El rechazo de la Junta de Andalucía a que las piezas originales del Tesoro del Carambolo se expongan en el Ayuntamiento de Sevilla temporalmente enconó aún más este lunes las relaciones con el gobierno de Juan Ignacio Zoido, que insistió en mantener la muestra prevista e incluso llegó a pedir la mediación en el asunto de la presidenta andaluza, Susana Díaz, al considerar que no hay razones técnicas para vetar esta iniciativa municipal.

El objeto de la discusión se centra en las medidas de seguridad que tienen que rodear al Consistorio para que esta exhibición pueda ser autorizada. Según ha podido saber este periódico, los técnicos que componen dicho órgano consultivo -ni en el debate ni en el dictamen hubo políticos presentes- acordaron un informe desfavorable, al considerar que, a pesar de las medidas de seguridad, podría haber riesgos, pero ofrecieron dos propuestas para salvar la exposición. La primera sería exponer la réplica realizada por el orfebre Fernando Marmolejo, pues el fundamento de la muestra -que se denominaría El Carambolo: El Tesoro que supo hacer suyo Sevilla- no se desvirtuaría, ya que se trataría de reafirmar la historia del hallazgo y su vinculación con la capital; y la segunda trasladar la iniciativa al Museo Arqueológico, donde sí se darían todas las medidas óptimas.

Los expertos estuvieron discutiendo durante hora y media, según se recoge en el acta. La primera negativa fue la de la dirección del Museo Arqueológico, presente en la reunión y que, de entrada, apuntó que el Ayuntamiento es actualmente una sede administrativa, no museística y que carece, por tanto, del sostén técnico pertinente. Además, apuntó que los tiempos para este complicado proceso que requiere el préstamo del tesoro son muy ajustados, pues oficialmente la Junta de Andalucía, quien tutela este patrimonio, no tuvo conocimiento de la iniciaitiva de Zoido hasta diciembre de 2014. De hecho, la visita de los asesores de seguridad al Consistorio tuvo lugar cuatro días antes de que se emitiese el dictamen. En esa primera inspección se observó que no había un plan de evacuación, por ejemplo, mientras un informe policial alertaba de "concentración de riesgo elevada". Incluso se apuntó también el peligro añadido del montaje de los palcos de Semana Santa, en plena muestra. O el hecho de que se hayan filtrado, con motivo de otros préstamos, datos de la tasación de las piezas.

También discutieron los técnicos sobre la necesidad de invertir en la instalación de arcos de seguridad y medidas adicionales -que el gobierno local estaría dispuesto a costear, de hecho algunas ya se han acometido-, incluso de un posible traslado de vitrinas desde el museo y otras actuaciones para garantizar las condiciones ambientales que requiere la conservación del oro. Haciendo un repaso por el recorrido que haría el público para acceder a la muestra, se observaron por parte de los técnicos vanos, rejillas y espacios sin protección, así como puertas que dificultarían la evacuación en un recinto expositivo por el que pasarían unas 60 personas por hora.

Y todos coincidieron en la obligación de evitar riesgos, aunque algunos apuntaron la conveniencia de exponer alguna de las dos réplicas que existen del tesoro, una opción que elimina el componente fetichista que supone también la exhibición del tesoro original.

Tras estas consideraciones, la Junta de Andalucía ofreció al alcalde de Sevilla este lunes la posibilidad de que la exposición se instale en el Museo Arqueológico y sea sufragada entre ambas administraciones. "El patrimonio no es un legado de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos, y hay que cuidarlo; por tanto, si los informes técnicos desaconsejan que ése sea el lugar, no lo vamos a autorizar", explicó el consejero de Cultura, Luciano Alonso, que se mostró dispuesto a hablar con Zoido para buscar una solución.

Una salida que no sería temporal, sino permanente, hasta que se puedan acometer las obras necesarias en el Arqueológico para ampliarlo y colocar la cámara acorazada, donde se podrán exhibir las piezas originales que ahora se custodian en la caja fuerte de una entidad bancaria.

Un ofrecimiento que el alcalde no consideró sincero, pues, según él, lleva desde el pasado vienes esperando que el consejero responda a una llamada telefónica. La intención de Zoido era frenar el veto a la iniciativa, dado que ya se habían solventado algunas cuestiones técnicas, que la citada Comisión de Bienes Muebles no conocía en el momento de emitir su dictamen. Zoido lamentó este lunes que esos informes complementarios, que entraron en la Consejería el día 26, horas antes de la citada reunión de expertos, fueron ocultados "negligentemente". Pero la Junta alega que no llegaron hasta el 27 al servicio correspondiente y que la documentación, confidencial, no llegó con la forma requerida, en sobre cerrado, un "grave desliz".

Una de las claves está en los tiempos. La inauguración de la muestra estaba prevista para el 6 de febrero, el mismo día en que el Ayuntamiento recibió el informe definitivo de la Subdelegación del Gobierno que autoriza las medidas de seguridad de la exposición, que fueron ampliadas al detectarse, entre otros, la falta de un plan de evacuación, subsanada. Así, se prevé que la seguridad se reforzará con un vigilante de seguridad con arma y otro sin arma, ambos con servicio de 24 horas. Este informe se aprobó tres días después de que se emitiese el dictamen desfavorable del Consejo Andaluz de Patrimonio Histórico y no llegó hasta el Ayuntamiento hasta 12 días después, por lo que hasta ayer no fue posible que el documento llegara a los servicios de la Junta que tramitan el expediente.

El alcalde insistió este lunes en que el veto es incomprensible, pues el informe de Patrimonio no es vinculante, y apuntó que el Ministerio de Cultura -el Gobierno debe autorizar la muestra- dio su visto bueno el 3 de febrero, pero la licencia queda condicionada al cumplimiento de las condiciones generales y los contenidos de los informes técnicos. Y, de momento, hay uno en contra.