, una empresa de limpieza, varias tiendas de ropa, una guardería, una empresa de transportes blindados que la consulta de un logopeda o un dentista. Todos estos usos, de oficinas, comercios, hostelería, recreativos, etc. resultan muy necesarios en las ciudades, pero que forman parte de las actividades terciarias y, como tal, aparecen englobados en el artículo 6.5.1 del Plan General, en su capítulo V. “Usos Terciarios” y que están excluidos de la calificación “Servicios Avanzados”, que es la predominante en el recinto, y que está destinada a “acoger actividades basadas fundamentalmente en nuevas tecnologías” (art. 12.11.1 PGOU).
En consecuencia, ha de quedar claro que, por tanto, no es necesario recalificar el Canal de la Expo para disponer de algunos terciarios porque estos ya se encuentran sobradamente instalados, y funcionando en el recinto del Parque. Por ejemplo, para “tomar un café o una cerveza” ya se disponen de 38 bares y restaurantes en la Cartuja.
¿Quién promueve sacrificar uno de los espacios más bellos de la Expo 92 con argumentos tan absurdos? La Junta de Andalucía, que es la dueña absoluta de la Cartuja, no solo porque es la propietaria de la práctica totalidad de los suelos, sino porque también detenta la máxima autoridad autonómica para decidir sobre sus usos y destinos. Esta “soberanía”, por otra parte, no se ha traducido en las necesarias inversiones que el recinto lleva requiriendo desde hace más de treinta años: los Jardines del Guadalquivir y, precisamente, el Canal de la Expo son ejemplos de abandono y desinterés. Mal estado que ahora, precisamente, se argumenta para recalificar los terrenos, vieja y conocida táctica especulativa la de dejar degradar unos espacios para “justificar” su recalificación. Pero en esta ocasión la iniciativa autonómica no proviene, como sería lógico, de la consejería competente en temas urbanísticos y medioambientales, la de Fomento y Articulación del Territorio, sino que, por el contrario, es la consejería de Economía y Hacienda la promotora, con lo que resulta evidente el interés exclusivamente económico de la operación. Tan poco interesan aquellos aspectos que, incluso, se deja la ordenación futura de la zona en manos del comprador.
En varias ocasiones, la Junta ha sacado estos terrenos a la venta en pública subasta y esta que ha quedado desierta, bien porque no había empresas tecnológicas interesadas, o porque las que sí lo estaban, eran para dedicarlos a otros usos distintos, como de hostelería u ocio, lo que chocaba con la calificación urbanística vigente. Para que la venta sea lo más rápida y lucrativa posible es necesario recalificar el suelo del Canal, modificando el Plan General. Y para eso hay que contar con el Ayuntamiento. Pero este no debe limitarse a asentir con todo lo que “desde arriba” se le plantea, sino que ha de defender siempre los intereses generales de la ciudad, frente a los de aquellos propietarios contrarios a ellos, sean estos agentes privados o administraciones públicas. Por ello, ante una solicitud de recalificación que supone un beneficio económico al solicitante, corresponde reclamar, como mínimo, por parte del Ayuntamiento, una contraprestación. Y esa contraprestación no puede ser otra que exigir la recuperación del Canal de la Expo, con su lámina de agua discurriendo bajo los puentes. Esto es, llevando a la práctica lo manifestado por el alcalde: “Yo garantizo que no vamos a desprendernos de ni un solo elemento que recuerde lo que fue la Exposición Universal de 1992”. Ésta es una ocasión inmejorable para demostrarlo.
Una última reflexión. Este ejemplo de intervención urbana de la Junta de Andalucía, en el que se han ignorado los condicionantes urbanísticos y medioambientales, mientras se priman los exclusivamente económicas ¿es el modelo que se piensa seguir con los restantes (e importantes: más de 100.000 m2 de superficie) terrenos de su propiedad en la Cartuja? Entre ellos están los 94.811 m2 de la Bancada Oeste, límite y fachada occidental de la ciudad, que mira hacia el Río Vivo que fluye por la Corta, y también los 11.000 m2 del Solar de las Banderas, estratégica pieza urbana de transición y articulación de la ciudad nueva con Triana y la ciudad histórica, y que, con ese especial cuidado debe ser estudiada y tratada. Cualquier administración responsable estudiaría conjuntamente el destino y la conformación de estos tres espacios todavía libres (Canal, Bancada y Banderas) dentro del contexto más amplio de la Cartuja y de su papel en la ciudad, para llegar a establecer sus usos y destinos más idóneos. ¿Se hará? Sevilla espera la máxima amplitud de miras de sus regidores.
