El gobierno municipal de Sevilla está convencido de que su proyecto estrella de la zona franca se estrenará "sin lugar a dudas" en el mandato de Juan Ignacio Zoido (PP), es decir, antes de las elecciones de mayo de 2015, en respuesta al vaticinio del PSOE municipal, que insiste justamente en lo contrario.

El equipo del regidor municipal añade que el alcalde podrá cumplir su deseo de presidir el Consorcio de este recinto fiscal a pesar del escollo legal que supone para esta aspiración la nueva Ley de Montoro de Administración Local, que impide a los ayuntamientos presidir consorcios si están sujetos a un plan de ajuste presupuestario, como es el caso de Sevilla capital.

Así lo anunció ayer a preguntas de la prensa el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento y primer teniente de alcalde, Javier Landa, quien se atrevió a poner fecha y dijo que la zona franca empezará a funcionar "a partir de septiembre" de este mismo año, ya que para finales de ese mes el gobierno local calcula que estará "totalmente acabada" la obra del vallado del recinto fiscal y aprobados los estatutos y el reglamento interior.

Del Consorcio de la zona franca anunció que "estará formado como muy tarde en abril" de este mismo año. Para que ello suceda, antes de esa fecha el secretario de Estado de Hacienda debe aprobar el reglamento de régimen interior y los estatutos. Sólo una vez que se completen estos tres elementos que marca el Ministerio (vallado, estatutos y reglamento) podrá empezar a funcionar la zona franca.

Landa sostuvo ayer que el escollo legal de la Ley Montoro se salvará con toda seguridad gracias a una negociación con el ministro que está en marcha y que desembocará en un cambio normativo que beneficia a todas las zonas francas de España. Este cambio puede ser automático en forma de orden o decreto ministerial. "Garantizo que el Ayuntamiento liderará la zona franca. La negociación no es de Sevilla con Madrid. Rechazó que la negociación suponga "un favoritismo" para Sevilla porque "es para todas las zonas francas del país y se recogería por ley", aclaró el edil, economista de profesión.

Landa recalcó que una vez superado el obstáculo de la reciente ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no hay otro problema porque no estaba en duda la zona franca, sino "si el Ayuntamiento de Sevilla la preside y forma parte del Consorcio". Landa hizo estas declaraciones tras inaugurar unas jornadas de Movilidad de la empresa mixta Aussa de aparcamientos públicos que él mismo preside.

Los socialistas, a través de su portavoz adjunto Antonio Muñoz, insistieron a principios de esta semana a este periódico que será imposible que el gobierno de Zoido cumpla los trámites obligados para poner en marcha la zona franca en el plazo límite de dos años que dio el ministro Montoro, y que se agotan el 31 de agosto de 2015.

El ministro Montoro autorizó la zona franca de Sevilla oficialmente el pasado 31 de agosto de 2013 con la condición de que en el plazo de dos años, a contar desde esa fecha, se haya hecho la obra de vallado del recinto fiscal portuario y se hayan presentado para su aprobación los estatutos y el reglamento de régimen interior de la zona franca. El secretario de Estado de Hacienda es el encargado de la aprobación de los dos documentos.

Los suelos donde se ubicará inicialmente la zona franca de Sevilla son los que ya están urbanizados de Torrecuéllar, donde funcionan desde hace años seis empresas. El Ayuntamiento ha optado por ahorrar tiempo evitando urbanizar de momento los suelos rústicos de esta zona y concentrará el recinto fiscal en la parte ya urbanizada, parcialmente ocupada desde hace años por seis empresas.

Con la zona franca, estos suelos de Torrecuéllar dispondrán de un vallado perimetral y de unas ventajas fiscales, arancelarias, financieras y aduaneras que antes no tenían. Así pues, las seis empresas que ahora funcionan en Torrecuéllar se verán beneficiadas por el cambio. Se trata de Jannone S.A., Transformados Huévar, Hispalense de Líquidos, Sevitrade, Inabensa (Abengoa) y Leflet, según ha podido constatar este periódico. Más adelante, aunque sin concretar fechas, el Ayuntamiento se plantea ampliar la zona franca a otros muelles del Puerto e incluso al aeropuerto de Sevilla.

La autorización se otorgó al Ayuntamiento de Sevilla y a la Autoridad Portuaria, cada una con un número de identificación fiscal diferente. Según la orden, el órgano tendrá un presidente, vicepresidente y vocales y citaba entre las administraciones representadas el Ayuntamiento de Sevilla, el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Portuaria.

En las disposiciones generales de la autorización publicada en el Boletín Oficial del Estado 209 se aclara que la zona franca será para "almacenaje, transformación y distribución de mercancías" en los 719.876 metros cuadrados de los suelos de Torrecuéllar y quedará sometida a un control del tipo 1. Los terrenos son del Puerto y están situados entre la nueva esclusa y los suelos con naves que funcionan desde hace tiempo.