Declaran este lunes en la Fiscalía de Menores las tres presuntas acosadoras de Sandra Peña

Las tres menores investigadas por un presunto caso de acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña comparecen mañana lunes ante la Fiscalía de Menores de Sevilla. La exploración -nombre técnico de la declaración de los menores- de las tres adolescentes llega tras la comparecencia la semana pasada de los padres de Sandra ante la Fiscalía en calidad de testigos-perjudicados, un encuentro que se prolongó durante cuatro horas en el que pidieron una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio, las Irladensas de Loreto. La comparecencia de las menores se produce después de que las niñas hayan declarado ante el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, donde una de ellas se acogió a su derecho a no declarar y las otras dos sí rindieron testimonio sobre los hechos.

La semana pasada también comparecieron ante el fiscal de menores el director del colegio, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra Peña. Todos ellos, al igual que los padres de la menor, rehusaron entonces hacer declaraciones a los medios, ni a la entrada ni a la salida de las dependencias judiciales de la avenida de la Buhaira, si bien ha trascendido que en sus declaraciones como testigos defendieron que el colegio adoptó medidas por la situación de acoso a Sandra y que estarían documentadas, en concreto, según dijeron, se activó un protocolo interno pero no se subieron los datos a la plataforma informática Séneca, sistema de información para la gestión académica de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía.

Una vez que la familia informó de la situación antes del inicio del curso y en comunicación con la propia familia y la terapeuta, se habría procedido a ubicar a Sandra Peña en una clase separada de las presuntas acosadoras, fueron designadas dos personas de referencia que ella eligió para su seguimiento -la tutora y la jefa de estudios- y se habrían activado la vigilancia y el resto de medidas del protocolo interno, según indicaron entonces fuentes del caso.

El colegio no activó el protoco antiacoso

A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que el colegio no activó el protocolo antiacoso que establece la Junta, lo que llevó en su momento a la Consejería a presentar una denuncia contra Las Irlandesas de Loreto en la Fiscalía de Sevilla.

Por su parte, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, expresó que los padres de Sandra habían asistido a su declaración "con la tranquilidad de que contarán la verdad; también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo" e indicó que la familia "se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo", por lo que confiaban "plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa".

"El daño que nos han hecho, que es la pérdida de mi sobrina, no nos lo van a reparar en la vida, pero nuestra lucha es para que esto no se vuelva a repetir. La única forma de que no se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no no atender a una familia cuando le presenta una situación de de acoso escolar", añadió.En opinión de la familia, "no puede haber otra sanción que no sea la mád alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita", aseguró el tío de Sandra.

La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que, supuestamente, sufrió la joven sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.

La Fiscalía de Menores mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de las menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.