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Sevilla

Casi 600 guarderías se acogerán al nuevo modelo

  • La Junta defiende que con el cambio más familias podrán beneficiarse de las bonificaciones.

Protesta de padres, sindicatos y titulares de guarderías en Torretriana.

Protesta de padres, sindicatos y titulares de guarderías en Torretriana. / josé ángel garcía

Continúa la batalla por el nuevo decreto que regula las guarderías. Mientras que varios titulares de estos centros de convenio, sindicatos y padres se manifestaban este jueves ante la sede de la Consejería de Educación, en una protesta convocada por la patronal Escuelas Infantiles Unidas, para exigir la retirada de la normativa, la Junta defendía los cambios introducidos al entender que con ellos se beneficiarán más familias de las bonificaciones y podrán acogerse hasta 600 guarderías en toda Andalucía a las ayudas públicas.

La Consejería de Educación asegura que se trata de un "modelo abierto" en el que podrá participar "cualquier empresa o centro autorizado". Las previsiones del departamento que dirige Adelaida de la Calle apuntan a que en toda la comunidad autónoma se puedan incorporar a dicho sistema más de 600 escuelas infantiles, que se sumarían a los que ya mantienen el convenio. A diferencia del modelo actual, los acuerdos entre la Junta y los titulares de las guarderías se renovarían anualmente, y no cada cuatro años, como ocurre ahora.

Padres, sindicatos y titulares de centros se manifestaron ayer ante la sede de Educación

Educación también incide en que el nuevo modelo de acuerdo incluye un sistema de ayudas a las familias "más justo". En este sentido, destaca que "se ajusta para las familias con más ingresos, lo que permitirá llegar a más familas con mayores necesidades económicas". En todo caso, se mantienen los criterios para otorgar las bonificaciones: la renta per cápita de cada hogar.

Respecto a la escolarización, la Consejería aclara que los niños que no hubieran alcanzado el 1 de septiembre las 16 semanas (edad mínima para entrar en estos centros) podrán solicitar la ayuda, lo que supone un cambio respecto al borrador primitivo del decreto, que no contemplaba tal posibilidad. Educación estudia qué fórmula articular para que las familias que se encuentren en esta circunstancia cuenten con una plaza disponible.

Por su parte, la Plataforma de Centros Infantiles sin Convenio, que respalda a la Junta con el nuevo decreto, asegura que "las familias no están siendo bien informadas" ante la alerta que se ha suscitado. En este punto, critican que las patronales convocantes de la manifestación hayan pedido que el precio de la plaza pública suba a 302 euros, solicitud denegada por la Junta, que mantendrá el tope en los 278,90 y un mínimo aún por fijar.

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