La planificación de la Delegación territorial de Educación para el presente proceso de escolarización sigue siendo motivo de críticas. Y no precisamente buenas. La eliminación de aulas por la bajada de la natalidad no parece ser razón suficiente para los colegios que la sufren, que reclaman que las unidades se mantengan en esta época de pandemia para disminuir la ratio y prestar, así, un servicio de mayor calidad. Esta reducción tiene consecuencias aún mayores en zonas necesitadas de transformación social, donde la merma también está prevista. 

Es el caso del Distrito Norte, que comprende un gran número de barrios, desde el Cerezo a San Jerónimo, pasando por Pino Montano, la Bachillera, el asentamiento del Vacie y el propio Polígono Norte. Núcleos poblacionales en los que vive un considerable número de familias que se encuentran al borde de la exclusión social y para las que la educación se convierte casi en la única herramienta para garantizar un futuro a sus hijos con el que superar la situación que actualmente los rodea.

La previsión del departamento que dirige María José Eslava plantea que en este amplio distrito educativo desaparezcan tres unidades. Una de ellas de cuarto de Primaria, perteneciente al CEIP Fernando Villalón, que desde hace varios cursos ha ido perdiendo aulas para convertirse en un centro de una única línea. Las otras dos son de Infantil de tres años, edad con la que se garantiza una plaza en una escuela para el resto de los ciclos educativos. Se eliminará una del CEIP Manuel Siurot y otra del CEIP San José Obrero. 

Se da la circunstancia, además, de que este último colegio es de educación compensatoria, es decir, que a él acude un alumnado que, por diversas circunstancias, se encuentra en situación de desventaja respecto al resto de menores. Por tal motivo, el centro se refuerza con personal y programas que prestan una atención específica a estos escolares. Una situación que no ha servido para evitar que la Junta pretenda suprimirle un aula de tres años. 

Un criterio que no se justifica

No es la primera vez que lo hace. Ya en el curso 2018/19 la Consejería de Educación (entonces dirigida por el PSOE) le quitó una unidad. Así lo recuerda su directora, Mercedes Ruiz, quien destaca que un año después, en septiembre de 2019, le devolvió dicha unidad que de nuevo desaparecerá el próximo curso. Unos cambios que, aunque la Administración pública quiera amparar en el descenso de la natalidad, para Ruiz carecen de toda lógica. Para esta directora la eliminación no puede justificarse por la bajada de la población infantil, ya que, al contrario de lo que ocurre en el resto de la ciudad, donde el índice medio de la natalidad es del 6%, en el Distrito Norte esta cifra se eleva cinco puntos, hasta llegar al 11%, por lo que no se puede aplicar el mismo criterio. 

¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente a la diversidad cultural del vecindario. En estos barrios existe una alta concentración de inmigrantes que por motivos religiosos o de otra índole no aplican la planificación familiar que sí tiene asimilada la población autóctona, que, por otro lado, en dicha zona es de avanzada edad. Sirva de ejemplo lo que ocurre en el San José Obrero, situado en la calle Verano. Aquí acuden alumnos de 35 nacionalidades. El 80% de sus estudiantes procede de familia inmigrante. Una auténtica Torre de Babel que requiere de planes específicos para su correcta integración. 

A ello hay que añadir que también hay ocho menores del asentamiento chabolista del Vacie, que, en palabras de la directora del colegio, "se va desmantelando poco a poco", lo que ha provocado que el número de alumnos que vienen de allí se vaya reduciendo cada curso. Se trata, en todo caso, de una población especial que requiere de una atención muy específica que no va acorde con la planificación de la Delegación de Educación. 

Pérdida de trabajadores

Uno de los temores de los colegios afectados por esta eliminación radica en que el cierre de unidades conlleve una pérdida paulatina de profesionales. El San José Obrero cuenta actualmente con dos profesores de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje. Ya este año Educación planteó compartir este último docente con otro centro. "Esto es un recorte económico", asegura Ruiz. 

Lo cierto es que la oferta para esa edad presentada por el colegio en el proceso de escolarización resulta, a todas luces, insuficiente. Tras cerrarse el plazo de presentación de solicitudes se han recibido 27 peticiones prioritarias (primera opción) para 25 plazas. A ellas hay que sumar la veintena que lo han elegido como subsidiario. Con toda probabilidad, habrá que aumentar la ratio por encima de los 25 alumnos por aula el próximo curso.

Esta situación es la que ha llevado a la AMPA del centro a enviar un escrito al Ayuntamiento de Sevilla y al Defensor del Pueblo Andaluz para exigir que se mantengan las dos líneas de Infantil en una escuela que presta un servicio esencial en la zona.