Sevilla

El comercio impulsa un cambio legal para reducir los hurtos, robos y alunizajes

  • Los empresarios buscan fórmulas para luchar contra la multirreincidencia y la lentitud de la Justicia, que han generado una sensación de impunidad entre los delincuentes y desprotegido a quienes los sufren

Estado en que quedó el escaparate de una tienda de motos de la Carretera de Carmona tras sufrir un alunizaje. Estado en que quedó el escaparate de una tienda de motos de la Carretera de Carmona tras sufrir un alunizaje.

Estado en que quedó el escaparate de una tienda de motos de la Carretera de Carmona tras sufrir un alunizaje. / juan carlos vázquez

Hace una semana, una banda de aluniceros empotró un coche robado contra una tienda de motos de la Carretera de Carmona. Los ladrones destrozaron el escaparate y lograron acceder al interior del negocio, que desvalijaron en cuestión de segundos. Luego huyeron a bordo de un vehículo de alta gama. Imposible para la Policía, que mantiene abierta una investigación sobre éste y otros muchos robos similares ocurridos en Sevilla en los últimos meses. Un día antes, se habían sucedido un par de asaltos parecidos en Carmona. Y una semana atrás, le había vuelto a tocar el turno a una perfumería de la cadena Aromas en Utrera. Después repetirían en negocios de la misma firma en Jerez de la Frontera y Córdoba.

Los alunizajes han vuelto a sucederse con demasiada frecuencia en la capital andaluza, donde llegaron a coincidir hace unos años hasta diez bandas de aluniceros que salían casi a diario a robar. Se les conoció como las bandas del BMW y del Seat León, por los coches que robaban para cometer después los robos. Siempre operaban de madrugada y siempre muy rápido, como si tuvieran controlado el tiempo de respuesta de la Policía. Además de estos robos con fuerza, el comercio sufre a diario los hurtos, los pequeños robos al descuido que son un goteo continuo.

Todo esto ha derivado en un hartazgo y una sensación de impunidad que ha movido a los comerciantes de Sevilla, y del resto de Andalucía, a mover ficha para tratar de reducir los continuos robos que padecen, y que suponen grandes pérdidas en un momento especialmente complicado para las ventas, en plena segunda ola de la pandemia del Covid-19 y con los contagios en aumento.

El problema de los robos, apuntan los comerciantes, es algo que vienen padeciendo en general en toda España en los últimos años, pero que se ha incrementado en determinadas localidades andaluzas en las "que han coincidido en poco espacio de tiempo varios episodios significativos". Así lo apunta Álvaro González Zafra, secretario general técnico de la organización CAEA, que representa a los establecimientos de alimentación y perfumerías.

Los hurtos y robos se suceden en todo tipo de comercios, no solo en estas dos ramas. Tiendas de telefonía móvil, ópticas, joyerías, estancos, concesionarios de coches y motos son algunos de los negocios más perjudicados por estas bandas de ladrones. "Está comprobado que dichos hurtos y robos no son famélicos, es decir, por necesidad, sino que se cometen por parte de bandas organizadas que revenden ilegalmente los productos robados en el mercado negro que existe detrás. Ahí es donde radica el principal problema, dado que dichas bandas actúan con total impunidad ante las dificultades legales y jurídicas existentes para perseguir este tipo de delitos y atajar el problema de la multirreincidencia", explica el representante de los comerciantes.

Es precisamente ese uno de los principales escollos con los que se encuentra la Policía y la Justicia a la hora de combatir los robos en el comercio. "La reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año 2015 preveía que la comisión de cuatro faltas en menos de un año se transformaba en delito e introdujo un tipo agravado aplicable a la multirreincidencia. Aunque el problema del hurto no se vio plenamente resuelto, los resultados fueron muy positivos al recuperarse la confianza en las herramientas jurídicas que el sistema aportaba", relata González.

Sin embargo, "hubo dos sentencias del Tribunal Supremo en 2017 en las que se considera que el hurto es derecho penal de autor y, por tanto, se debe castigar igual el primer hurto que los siguientes hasta un número indeterminado". Esto ha tenido como consecuencia que las sentencias para hurtos reincidentes se limiten al pago de multas, que raramente se hacen efectivas, y que el ritmo de denuncias se mantenga en torno a las 700.000 al año en toda España (más de 26.000 hurtos se denunciaron en Sevilla en 2019) sin que tengan consecuencias para los delincuentes, dado que sólo 70.000 juicios llegan a celebrarse (es decir, sólo el 10%) y sólo en 7.000 casos llega a pagarse la multa económica (sólo el 1%).

La Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE trabaja para impulsar una reforma del Código Penal para que se puedan imponer penas privativas de libertad y no sólo económicas para los delincuentes que son multirreincidentes. Esto, entienden los comerciantes, tendría un efecto disuasorio. Además, también se pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El representante de CAEA detalla que sólo en los sectores de la alimentación y las perfumerías, los delitos suponen unas pérdidas de 1.800 millones de euros anuales, lo que suponen casi un 1% (0,82%) de las ventas. "Esto repercute negativamente en las empresas y también en los ciudadanos a través de pérdida de empleo, inseguridad y alza de precios". Por categorías de productos, los hurtos y robos se centran principalmente en los de mayor valor, como son las bebidas alcohólicas, los cárnicos ibéricos, cosmética, cremas, maquillaje y perfumería.

Estos robos suponen, a juicio de los comerciantes, "un coste innecesario para las administraciones y para el Estado de más de 300 millones al año, debido a la ineficiencia del sistema en cuanto a evolución de las denuncias, suspensiones de juicios y los costes administrativos de cada proceso". "Al delincuente profesional le sale gratis robar", lamentan.

Además del despilfarro para las arcas públicas, el secretario general de CAEA añade que los delitos suponen una desmotivación para la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces, la Fiscalía y los propios funcionarios, así como un riesgo cada vez mayor para los trabajadores, ante el incremento de la violencia por parte de los delincuentes.

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