Descartadas las supuestas irregularidades del Plan Centro que sirvieron al PP para argumentar su derogación, la comisión de investigación centró su tercera jornada en averiguar más sobre lo único cierto: que no se sancionaba.

El PP confirmó que el gobierno anterior silenció a la opinión pública que había dejado de multar desde el 29 de marzo por falta de personal para tramitar las sanciones. Tampoco informó de que desde el principio las multas se ponían a los infractores que sobrepasaban la franja de 75 a 200 minutos (no los 45 minutos) por la limitación que impuso la Agencia Tributaria de poner un máximo de 250 multas diarias ante la imposibilidad de tramitar las 2.500 que generaba el plan.

El área de Movilidad del gobierno anterior no citó expresamente estos problemas para sancionar en el documento de traspaso de poderes entre ambos gobiernos, según confirmó el martes la jefa del servicio de proyectos y obras Reyes González, y ayer ratificó el actual delegado de Movilidad Demetrio Cabello.

El anterior edil de Movilidad, el socialista Francisco Fernández, reconoció que no dijo palabra a los ciudadanos de que no se sancionaba y tampoco a Alfredo Sánchez Monteseirín. "Al alcalde le dije que el Plan Centro estaba cumpliendo sus objetivos", afirmó. Sí se lo dijo a la delegación de Recursos Humanos y la Agencia Tributaria, y volvería a hacerlo porque "el plan nunca nació con una voluntad recaudadora; no lo invalidaban las dificultades administrativas ni eso es relevantes desde el punto de vista político ni jurídico para dudar del plan". El ex concejal criticó al PP por "encargar un informe a medida" para justificar técnicamente una decisión política que estaba en el programa electoral y lo acusó de urdir "una trama" para intentar desprestigiar al gobierno anterior.

El ex director de Movilidad Rubén García explicó que se dejó de multar por "una situación provisional de falta de personal que no se sabía cuánto iba a durar" y asumiendo una propuesta del jefe del servicio de Tráfico y Transportes. No se dijo nada al ciudadano por la "lógica reserva de la Administración" y negó que la conducta sobre las sanciones se debiera a una decisión política. Negó que se haya incumplido la ordenanza al multar las infracciones de 75 a 200 minutos porque la norma tipifica que hay infracción cuando se superan los 45 minutos.

La aportación más clarificadora y franca sobre el origen de la polémica montada por el PP sobre el Plan Centro la aportó ayer el actual delegado de Movilidad, el independiente Demetrio Cabello. Según su versión, él tenía la orden política de derogar el Plan Centro para cumplir el programa del PP y a eso se dedicó cuando le llegó que no se estaba sancionando por problemas de personal. Dijo que sólo se tramitaron sanciones del 21 de febrero al 25 de mayo. Firmó la resolución de derogación del plan el 27 de julio sin influirle "para nada" la polémica sobre los informes de los funcionarios, tampoco el que lanzó graves acusaciones. "Tenía otros problemas muchísimo más graves que el Plan Centro, como la grúa, los aparcamientos, los túneles y el sentido de las vías". Recibió el informe polémico del 22 de julio del funcionario Enrique Gutiérrez y lo envió a la Alcaldía, que decidió difundirlo a la prensa sin contrastar antes si era cierto su contenido.

Cabello se encontró un servicio de Movilidad con funcionarios enfrentados y con problemas de salud, restituyó en sus funciones a Gutiérrez, y acató crear la comisión. Su área está estudiando utilizar las cámaras para zanjar la doble fila en los carriles bus.