El debate sobre los usos de los cines del casco histórico se reabre

Los propietarios de los cines Avenida, Alameda y Cervantes ya tienen luz verde para pedir, si así lo quisieran, el permiso de obras para convertir estas salas en viviendas, hoteles o comercios. El debate sobre la situación de los espacios culturales de la capital se reabre después de que el pasado sábado se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la aprobación definitiva del paquete de modificaciones urbanísticas puntuales promovidas y aprobadas en septiembre de 2014 por el gobierno municipal, entonces presidido por Juan ignacio Zoido, para recalificar los cines y teatros situados en el centro. En concreto, el expediente se refería a los cines Cervantes, Alameda y Avenida, que han pasado de ser suelos de interés público y social a tener la calificación que les otorgaba el Plan General de 1987, como cualquier otro inmueble ubicado en el casco histórico.

Este trámite se inició en mayo 2012 a raíz de tres sentencias del Tribunal Supremo de meses anteriores que daban la razón a los dueños de las fincas de los citados cines, que habían litigado que se anulara la calificación de suelo de interés público y social que el PGOU de 2006 había otorgado a esta salas. Dado que el fallo judicial ya no permitía recurso alguno, el Ayuntamiento de Sevilla, acatando lo que había dictado ya el alto tribunal, optó por extender este cambio de uso a otros cines y teatros históricos del centro, en el convencimiento de que podrían iniciar acciones similares. En concreto, se trataba de los cines Apolo, la Sala X de la calle Trajano, el antiguo cine Llorens, las salas Imperial y Pathé y el teatro Álvarez Quintero.

No obstante, la oposición tumbó esta intención del gobierno de Zoido, al considerar que estas salas merecían una mayor protección para que no acabaran convertidas, por ejemplo, en apartamentos o pisos turísticos o centros comerciales, y se mermara así el tejido cultural del centro de la capital. Y el gobierno municipal aceptó sacar del expediente los seis inmuebles que no estaban afectados por las sentencias judiciales, pues excluir a las otras tres era ya un proceso imposible.

A los planes iniciales no sólo se opusieron los grupos de la oposición, con el PSOE a la cabeza. En el periodo de información pública abierto para modificar puntualmente el PGOU presentaron alegaciones un total de 42 personas vinculadas con el mundo de la cultura, la arquitectura y el patrimonio. Tal y como habían pedido los socialistas, los firmantes de estas alegaciones reclamaron en julio de 2012 que se contemplara la posibilidad de plantear una estrategia general sobre los espacios de exhibición teatral y cinematográfica, algunos con un valor histórico cultural importante.

Finalmente, en septiembre de 2014, cumplidos todos los trámites, el pleno aprobó la modificación definitiva que la pasada semana se publicó en el BOP, obligada por las citadas sentencias del Tribunal Supremo.

Pero el debate sigue vivo y se reabre ahora tras la reseña en el boletín oficial, que difunde la citada modificación. Las sentencias eran de obligado cumplimiento pero hay algo que el Ayuntamiento podría hacer para dotar de una mayor protección a estos edificios. Por ahora, los propietarios no han mostrado públicamente su intención de transformar los cines en oficinas o viviendas, pero esa posibilidad siempre está ahí en su mano.

El alcalde, Juan Espadas, ya manifestó en el anterior mandato su voluntad de buscar una solución para esas tres salas, sobre todo, para el cine Cervantes, que es el que goza de mayor valor arquitectónico e histórico, al ser considerado el teatro más antiguo de Sevilla que existe en la actualidad, pues abrió en 1873. De hecho, el gobierno municipal baraja su uso como sede de actividades organizadas desde el Ayuntamiento, por ejemplo el Festival de Cine, o como parte del circuito de la Filmoteca de Andalucía.

El Cervantes podría ser incluso declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, lo que garantizaría su protección. El Alameda y el Avenida podrían ser catalogados como edificios singulares por su valor en la memoria cultural de la ciudad. Y así lo han pedido ya particulares y asociaciones como Adepa.