Cáritas denuncia mafias para empadronar a inmigrantes en Sevilla: "Les piden hasta 700 euros"

Hacer de la necesidad una mafia. Cáritas Diocesana de Sevilla ha denunciado este miércoles, durante la presentación de la Memoria 2024, dos problemas que afectan de lleno a la población más vulnerable de la provincia: el de la vivienda y la inmigración. En este colectivo ha alertado del negocio creado con el empadronamiento de los residentes extranjeros, a los que propietarios de inmuebles exigen hasta 700 euros para lograr el certificado que les permita inscribirse en el padrón. Situación agravada por el hacinamiento que sufren muchas de estas familias. Se está llegando a pagar 300 euros por una sola habitación, sin derecho a cocina, y sólo de lunes a viernes. "Tenemos a personas viviendo en trasteros", advierten desde la ONG católica.

La presentación del balance del año pasado ha contado con las intervenciones del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses; del director de esta ONG católica, Miguel Ángel Carbajo Selles; y del delegado episcopal de Cáritas Diocesana, Salvador Diánez Navarro. En líneas generales, se percibe una "moderada mejoría" en las condiciones de vida de los hogares sevillanos. La evolución "positiva" del empleo y el mayor alcance de las rentas a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han logrado reducir un 14% el número de familias atendidas durante 2024, un total de 12.462, lo que suman 35.804 personas. A este cómputo deben añadirse quienes son asistidos a través de servicios y programas específicos de Cáritas, lo que eleva el total a 39.628 beneficiados.

Una mejoría que reduce las cifras de la atención primaria, encargada de garantizar los recursos básicos: comida y pago de suministros, como la luz, el agua o el alquiler, pero que no esconde una realidad muy preocupante, la de la pobreza crónica, cada vez más persistente en la provincia. Se trata de una situación estructural que afecta a varios colectivos: el de las familias monoparentales (especialmente madres solas con hijos a su cargo), parados de larga duración y los migrantes. "Son personas con grandes dificultades para recuperar su autonomía, a pesar de la mejoría o la salida de una crisis. A ellas se les debe prestar una atención especial e individualizada", insiste Miguel Ángel Carbajo.

Ha sido en este punto donde tanto el director de Cáritas como el delegado pastoral de la ONG han hecho hincapié en los abusos que existen, sobre todo en el colectivo migrante, a la hora de empradronarse. Debe recordarse que para constar en el padrón de un municipio se exige, entre otros requisitos, la autorización del arrendatario o propietario de la vivienda donde resida la familia. Para este permiso, hay titulares de inmuebles que llegan a exigir entre 600 y 700 euros a sus inquilinos. Una auténtica mafia que hace aún más vulnerable a la población extranjera, buena parte de la cual se ve obligada a permanecer en la irregularidad ante la imposiblidad de afrontar un precio ilegal tan alto.

A este mercado negro, del que Cáritas pide a las administraciones mayor vigilancia para acabar con él, se suman "las dificultades que crean muchos ayuntamientos, los cuales exigen más requisitos de los establecidos por la ley para empadronarse". "En la provincia de Sevilla empiezan a existir municipios con estas prácticas, que condenan a los migrantes a vivir en la irregularidad", advierte Carbajo.

Los discursos de odio

Una denuncia que se suma a la realizada años anteriores, en la que la ONG católica alerta en su informe de "la presencia de discursos deshumanizadores, criminalizadores de rechazo, discriminación y odio que fomentan la indiferencia de la opinión pública ante su situación, y explican el respaldo a políticas que pretenden reducir sus derechos en nuestro país". Una llamada de atención, sin duda alguna, a formaciones políticas que ya están presentes en gobiernos locales y autonómicos.

A las barreras para el empadronamiento de los migrantes se une otro grave problema que afecta a buena parte de la población sevillana, el del acceso a la vivienda. Los precios que se piden no ya sólo para su compra, sino para el alquiler, suponen una fuerte merma en el presupuesto familiar, lo que deja en el umbral de la pobreza, incluso en la pobreza extrema, a muchos vecinos. De nuevo aquí surgen abusos denunciados por Cáritas, situaciones de hacinamiento o alojamiento en espacios degradados, insalubres o ruinosos. "Tenemos a familias viviendo en trasteros, incluso en lavaderos", reconocen los responsables de esta entidad.

Carbajo ha detallado aquí varios casos que no deberían pasar inadvertidos para las administraciones públicas. Alquileres de 300 euros por una habitación sin derecho a cocina, y de lunes a viernes, pues los fines de semana deben dejarlas libres para ser ocupadas por otros inquilinos. Incluso camas que se alquilan por 100 o 180 euros. "Estamos hablando de familias con varios miembros que viven en tales condiciones", critica el director de Cáritas Diocesana, quien exige a las autoridades políticas una respuesta contudente a estas situaciones que cronifican la pobreza.

El mapa de la pobreza

La Memoria presentada este miércoles permite dibujar un mapa de la pobreza en la provincia. Para ello, Cáritas se remite al Atlas de la Distribución de la Renta de los Hogares, según el cual existen 496.111 personas en situación de pobreza monetaria en la archidiócesis, de las cuales 222.708 sufren pobreza extrema. Según esta estadística, el 40% de la población de Pruna, El Palmar de Troya, Isla Mayor, San Nicolás del Puerto y Badolatosa se encuentran en situación de pobreza. En Pruna, el Palmar de Troya, Villanueva de San Juan, Alcolea del Río y San Juan de Aznalfarache, el 18% de sus habitantes está dentro de la pobreza extrema. Llama la atención que un municipio como San Juan de Aznalfarache, en el área metropolitana, presente tales cifras. No en vano, la Cáritas parroquial de San José Obrero, de esta localidad, es la que mayor demanda registró, con 394 hogares atendidos el año pasado.

En la capital, más del 35% de las personas en situación de pobreza se concentra en el Polígono Sur, Tres Barrios, La Plata-Su Eminencia-Palmete, Torreblanca y el Polígono Norte. La pobreza severa alcanza al 33,4% de la población de Tres Barrios y al 31,4% en el Polígono Sur.

"En Sevilla hay riqueza económica y cultural, pero también tenemos los barrios que encabezan los rankings de pobreza", lamentó el arzobispo, que alertó del riesgo que la ciudad corre con esta realidad, pues "se llega a normalizar la pobreza".

El Ingreso Mínimo Vital

Al final de la presentación de la memoria se aludió a la aplicación del Ingreso Mínimo Vital, iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, respaldada por Cáritas y que, según la entidad católica, ha tenido efectos positivos en la población más vulnerable. No obstante, desde la ONG se critica las trabas burocráticas que impiden un mayor alcance.

La inversión de Cáritas en 2024 superó los 11 millones de euros (11.390.951 euros), un 7% más que en 2023, pese a disminuir el número de personas atendidas. De esta cantidad, 3,9 millones proceden de las Cáritas parroquiales y 7,4 de la Diocesana. El 89% de los recursos se dedican a la acción social para la que está creada, en la que participan 2.557 voluntarios.

La publicación de estos datos tiene lugar en la víspera de la Solemnidad del Corpus, cuando se pone en marcha una nueva campaña solidaria, cuyo lema entronca con el Año Jubilar que celebra la Iglesia: "Mientras haya personas, hay esperanza". Por tal motivo, en la semana del 16 al 22 de junio agentes de la ONG saldrán a la calle y estarán en las parroquias para "llamar al compromiso personal y económico que permite que nuestra labor siga siendo posible".