La Junta tendrá en cuenta y "valorará" para adjudicar la explotación del yacimiento de Aznalcóllar que las empresas incluyan la restauración de la antigua corta, la mina a cielo abierto en la que se depositaron los seis millones de metros cúbicos de material tóxico de la limpieza de 4.000 hectáreas afectadas por la rotura de la balsa, en 1998. Ahí siguen, junto los residuos que se generaron en el poco tiempo que la mina funcionó después, hasta 2001, y el agua. La Junta vigila la estabilidad de las paredes y que no haya filtraciones. De lograrse ese sellado, se remataría el proceso de restauración sin precedentes que costó cerca de 90 millones de euros.

Se trata de una de las novedades que el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Ferrer, y la directora de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, adelantaron ayer sobre el pliego que va a regir el concurso internacional para adjudicar la explotación. Asensio recordó que, con la nueva legislación, las empresas ya deben presentar desde el principio un plan de restauración de la zona afectada por la actividad minera: cortas, escombreras, suelo industrial. Ese plan se cuantifica y materializa en un aval que se deposita ante la administración. La idea es que incluya no sólo a la Corta de los Frailes, donde está el mineral por extraer, sino la que se agotó en 1996 y se aprovechó para echar los lodos.

En el pliego se tendrá en cuenta también el empleo que se genere, unos 300 directos, según estimó Asensio, aunque descartó que se llegue a los niveles de contratos directos que había en los años 90 por las nuevas tecnologías de extracción. Pero incidió en que lo importante es la industria auxiliar y complementaria (laboratorios, empresas de transformación...), que se generen alrededor. Sobre la preocupación de los mineros de que no se cree una nueva planta de tratamiento y que se aprovechen otras que existen cercanas, la Junta insistió que se valorará en el concurso, pero no es lo mas importante. Ferrer descartó que el celo que se va a poner en ese concurso y las exigencias hagan desistir a las interesadas.

El pliego, según dijo, está ya redactado y analizándose jurídicamente. Se publicará en enero. Teniendo en cuenta los plazos para presentar y estudiar las ofertas, puede haber una empresa seleccionada a finales del próximo verano o principios de otoño, dijo. A partir de ahí, la empresa tendría que empezar a contratar para echar a andar el proyecto. Desde que en julio se anunció la reapertura de Aznalcóllar, se han mantenido reuniones con varias empresas interesadas. Los responsables de la Junta no quisieron dar números ni nombres, pero la mayoría son grupos o uniones que se van a constituir y apuntaron que dominan compañías de origen anglosajón (canadienses, británicas y australianas) aunque hay nacionales que se han interesado.

Ferrer y Asensio pusieron el acento en que se ha querido diseñar un "marco jurídico" que permita elegir el "mejor proyecto" desde el punto de vista económico, medioambiental, técnico y social y dadas las particularidades de Aznalcóllar. De ahí el decreto ley que se aprobó el martes. El objetivo del mismo es poder expropiar los derechos jurídicos que puedan haberse generado por las solicitudes que se habían presentado para explotar la mina. No precisaron de cuándo son ni de qué compañías, pero no tienen que ver con Boliden, a la que se va a vetar en el concurso, por la deuda que mantiene con la Junta a cuenta del vertido.

El tener el "terreno limpio" o libre de cualquier derecho adquirido, permitirá partir de cero y comparar para elegir y evitar problemas como los que están retrasando a la reapertura de la Mina de Riotinto. Ferrer y Asensio recordaron que Aznalcóllar es distinta a otras explotaciones: no son necesarios estudios para calibrar la cantidad de material que se puede extraer. Tiene 37 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo, zinc, sobre todo) identificadas y documentadas y se calcula que a más profundidad puede haber 45 millones más.

También se ha tenido en cuenta la historia y la catástrofe de 1998 para fijar "líneas rojas" y garantizaron que la reapertura no supondrá riesgo ni "marcha atrás" en las exigencias medioambientales. Han mantenido reuniones con Ecologistas en Acción. "Aquello no se va a convertir en un vertedero" la normativa del siglo XXI no lo permite, como no permite balsas de lodos. Sobre las necesidades de agua, Asensio dijo que se verá en el proyecto, pero que no saldrá agua contaminada de la mina.