El incremento de litigios laborales derivados de la crisis económica ha colapsado aún más los juzgados de lo Social de Sevilla, que están tardando una media de cuatro meses en resolver un juicio por despido. La situación es más grave si cabe por lo que se refiere a otras reclamaciones que no se consideran "preferentes" y cuyas vistas están siendo fijadas para el año 2014, con dos años de demora, como ocurre con las reclamaciones de cantidad o algunos procedimientos contra la Seguridad Social.

El sindicato CSIF de Justicia, que ha elaborado un estudio sobre la situación de los juzgados de Sevilla, denunció ayer que el estado de colapso por los asuntos pendientes es "dantesco" y tiene una especial incidencia en los órganos de lo Social. El portavoz de Justicia del sindicato, Miguel Ángel Ramos, señaló ayer que el retraso de la resolución de las demandas laborales está "forzando" a los trabajadores a aceptar acuerdos "verdaderamente leoninos y abusivos con los empresarios que los despiden, al no poder esperar tanto tiempo a una Justicia tan lenta. Un padre o madre de familia no puede esperar uno, dos o tres años a que la Justicia resuelva su problema y, con suerte, hasta le dé la razón", lamentó Ramos.

El representante sindical critica que la Junta ha "abandonado" los juzgados de lo Social, que requieren de forma urgente unos planes de refuerzo que, "por más que han sido pedidos, no han tenido el más mínimo respaldo por parte de la Junta". Cada uno de los 11 juzgados de lo Social de Sevilla va a cerrar este año con más de 800 demandas incoadas, unas cifras que superan ampliamente los módulos de ingreso de asuntos que considera adecuados el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Junto a la demora en la tramitación de los asuntos, el estudio del CSIF también advierte sobre las deficiencias de las sedes judiciales de Sevilla y de algunas localidades de la provincia. En el caso de las dependencias del edificio Viapol, Miguel Ángel Ramos advierte de que el hacinamiento de personas y expedientes convierte estos juzgados en unas oficinas "auténticamente angustiosas", al margen de los "recientes" problemas de humedades y goteras.

El paradigma de la falta de espacio es el jugado de Primera Instancia número 21, donde la totalidad de la superficie destinada para los funcionarios y los usuarios que acuden al mismo es de "aproximadamente 45 metros cuadrados y está ocupada por 31 módulos de estanterías, 12 mesas de trabajo y 12 anexas, 20 sillas de distinto tipo, dos impresoras, fax y fotocopiadoras". En este juzgado, estos muebles ocupan el espacio destinado a las ventanas por la cantidad de archivos existentes y el suelo también se utiliza para apilar los expedientes, cajas y otros elementos.

El pasado día 30 de diciembre, CSIF presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo denunciando que las dependencias del juzgado de Primera Instancia número 21 de Sevilla son "absolutamente insuficientes" para albergar a los funcionarios, que se encuentran "hacinados" ante el elevado número de expedientes. La situación, según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, es "crítica", por cuanto hay 11 funcionarios en unas dependencias que antes ocupaba un juzgado de lo Social -con una plantilla de ocho funcionarios-, hechos que denunciaron en abril pasado ante la delegación de Gobernación y Justicia.

El sindicato también ha denunciado ante la Inspección el "grave riesgo" para la salud de los trabajadores del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8, al estar expuestos a "temperaturas muy elevadas, que rondan los 30 grados" debido a unos problemas en el sistema de ventilación del edificio. "Cuando la temperatura es adecuada en la oficina judicial, en el despacho de la secretaria es extrema, y a la inversa", lo que hace que la prestación del trabajo sea "imposible en estas condiciones" porque los funcionarios no pueden soportar el calor a pesar de acudir "vestidos con ropa de verano", advierte.

En su análisis del año 2011, el sindicato también critica que los funcionarios del Servicio de Apoyo a la Audiencia Provincial -que se desplazan a todos los órganos judiciales de la provincia- llevan desde el mes de abril sin cobrar las dietas, "adelantando de su propio bolsillo los gastos" de desplazamiento.

Como conclusión, el responsable de Justicia del CSIF consideró que la Junta ha "abandonado a su suerte a la Justicia, a su personal y al propio ciudadano", y añadió que cuando se acerquen las elecciones autonómicas, "el político de turno prometerá una nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia".