Cerca de 195.000 personas viven en Sevilla en riesgo de pobreza, lo que equivale al 27,8% de la población. Este dato sitúa a Sevilla en la décima posición del ranking de capitales de provincia españolas con la tasa de riesgo de pobreza más alta, según el informe El riesgo de la pobreza en España pueblo a pueblo elaborado por la empresa de consultoría estratégica AIS Group. En esta lista liderada por Murcia, con una tasa del 32,8%, aparecen cinco capitales andaluzas más por delante de Sevilla: Córdoba, Huelva, Málaga y Almería. Andalucía es, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad más pobre, superando en más de 12 puntos porcentuales la media nacional.

La crisis financiera ha propiciado "serios problemas en la organización social y laboral, además de las tasas más elevadas de desempleo desde hace décadas", según fuentes del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social. "La principal consecuencia de esto ha sido la magnitud alarmante de personas que se han incorporado al circuito de la pobreza". Así, según este organismo, la demanda de servicios sociales se ha incrementado un 76% desde el inicio de la crisis.

Gonzalo Cañestro, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Sevilla, habla de "nuevas formas de pobreza" y del "pobre vergonzante", personas de clase media que vivían de forma acomodada y que en poco tiempo han perdido su estabilidad económica tras perder el empleo.

"Históricamente, los servicios sociales atendían casos de pobreza extrema, marginación, chabolismo. Hoy, las situaciones de riesgo se han incrementado y aparecen nuevos perfiles como personas cualificadas con empleos precarios cuyos sueldos no le permiten cubrir los gastos básicos", explica José Antonio Alfaro, trabajador social y delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salteras. Para Gonzalo Cañestro, por su parte, "las clases medias están desapareciendo. Los nuevos modos de vida de las familias recuerdan a los de hace 30 años".

De mayo a agosto, 1.050 personas se han beneficiado de las ayudas municipales gestionadas a través de la Unidades de Trabajo Social. Se trata de los últimos datos actualizados de los que dispone el Consistorio, que coinciden además con la entrada del gobierno socialista. En total se han gestionado 1.238 ayudas, lo que ha supuesto una inversión de 659.497 euros.

De forma paralela, la Junta de Gobierno Local aprobó recientemente una nueva convocatoria de 660.000 euros para entidades que presenten proyectos de comedores y catering social.

Esta convocatoria de la Delegación de Bienestar Social y Empleo permitirá, según informan desde el Ayuntamiento, la distribución de unas 360.000 comidas al año, que beneficiará a unas mil personas sin recursos económicos al día. A esto se añade una batería de medidas sociales impulsadas durante este el mes de septiembre con un presupuesto total de 2,4 millones de euros, que demuestran que "la prioridad de este gobierno son las políticas sociales y dar una respuesta adecuada a las personas que más lo necesitan", según apuntan desde el Consistorio hispalense.

A nivel provincial, Los Palacios y Villafranca es el municipio sevillano de más de 25.000 habitantes con la tasa de población en riesgo de pobreza más alta (35,8%), según el informe publicado recientemente por AIS Group. Le siguen La Rinconada (35,2%), Écija (34,9%) Lebrija (34,8%) y Utrera (34,8%). Este último, además, es el sexto municipio español de más de 50.000 habitantes con la tasa más alta, el sexto de un total de 146 municipios de todo el país. Alcalá de Guadaíra también aparece en este ranking en la décima posición, con una tasa del 33,5%. En el cálculo de esta tasa intervienen principalmente la distribución de las familias en el territorio (densidad de cada tipología de familia en cada zona), su composición (miembros) y su nivel de ingresos, tomando como referencia los últimos datos del INE, según explican desde AIS Group.

El alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos, reconoce que estos datos no le han sorprendido: "Utrera sufre una situación muy grave en cuanto a infraestructuras sociales desde hace años. El dato que ofrece este estudio no es malo, es peor". El primer edil asegura que desde que asumió su cargo, hace cuatro meses, ha recibido a más de 700 ciudadanos, "la mayoría de ellos con problemas muy serios y con importantes necesidades básicas".

En este sentido, Villalobos señala que el Ayuntamiento está elaborando un plan contra la pobreza y la exclusión social que pretende poner en marcha en breve. No obstante, según asegura el alcalde, en los últimos meses se ha reducido la lista de espera de los servicios sociales municipales con la ampliación del horario de atención al público y acudiendo a las pedanías de Utrera: "Nunca antes los trabajadores sociales municipales se habían desplazado a las pedanías", señala José María Villalobos.

El alcalde socialista señala la alta tasa de paro como el origen del problema. "Por primera vez desde septiembre de 2011, el número de parados registrados en el Inem bajó en agosto de los 8.000 parados en un municipio con poco más de 50.000 habitantes". En este sentido, Villalobos asegura que hay en marcha un plan municipal de empleo de urgencia, al tiempo que se buscan inversores fuera del municipio y se desarrolla un plan estratégico económico y de empleo, "inexistente hasta ahora".

Gonzalo Cañestro, alerta del "desajuste" que existe actualmente "entre la situación de necesidad y demanda social y los recursos que permiten darles respuesta". La Asociación de Directores y Gerentes de Centros de Servicios Sociales en España va aún más allá y califica a los servicios sociales andaluces como "irrelevantes".

José Antonio Alfaro, desde Salteras, habla de "sobrecarga del servicio y del trabajo que asume la plantilla". "Programas de empleo, ayudas de dependencia, emergencia social. La cartera de los servicios sociales es ahora mucho mayor, pero cuenta con los mismos recursos y la misma plantilla que en 2007", explica.

Alfaro, además concejal del Ayuntamiento de Salteras, reconoce que son muchos los consistorios que "no tienen capacidad económica" para asumir este servicio y "tienen que derivar los casos a organizaciones no gubernamentales".

En Sevilla capital, en concreto, hay 11 centros de servicios sociales más cuatro dedicados a Zonas de Especial Actuación, todos ellos de competencia municipal. Cañestro considera que se trata de "pocas unidades" teniendo en cuenta la población total de Sevilla, que equivale a más de "40.000 ciudadanos por cada unidad". "El sistema no responde a la realidad", apunta Gonzalo Cañestro.

Los profesionales del sector alertan, además, de la posibilidad de que estas unidades y servicios sean eliminados con la puesta en marcha de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016. Gonzalo Cañestro explica que con esta nueva normativa se deja a la "arbitrariedad" de los Ayuntamientos la decisión sobre la intervención y el gasto social, seleccionando ellos mismos los servicios que consideren necesarios. De este modo, habrá, por ejemplo, ayuntamientos que dispongan de un equipo de tratamiento familiar o de atención a víctimas de violencia de género y otros no. Esto incrementaría, según aclara el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Sevilla, la desigualdad ya existente entre las diferentes comunidades y provincias españolas, al no existir una única ley de servicios sociales estatal. "Cuando más necesarios son los servicios sociales, estos pasan por su mayor momento de crisis", dice.

El presidente del colegio profesional reflexiona sobre si las diferentes administraciones públicas podrían haber evitado ciertas situaciones de emergencia social ya que, como recuerda, "desde que una persona empieza a no poder pagar la hipoteca de su casa hasta que recibe una orden de desahucio pasa mucho tiempo". En este sentido, Cañestro lanza una pregunta: "¿Interesa la pobreza?".