El Dioni de Pino Montano tuvo un precedente en Almensilla que se resolvió con una condena mínima

El presunto desfalco del administrador de fincas José Manuel Moreno Lucas-Viedma, que emuló al Dioni y huyó con el dinero de los clientes, tuvo un precedente similar en la provincia de Sevilla que se resolvió con condenas mínimas. Lucas-Viedma pidió numerosos créditos a nombre de las comunidades que gestionaba, sin informar de ello a los vecinos. Luego dejó de pagar los préstamos y el banco ha empezado a reclamar los impagos a las comunidades afectadas. Teniendo en cuenta que los créditos eran por importes de entre 150.000 y 192.000 euros, aproximadamente, y que hay más de una quincena de comunidades afectadas, puede tratarse de una presunta estafa millonaria. La mayoría de los casos están en Pino Montano, si bien también los hay en la Macarena, Juan XXIII, Sevilla Este y Camas.

El asunto que le precede es el del también llamado Dioni de Almensilla, Julio Mateos Palacios, que acabó condenado a tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida. La sentencia, de hace un año, es de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Mateos era el tesorero de la junta de compensación de la urbanización Sector F de la citada localidad. Se le impuso además el pago de una multa de 3.525 euros como autor de un delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de dilaciones indebidas. También fue condenado el presidente, Ismael Perea, ex alto cargo socialista, al que se impuso una pena de dos años y un mes y una multa de 2.700 euros.

Mateos Palacios ni siquiera tuvo que regresar a la cárcel tras el juicio, pues ya había cumplido la pena con el tiempo que permaneció en prisión provisional. En concepto de responsabilidad civil, ambos acusados fueron condenados a indemnizar de forma conjunta y solidaria a la junta de compensación del Sector F de Almensilla en la cantidad total de 1.368.295,96 euros por los perjuicios ocasionados, mientras que el que fuera tesorero de esta Junta de Compensación también deberá indemnizar a la misma en la cantidad de 40.942,04 euros por los perjuicios ocasionados a consecuencia de una serie de cheques emitidos “con su sola firma” y que “fueron indebidamente cobrados por él mismo”.

La Sección Tercera de la Audiencia consideró probado que, con fecha 21 de enero de 1993, el Ayuntamiento de Almensilla aprobó los Estatutos y Bases de actuación de la junta de compensación, constituyéndose la misma mediante escritura pública de 23 de marzo de 1994, aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA acordó anular todo lo anterior por medio de una sentencia dictada el día 15 de diciembre de 2001, tras lo que, el día 12 de marzo de 2002, se publicó el proyecto de estatutos de la junta de compensación en el Boletín Oficial de la Provincial y mediante escritura pública de 18 de septiembre de 2002 se volvió a constituir.

De acuerdo a estos estatutos, esta junta de compensación es una entidad urbanística colaboradora del Ayuntamiento de Almensilla, está compuesta por los titulares de parcelas pendientes de urbanizar o no urbanizadas del Sector F, el cual comprende un terreno de un millón de metros cuadrados de extensión por urbanizar y se encuentra repartido en la actualidad entre unos 700 asociados parcelistas. Esta junta de compensación tiene por objeto las actuaciones tendentes a la urbanización del Sector F y está compuesta por distintos órganos, como asamblea o junta general, junta de delegados, presidente, secretario y tesorero.

Los magistrados relatan que la junta de compensación firmó con una entidad bancaria un contrato de cuenta corriente, siendo el presidente y el tesorero los únicos autorizados con su firma en dicha cuenta cuyo único titular es la propia junta. El día 27 de mayo de 2015, el entonces tesorero remitió un correo electrónico al presidente y al secretario de la Junta de Compensación donde reconocía haberse apropiado de dinero de la referida Junta, tras lo que, al día siguiente, estos dos últimos comparecieron ante la Policía Nacional para denunciar al acusado, y ya el 29 de mayo dieron cuenta a los copropietarios tanto del correo electrónico como de la denuncia.

El tribunal consideró probado que los dos condenados, "aprovechando su condición de tesorero y presidente, respectivamente, y únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, con la única finalidad de enriquecerse injustamente, detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la que era titular aquella entidad, librando cheques en su propio beneficio entre el pasado 5 de febrero de 2009 y el 22 de diciembre de 2012", añadiendo que, "para llevar a cabo el plan urdido, acordaron librar cheques que fueron registrados bajo los conceptos "Caja 1", "Tesorería 2", cuyo destinatario era Julio Mateos, y "Tesorería 3", cuyo beneficiario era Ismael Perea".

El tesorero de la junta de compensación estuvo en paradero desconocido hasta que la Policía lo localizó en Santo Domingo (República Dominicana) en el mes de febrero de 2016, emitiéndose el 11 de abril de ese mismo año la oportuna orden de detención internacional por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río. El 15 de agosto de 2016, la Policía Nacional lo detuvo en el aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas después de que el acusado fuese deportado por las autoridades de Inmigración de República Dominicana. Tras ser detenido, permaneció en prisión provisional desde el 18 de agosto de 2016 hasta el día 16 de mayo de 2019, cuando se acordó su puesta en libertad previo abono de una fianza de 40.000 euros. En el juicio, Julio Mateos reconoció todos y cada uno de los hechos imputados y se demostró que el tesorero disponía del dinero de los comuneros a su antojo y sin ningún control.