El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, Óscar Sainz, confirmó este martes que Antonio Gordillo Sala, el presunto asesino de la profesora estadounidense Laura Cerna Baird, que fue descuartizada y su cadáver arrojado al río Guadalquivir dentro de una maleta el 30 de agosto de 2010, sea juzgado por un jurado popular, a pesar de que la defensa ha pedido un tribunal profesional porque el acusado sólo reconoce un delito de profanación de cadáveres pero no el asesinato.

En el transcurso de la denominada audiencia preliminar que prevé la ley del jurado, tanto el fiscal como las acusaciones particulares que representan a los familiares de Laura Cerna pidieron ayer que se proceda a la apertura de juicio oral contra Antonio Gordillo Sala, al que se imputan delitos de asesinato, agresión sexual y profanación de cadáveres.

En la comparecencia ante el juez, que se prolongó durante menos de diez minutos, la defensa mantuvo que la víctima se autolesionó con un cuchillo después de que el presunto asesino se negase a mantener relaciones sexuales con ella, y sólo admitió que deshizo del cadáver porque se puso nervioso y le entró "pánico", pero rechazó que el acusado la asesinara.

El escrito de defensa señala que Antonio Gordillo había bebido bastante aquella noche y también había tomado cocaína, y asegura que después de que el camarero se encontrara con la víctima cerca de su domicilio, en la Plaza Alcalde Horacio Hermoso del Tiro de Línea, la invitó a subir para tomar una copa. Dice el presunto asesino que, al rechazar a Laura, ésta se enfadó y, "muy acalorada y fuera de sí, se golpeó con el quicio de la puerta". A continuación, la víctima se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo de grandes dimensiones y se dirigió hacia el acusado, que empujó a Laura y cayó al suelo, donde supuestamente -según la versión exculpatoria del presunto asesino- Laura se autolesionó hasta provocarse la muerte.

A partir de ese momento, Antonio Gordillo, en lugar de llamar a la Policía, decidió deshacerse del cuerpo, para lo cual descuartizó a la profesora y metió sus restos en una maleta y en una bolsa, y acabó arrojándolos al río Guadalquivir. Su defensa ha alegado que sólo puede imputársele un delito de profanación de cadáveres, y considera además que el acusado ha colaborado "en todo momento" con la Policía para el esclarecimiento de los hechos y que habría que reconocerle hasta tres circunstancias atenuantes: alteración psíquica, la de actuar bajo los efectos de las drogas y el alcohol, con obcecación, así como el arrepentimiento y la confesión del hecho delictivo.

La Fiscalía de Sevilla considera que los hechos ocurrieron de una forma bien distinta y, así, sostiene que el acusado propinó fuertes golpes a Laura Cerna y tres cuchilladas cuando la víctima se hallaba "posiblemente inconsciente".

Los abogados de la acusación particular, José Estanislao López y Marcos Cañada, sostienen en cambio que el acusado asesinó a Laura Cerna y además, en el caso del primero, añade que fue víctima de una agresión sexual previa.

El fiscal ha solicitado una condena de 25 años de prisión por un delito de asesinato, aunque las acusaciones elevan esta petición de condena al incluir los otros delitos de agresión sexual y profanación de cadáveres.

En concreto, el letrado José Estanislao López, que representa a los padres y el hijo de Laura Cerna, ha pedido una condena de 30 años y cinco meses de prisión, mientras que Marcos Cañada, abogado del marido de Laura, solicita 25 años y cinco meses. Las acusaciones reclaman hasta 460.000 euros de indemnización para todos los familiares de la víctima.

Al término de la audiencia preliminar, en la que el acusado ni siquiera ha declarado, el juez anunció que mantendrá la competencia del jurado popular y así en los próximos días procederá a dictar el auto de apertura de juicio oral. Desde el punto de vista de la calificación jurídica el caso de Laura Cerna recuerda al de Marta del Castillo, que en principio se tramitó por la ley del jurado y, posteriormente, se acordó que fuese enjuiciado ante un tribunal profesional.

La competencia para enjuiciar los delitos conexos se enmarca en un acuerdo del Tribunal Supremo del año pasado, que determina que la misma depende del objetivo principal que buscaba el acusado a la hora de cometer el delito. En el caso de Marta del Castillo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llegó a la conclusión de que el objetivo principal que buscaba Miguel Carcaño era la violación de Marta, por lo que el crimen se cometió precisamente para ocultar ese delito.

En la causa contra Antonio Gordillo, ni el fiscal ni las acusaciones particulares ni el juez cuestionan que el procedimiento se celebre ante un jurado popular. La defensa del presunto asesino podrá no obstante volver a plantear la competencia del tribunal profesional cuando el asunto sea remitido a la oficina del jurado para su enjuiciamiento. En principio, el juicio contra el asesino de Laura Cerna podría fijarse para finales de este mismo año, si bien como a partir del 17 de octubre tendrá lugar el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, que se prolongará hasta finales de noviembre, todo apunta a que la vista oral no tendrá lugar hasta los primeros meses de 2012.