Por muchas vueltas que las defensas les dieron a sus preguntas, no hubo manera de cambiar ni un ápice del testimonio de los principales testigos de cargo en el caso del cohecho de Mercasevilla. Los hosteleros del grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas ratificaron este lunes en el juicio que los ex directivos de esta sociedad pública mixta les "extorsionaron" y exigieron "un soborno" de 300.000 euros para hacerse con la gestión de la escuela de hostelería que se iba a crear en el Mercado y que ya había sido subvencionada en su totalidad con 900.000 euros. 

El hostelero Pedro Sánchez Cuerda explicó que el entonces subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce le dijo en una reunión que tuvo lugar el 16 de enero de 2009 que tenía dos noticias para él: una buena y otra mala. La buena consistía en que la Junta había subvencionado el cien por cien del proyecto, y la mala, que había "dos gastos no previstos" que tendrían que afrontar los empresarios. Uno de ellos era la acometida de la luz, que supondría un coste de 150.000 euros, y otro que "la Junta solicitaba 300.000 euros como un soborno", porque había que darle a la Administración "un porcentaje" de la subvención concedida "a título de comisión". 

Pedro Sánchez Cuerda ratificó que el ex directivo le dijo que, para demostrar que el dinero no era para él, podría traer los 300.000 euros "en un maletín" que se les "olvidaría en un despacho". 

Una vez que le exigieron el dinero, el empresario le dijo a Ponce que quería mantener una reunión con el entonces gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, para ver si él estaba al corriente de "la barbaridad" que les estaban pidiendo y para mostrarle su indignación. "Cuando salí de la reunión pensé que me estaban robando", expresó gráficamente el hostelero, que continuó explicando que a partir de ese momento contactaron con un alto cargo de la Junta, Juan Gallo, al que comentaron lo que les había pasado y, según el empresario, éste les sugirió que grabaran la petición de los directivos de Mercasevilla. 

El testigo aseveró que en la segunda reunión, que tuvo lugar el 27 de enero de 2009 y en la que ya estuvo presente Fernando Mellet, se les volvió a repetir la exigencia del soborno, con el argumento de que "la Junta colabora con quien colabora" con esta Administración, y también que los directivos les dijeron que su cometido "era recaudar el dinero y entregarlo" y que se tenían que creer que la comisión iba para "los niños saharauis o para los carteles de Felipe González". 

El hostelero añadió que, una vez que mostraron su negativa a realizar ningún pago, la conversación fue derivando hacia "una especie de regateo", en el que les indicaron que Mercasevilla quizás podría hacerle una factura del dinero que entregaran, o bien les rebajarían la cantidad o también les hablaron de la posibilidad de que hicieran una "donación" a la Fundación Socioasistencial. En un momento dado les llegaron a decir "200.000 euros y no se habla más". 

En cuanto al destino del dinero, Pedro Sánchez Cuerda afirmó que no sabe en realidad para quién iba. "No me fié de ellos, no sabía si lo estaban pidiendo para la Junta o para ellos", aseveró el testigo, que añadió que en cualquier caso les estaban "estafando y robando" y también le extrañó que la cantidad "se pudiera regatear sobre la marcha". 

El hostelero aseguró igualmente que, para tratar de convencerles, los directivos de Mercasevilla les ofrecieron otros "caramelitos", como por ejemplo que ellos podrían hablar con el Ayuntamiento de Sevilla y con las consejerías de la Junta para que se le encargaran a la escuela diversos caterings y comidas de trabajo que supondrían una fuente de ingresos extra, o que les garantizaran que los cursos que se desarrollaran en la escuela estarían subvencionados por la Junta. 

Antes de la concesión de la subvención de 900.000 euros por parte de la Junta, los hosteleros reconocen que asistieron a "más de cinco reuniones" con responsables de la Junta, entre ellos el entonces delegado de Empleo y también imputado, Antonio Rivas, y a las que asistieron además de los directivos del Mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, el supuesto "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas. 

Por su parte, José Ignacio de Rojas, socio y primo de Pedro Sánchez Cuerda, corroboró la exigencia de la comisión por parte de los directivos del Mercado Central y dijo que ambos entendieron "claramente" que si negaban a pagar la mordida no iban a gestionar la escuela de hostelería. De Rojas hizo hincapié en que a iniciativa suya se reunieron con Juan Gallo y precisó que fue idea suya, no del alto cargo de la Junta, llevar una grabadora al siguiente encuentro con los responsables de Mercasevilla. 

De Rojas afirmó al jurado que sabe lo que hizo al grabar y denunciar los hechos, y por ello volvería a hacerlo 20 veces tanto en defensa propia como por el bien de los "ciudadanos, de los parados y de los niños saharauis", de los que se "mofan" en la conversación los directivos. 

El empresario ratificó que en esa conversación se les repitió la exigencia de la comisión, algo que fue corroborado durante la grabación por Fernando Mellet, y también sostuvo que al final de esa conversación les hicieron una rebaja en las peticiones, hablándoles de la posibilidad de un donativo. "Hacen el encuadre para que todo tuviera un marco legal" y "disfrazar" el pago, dijo De Rojas, pero subrayó que hasta en tres ocasiones se negaron a pagar. 

Cuando el fiscal le preguntó para quién iba destinado el dinero, José Ignacio de Rojas afirmó que lo desconoce: "Yo no lo puedo saber. Si usted me manda a El Corte Inglés a robar tres abrigos, con uno o dos me quedo, y el tercero será para usted", dijo De Rojas. "Nos vieron cara de tontos y nos querían engañar", concluyó.