El Defensor del Pueblo investiga la gestión municipal de las denuncias por veladores en Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto de oficio una investigación para recabar información del Ayuntamiento de Sevilla sobre la gestión de las denuncias relacionadas con el incumplimiento de la normativa de terrazas y veladores.

En concreto, la institución ha solicitado al Consistorio que "aporte datos fehacientes sobre el número de denuncias recibidas en los tres últimos años en relación con incumplimientos de la normativa de veladores y sobre el número de procedimientos sancionadores incoados y resueltos en virtud de las denuncias recibidas"

La actuación del Defensor se produce tras las denuncias públicas realizadas por la sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla, que alertó de una posible falta de tramitación de las denuncias formuladas por exceso de veladores. En su escrito, el organismo andaluz pregunta expresamente al Ayuntamiento "si son ciertas las circunstancias" expuestas por el sindicato y, en caso afirmativo, qué "medidas se han adoptado o se prevén para revertir la situación, impulsar la tramitación de las denuncias y evitar la reincidencia de algunos establecimientos hosteleros".

Según recoge el Defensor, CSIF apunta a la escasez de personal como una de las causas que explicaría la falta de respuesta administrativa, a pesar del trabajo que desarrolla la Policía Local en el control de terrazas, tanto a través de los agentes de la Línea Verde como de la Policía Turística y de las unidades de distrito. El sindicato también advierte de la reiteración de infracciones por parte de numerosos negocios, pese a las actuaciones policiales.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz subraya que "el elevado número de quejas tramitadas en la última década permite constatar que se trata de un problema estructural en la ciudad", que ha persistido al margen de los distintos gobiernos municipales. Aunque afecta a todo el término urbano, la institución destaca su especial gravedad en determinados barrios y enclaves, en particular en zonas calificadas como acústicamente saturadas y que, por tanto, deberían contar con una protección reforzada.

En este sentido, el Defensor recuerda las múltiples resoluciones y requerimientos de información dirigidos al Ayuntamiento en los últimos años, en los que ya se advertía de una "notable ineficacia" en la actuación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Entre las deficiencias señaladas figuran los retrasos en la incoación de expedientes, la lentitud en su tramitación y la demora en la adopción de resoluciones finales, así como el escaso cumplimiento de las medidas impuestas.

La institución pone el acento en la "falta de reacción administrativa" ante los "incumplimientos reiterados", citando la escasa efectividad de las multas coercitivas, sus cuantías reducidas, la dificultad para su cobro y la renuencia a aplicar medidas de ejecución subsidiaria. Esta situación, añade, es percibida por la ciudadanía con creciente malestar, generando una sensación de indefensión y de ausencia de voluntad municipal para atajar el problema.

Esta actuación del Defensor coincide con la entrada en vigor del endurecimiento del régimen sancionador contemplado en la nueva ordenanza municipal de veladores, aprobada el pasado mes de marzo. Tal como publicó este periódico, ya se han iniciado los primeros procedimientos sancionadores graves contra establecimientos del entorno de Santa Cruz, la Alameda de Hércules y las inmediaciones del Ayuntamiento, con propuestas de sanción que alcanzan los 50.000 euros en total por la instalación de terrazas ilegales.

A comienzos de diciembre, el Ayuntamiento mantiene en tramitación tres expedientes sancionadores por incumplimientos graves de la normativa, con multas que oscilan entre los 3.000 y los 29.999 euros. En estos casos, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han propuesto sanciones en el tramo medio, superiores a los 16.000 euros por establecimiento, en aplicación de la nueva ordenanza.