Las polémicas cámaras del centro siguen funcionando y grabando vehículos más de tres meses después de la derogación del plan de tráfico aprobada a finales de julio por el gobierno del PP. El área de Movilidad del nuevo Ayuntamiento las está utilizando para contar los coches que entran al casco antiguo y, según estos datos, desde marzo a octubre de 2011 ha crecido la presencia de vehículos en el casco histórico entre un 3 y un 7%.

Así lo desveló ayer en la primera jornada de comparecencias de la comisión de investigación del Plan Centro el director de Movilidad del nuevo gobierno, Enrique Medina, mientras la oposición lo interrogaba con el objetivo de intentar demostrar que el plan funcionaba y se eliminó por meras razones políticas. Este hecho contradice la tesis oficial de que las cámaras habían sido desconectadas y que había dudas sobre su posterior reutilización. Si no funcionaban, como reiteró una y otra vez el PP, no se entiende que están ahora en uso.

El director de Movilidad anunció esta utilidad de las cámaras para rechazar la afirmación del portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos de que el centro se había convertido en "un caos". Luego explicó al portavoz del PSOE Juan Espadas que el conteo del tráfico de coches en el centro se hace cada semana con las cámaras, y que la técnica se cambia a manual en las calles con sentido del tráfico opuesto al de los dispositivos del vigilancia.

Otro empleado de Movilidad también desveló que las cámaras se están usando para grabar imágenes de los vehículos que entran con vistas a comprobar el grado de la fiabilidad de las fotos que hace. Lo reconoció ayer el funcionario jefe de servicio del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, Enrique Gutiérrez, el mismo que redactó el 22 de julio el polémico informe que alegó el gobierno municipal como argumento para sustentar la decisión política prometida en campaña electoral de acabar con el plan centro. En su comparecencia entregó a la comisión unas imágenes de vehículos que él había tomado el pasado 3 de noviembre como prueba de la supuesta falta de fiabilidad de las cámaras. Aclaró que ningún superior le había ordenado tomarlas.

Tal afirmación levantó una tormenta de quejas en la oposición por la posible ilegalidad jurídica de estas grabaciones. El portavoz de IU exigió al secretario del Ayuntamiento un informe formal que demuestre "si es legal tomar imágenes de estos vehículos privados si el plan centro está derogado" y se preguntó si hay un posible delito en esta actuación. El funcionario palideció y se apresuró a decir que retiraba las imágenes si no era legal. El dilema lo resolverá el informe del secretario.

Sobre este punto, el funcionario de Movilidad destituido el viernes pasado y que hasta entonces se ocupaba de las cuestiones administrativas del Plan Centro, Francisco de Paula Estévez, afirmó que "si las cámaras siguen grabando, siguen sirviendo los ficheros de protección de datos" que se legalizaron para el Plan Centro, declaró.

La tercera cuestión que quedó clara en la comisión de investigación es que las cámaras instaladas por la empresa SICE, como tal soporte tecnológico, funcionaron y funcionan antes y después de la derogación del plan, frente a las acusaciones que lanzó el PP al principio para justificar su decisión. "El sistema tecnológico implantado funcionaba, pero la cantidad de datos manejados y la gestión de las infracciones lo hicieron inviable", declaró el director de Movilidad a preguntas del líder socialista.

El funcionario Gutiérrez también corroboró que "las cámaras funcionaban y siguen funcionando, otra cosa es la fiabilidad" de sus imágenes. Este punto fue acogido con satisfacción por los responsables de la empresa SICE presentes en la comisión, que declararán hoy.

Sobre las multas, el director de Movilidad admitió que supo después de derogarse el plan que la limitación de multas del Plan centro fue impuesta a 250 diarias como máximo por la Agencia Tributaria, no por el área de Movilidad del anterior gobierno (PSOE-IU).

Enrique Medina admitió también que se dejó de tramitar sanciones desde el 29 de marzo de 2011 por problemas de personal de ese servicio. "La única incidencia del plan centro fue la falta de personal que llevó al colapso en la tramitación de sanciones", dijo el funcionario ya cesado, Francisco de Paula, quien alertó de estos problemas al anterior director de Movilidad, Rubén García (PSOE), sin que pusiera remedio. Hizo los avisos por correo electrónico los días 21 y 22 de febrero y el 29 de abril. Ese problema de personal causa que los listados de personas autorizadas para entrar al centro no se puedan actualizar al ritmo adecuado y el 29 de marzo se decide dejar de sancionar", explicó ayer en respuesta al portavoz del gobierno y presidente de la comisión Francisco Pérez.

Otras novedades conocidas en la comisión vinieron del redactor del polémico informe que citaba supuestas irregularidades del Plan Centro. El funcionario Gutiérrez rectificó ayer sus afirmaciones iniciales en la cuestión de las sanciones y en la adjudicación del contrato a SICE. Según sus nuevos datos, sólo se enviaron multas por el Plan centro durante un mes (del 21 de febrero al 25 de marzo) y no desde diciembre a marzo; y admite ahora que SICE era la empresa preferida por la Mesa de Contratación, aunque había otro informe interno favorable a la competidora Telvent.