La política fiscal del Gobierno

Los empresarios de Sevilla rechazan el impuesto a las prácticas de FP

  • La CES advierte que el tributo creará “más problemas” en una enseñanza necesitada de oferta

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). / José Ángel García

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Frente empresarial contra el decreto del Gobierno. El cambio introducido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que obliga a las empresas que imparten la Formación en Centros de Trabajo (FCT) a pagar a la Seguridad Social por las horas de prácticas de los alumnos de FP y universidad ha provocado un rotundo rechazo en el sector empresarial sevillano. Así lo dio a conocer ayer la Confederación de Empresarios Sevillanos (CES), que se opone a tal medida, al entender que se trata de un “impuestazo a la formación” y que tal decisión provocará una disminución de la prácticas en una enseñanza que se ha vuelto esencial en la provincia sevillana para lograr la inserción laboral de los más jóvenes.

“Esta nueva norma grava a las empresas y a los centros educativos con una nueva carga impositiva y, lo que es más importante, con una medida que es a todas luces un despropósito si se pretende incluir en el régimen de la Seguridad Social no sólo a quienes realicen prácticas, sino también a las que no tengan carácter remunerado”, denuncia la CES.

El decreto, publicado el pasado 28 de diciembre, en plenas vacaciones de Navidad, contempla que, en caso de que las entidades colaboradoras no pueden hacerse cago del pago a la Seguridad Social, sean los centros educativos los que afronten el desembolso. Diversas patronales del sector –entre ellas CECE Andalucía– ya han advertido que muchas empresas intentarán que sean los institutos los que abonen este impuesto, lo que a juicio de la CES provocará “un conflicto entre ambas partes, cuando lo que habría que facilitar es esa necesaria e imprescindible colaboración”.

Para la confederación empresarial, presidida por Miguel Rus, el principal “perjudicado” por esta nueva obligación fiscal son “los jóvenes que quieren acabar sus estudios de Formación Profesional y que se les facilite la experiencia profesional que suponen unas prácticas formativas en el entorno laboral”.

“Si lo que se pretendía era una nueva de forma de recaudación tributaria, no se ha podido hacer peor, al poner más dificultades aún a la FP”, asevera en un comunicado la CES, que incide en que lo que esta enseñanza necesita “es que se le amplíe la oferta de ciclos formativos, que en estos momentos no llega para atender a la altísima demanda de alumnado que quieren acceder a sus módulos”.

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