"En el ascensor número 3 sigue sin funcionar el freno, con lo cual muchas veces se te marcha, a no ser que haya alguien que lo pare, cosa que no siempre ocurre. Además (...) rara es la vez que no te forma un escalón, con el consiguiente perjuicio para trabajadores y enfermos. Ya se produjo el pasado 13 de julio un accidente de trabajo con una compañera ...". Así describe Victorio Cárcela, delegado del Sindicato Independiente de Celadores, integrado en USO, el funcionamiento del ascensor en el que, el pasado 20 de agosto, se produjo el accidente que costó la vida a Rocío Cortes, una joven de 25 años que acababa de dar a luz. El escrito fue dirigido en agosto del año pasado al subdirector de servicios generales del hospital y en el mismo, el representante de los celadores -el colectivo más afectado por las incidencias- se felicita porque se estén haciendo mejoras pero advierte que aún hay problemas.

Es sólo uno de los cinco escritos dirigidos a responsables del centro -la dirección de la gerencia del área de gestión sanitaria Sur de Sevilla, la dirección económica-administrativa del Valme y Servicios Generales- que el sindicato elevó sobre el problema cuando Dolores Alguacil era la directora del hospital, antes de ser nombrada en julio directora general de Asistencia Sanitaria de la Junta. El primero tiene fecha de octubre de 2015 y el último, del 21 de diciembre pasado. En éste se le pide que se faciliten datos sobre el número de incidencias, accidentes de trabajo y las bajas relacionadas con los ascensores de los seis meses previos.

El sindicato hará llegar los escritos al juzgado que está investigando el accidente mortal

USO también presentó dos denuncias ante la Inspección de Trabajo en relación con los ascensores. Una es del 9 de junio de 2016, que se archivó, porque se entendió que no había riesgo. Fue poco antes de que se acometiera una amplia renovación del sistema de los elevadores, en verano. Pero en octubre de 2016 presentó un nuevo escrito ante la Inspección que esta vez abrió un expediente, según el sindicato. Pidió información al servicio de mantenimiento y reclamó el libro de incidencias, aunque concluyó también con el archivo.

El secretario de Organización de la Federación de Empleados Públicos de USO en Andalucía, Enrique Jiménez, anunció ayer que pondrán a disposición del juzgado que investiga la muerte de Rocío Cortés toda esta documentación, que no sólo se refiere a fallos en el ascensor accidentado, sino a todos los del centro. Los representantes de este sindicato hicieron públicos estos datos durante una concentración ayer ante el Hospital del Valme convocada por la Marea Blanca de Sevilla para denunciar los recortes en la sanidad. Insistieron en que no quieren crear alarma, sí aclarar que los ascensores necesitaban renovarse de forma integral y que es incierto -como había mantenido la Consejería de Salud- que no hubiera constancia de fallos. Son los mismos aparatos, con mejoras, que cuando se inauguró el hospital, en 1982. "El accidente era un hecho imprevisible, pero con una sustitución a tiempo tal vez se podría haber evitado", destacó Jiménez, que consideró que al margen de la responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de lo ocurrido, hay una responsabilidad política que alguien debe asumir y apuntó a Dolores Alguacil. La Marea Blanca de Sevilla también pidió su cese.

La Dirección del Hospital de Valme reconoció ayer la existencia de esos escritos, pero aclaró en un comunicado que "todos" los dirigidos a la dirección del centro tienen fecha previa a las mejoras realizadas en los elevadores entre agosto y octubre de 2016 y que "responden a la escucha activa" del equipo de dirección y gerencia del centro a la demanda de los trabajadores. Es "falso que se hicieran oídos sordos", defienden, en contra de la acusación que se hizo desde Marea Blanca. El hospital asegura no tener constancia de las denuncias a la Inspección de Trabajo. El centro subraya que en la última "modernización" interior, de mandos y señalizaciones, sistema de detección de presencias y de precisión en la nivelación de los ascensores se invirtieron casi 59.000 euros.

Coincidiendo con ello, se creó un grupo de participación de profesionales para mejorar los circuitos en el traslado de pacientes. La dirección insiste en que se cumplen todas las obligaciones de mantenimiento e inspección. La última revisión preventiva fue el 12 de agosto y la última inspección por un organismo de control autorizado, en mayo. La dirección recordó que hay diligencias judiciales abiertas e hizo un "llamamiento a la prudencia" para que se eviten "declaraciones poco responsables".

Un extracto de dos de los escritos que el sindicato de celadores presentó a los responsables del hospital y de la última denuncia que se puso ante la Inspección de Trabajo.