El juicio por el delito fiscal en el caso Contsa, que tendría que haber arrancado este martes en el juzgado de lo Penal 10 de Sevilla, fue aplazado al 22 de julio por un fallo en la notificación al principal acusado, el propietario de la inmobiliaria, José Salas Bursón. Pese a que la citación no le pudo ser entregada por un error judicial, sí estaba en la sala de vistas su abogado, Tulio O'Neill. También comparecieron la otra acusada, María del Carmen Bautista, ex mujer de Salas, defendida por el letrado José Estanislao López. 

La juez suspendió la vista oral ante la ausencia del principal acusado y señaló el inicio del juicio para el próximo 22 de julio. Esta fecha estaba fijada para la segunda sesión de la vista, por lo que finalmente ese día se celebrará la primera. La juez también aprovechó para dar a las partes un plazo para la presentación de nuevas diligencias de prueba, que expirará el próximo 7 de julio, según informaron a este periódico fuentes del caso. 

La Fiscalía pide a José Salas siete años de cárcel por cuatro delitos fiscales, cada uno de ellos correspondiente a los años comprendidos entre el periodo 2003-2006. En este plazo de tiempo, el Ministerio Público sostiene que Salas defraudó presuntamente 2,7 millones. Para su ex mujer pide seis años de cárcel por los mismos delitos. 

En cuanto a las multas, la Fiscalía pide para Salas 5.686.218 euros y 2.786.399 euros para su esposa. La Abogacía del Estado solicita para el dueño de Contsa nueve años de cárcel y una multa de 8.897.034 euros, mientras para su cónyuge pide cuatro años de prisión y una multa de 2.78.6399 euros. Salas se enfrenta a otra petición de 13 años de cárcel por parte del Ministerio Público por un delito societario, otro de insolvencia punible y un tercer delito de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad documental. 

Según la Fiscalía, el empresario llevó a cabo una serie de medidas para "dotar de más opacidad y no someter a la preceptiva auditoría" a sus sociedades, como depositar desde 2007 cuentas abreviadas pese a que, según la legislación mercantil, debía hacerlo de modo ordinario. "Para ocultar el desfase real de acreedores, cada inversión por parte de terceros no constituía un asiento contable, sino que eran agrupados en una única partida".