La juez investiga ahora las obras adjudicadas a Sando desde 2003

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla ha imputado en la causa a tres representantes de la empresa Sando, que ganó el concurso a pesar de que el grupo Noga realizó una oferta económica que superaba en 52 millones de euros a la propuesta ganadora. En concreto, la magistrada ha dictado un auto en el que da traslado de las actuaciones, para que puedan ejercer su derecho de defensa, asistidos de procurador y abogado, al presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; a su hijo, Luis Sánchez Manzano, vicepresidente y consejero delegado del grupo Sando; y a José Luis Miró Morales, vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria.

El auto de la juez Mercedes Alaya acuerda dar traslado de las actuaciones a estos directivos de acuerdo con el artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que "toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho".

Según explicaron fuentes del caso, el emplazamiento a los representantes de la empresa ganadora del concurso es el primer paso para que estos directivos sean citados a declarar ante la juez, en calidad de imputados.

La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla ha reclamado además a la Gerencia de Urbanismo que informe sobre las obras contratadas con las empresas Sanma, Sando o cualquier filial de las mismas desde 2003, fecha en la que el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño comenzó a ejercer funciones como director de área de Vía Pública, según cita la propia resolución judicial.

La petición a Urbanismo se produce tan sólo unos días después de que la instructora decidiera imputar en la causa a Domingo Enrique Castaño, la persona a la que el Partido Popular -que ejerce la acusación particular en el proceso- considera como el cerebro de la operación de venta de los suelos del mercado mayorista. Domingo Enrique Castaño, como miembro de la comisión ejecutiva y del consejo de administración de Mercasevilla, intervino en el concurso público que acabó adjudicándose a Sando. Castaño era por entonces jefe de la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, también imputada en el proceso y que fue la persona que redactó la cláusula de limitación al alza, que favoreció a la constructora Sando al penalizar la oferta económica efectuada por el grupo Noga porque superaba en un 10% la media aritmética de la totalidad de las propuestas presentadas.

Después de su paso por el área de Vía Pública, Domingo Enrique Castaño fue contratado como directivo de una de las sociedades de Sando, aunque en la actualidad ya no trabaja para este grupo.

Una de las últimas ocasiones en la que el nombre de Domingo Enrique Castaño salió a relucir en el caso fue con motivo de la declaración del principal imputado, el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, a quien la juez llegó a interrogar sobre el papel que pudo jugar en la operación de venta de los suelos el ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. En esa comparecencia, Fernando Mellet sostuvo que no sabe si fue Domingo Enrique Castaño quien puso a Sando en contacto con el mercado, ni si ésta persona ideó que la filial de la empresa malagueña ganase el concurso como una posible contraprestación al derecho de superficie que habían adquirido a la inmobiliaria Larena 98 y por el que Sando tenía que pagar un canon mensual de arrendamiento.

La magistrada también ha ordenado que se libre mandamiento al registro de la propiedad de Málaga, al objeto de que remita "a la mayor brevedad posible" la historia registral de la entidad Sando, un aspecto que, según fuentes del caso, supondrá la incorporación al proceso de abundante documentación.

De otro lado, la instructora de la causa ha puesto en conocimiento de los abogados que la empresa auditora de la empresa Sanma -la filial de la constructora malagueña que ganó el concurso público de los terrenos de Mercasevilla- es Deloitte, la misma firma que está actualmente realizando la auditoría del mercado mayorista.

A lo largo de las diligencias practicadas durante la instrucción de este caso, la juez Mercedes Alaya ha ido poniendo de manifiesto la existencia, a su juicio, de posibles indicios de hasta cuatro delitos relacionados con el concurso para la adjudicación de los terrenos del mercado mayorista: prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacciones ilegales de funcionarios públicos, y delito societario.

Hasta el momento hay cinco imputados en esta variante del caso: el ex director general, Fernando Mellet, el ex subdirector, Daniel Ponce, el vicepresidente de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero, la funcionaria María Victoria Bustamante, el economista José Antonio Ripollés, y Domingo Enrique Castaño, que declarará el 17 de diciembre. La magistrada entiende que los imputados se pusieron de acuerdo para "predeterminar" que la oferta ganadora fuese la de Sanma, para lo cual elaboraron un pliego de condiciones que "favorecieran claramente" a Sando frente al resto de participantes.