El caso de las facturas falsas llega a juicio 4 años después del escándalo

La Audiencia de Sevilla inicia hoy el juicio por el caso de las facturas falsas en el distrito Macarena, un proceso que llega cuatro años después de que se destapara el escándalo y de que se produjeran dos dimisiones políticas.

Un jurado popular compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres enjuiciará a partir de hoy a los tres imputados en el primer caso por presunta corrupción política que llega a este tribunal. La primera sesión del caso comenzará con los alegatos previos del fiscal, la acusación particular que ejerce el Partido Andalucista, y de los abogados defensores de los tres acusados, así como la declaración de los tres implicados: el ex director del área de Salud y Consumo y ex secretario del distrito Macarena José Marín Rodríguez; el contratista José Pardo García; y el voluntario del distrito Manuel Portela Alcántara.

A lo largo de la vista oral, que se prolongará durante algo más de una semana, deben declarar al menos cincos testigos, entre ellos el ex concejal de Salud y Consumo, José Antonio García, que estuvo imputado hasta la última fase de la instrucción, cuando la juez consideró que no debía ser juzgado después de que la Fiscalía no le acusara y sólo presentara cargos contra su persona la acusación del PA.

El juicio por el caso Macarena se fijó inicialmente para octubre pasado, pero tuvo que ser aplazado después de que el ex secretario del distrito renunciara a su abogado alegando una supuesta pérdida de confianza en su letrado una vez que se destaparon las negociaciones con la Fiscalía para tratar de rebajar la condena a dos años de prisión, lo que permitiría la suspensión de la pena.

La vista oral se iniciará hoy con la posibilidad de ese acuerdo prácticamente descartada y con la incorporación del abogado José María del Nido como letrado defensor del imputado José Marín Rodríguez, según han confirmado fuentes del caso.

La Fiscalía solicita una condena de cinco años y tres meses de cárcel para el ex secretario del distrito José Marín, al que atribuye la presunta autoría de delitos continuados de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Para el contratista José Pardo reclama cuatro años y tres meses de cárcel, por los mismos delitos, y finalmente exige un año y cinco meses de prisión para el trabajador voluntario del distrito Manuel Portela, al que imputa un delito de malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público centra el peso de la acusación sobre José Marín, quien, según recoge en su escrito de conclusiones provisionales, actuó con "la colaboración y anuencia y el silencio posterior" del también imputado Manuel Portela, al que se atribuye una participación de cómplice en la supuesta malversación. El colaborador se encargaba de llamar a las empresas adjudicatarias y junto al secretario debían "comprobar in situ que la obra se había realizado". El fiscal cree que el secretario del distrito "consintió que José Pardo se apropiara lisa y llanamente" del importe de las facturas de varias obras realizadas en el distrito.

En cuanto a José Pardo, la acusación pública entiende que se "prevalió" del conocimiento personal que había adquirido a través del PSOE, partido en el que militó, "para conseguir que le llamaran para formular presupuestos en relación con las obras menores". De esta manera, José Pardo "ideó valerse por su cuenta y riesgo" del nombre de la empresa Contratas y Obras de Sevilla, de la que fue socio, para "obtener una ganancia a título individual".

De las 28 obras cobradas por el contratista poco antes de las elecciones de 2003, la Fiscalía de Sevilla, que estará representada en el juicio por el teniente fiscal, Antonio Ocaña -el número 2 de la Fiscalía hispalense tras María José Segarra-, cree que la mitad de ellas contienen irregularidades diversas. Así, junto a las dos facturas correspondientes a la demolición de la capilla de San Diego, cuya falsedad nadie cuestiona, el Ministerio Público cree que hay otras cuatro facturas que tampoco fueron ejecutadas, dos más que están duplicadas, y seis más que se abonaron íntegramente a pesar de que sólo se llegaron a ejecutar parcialmente.