El juez de Menores Alejandro Vián ha rechazado la puesta en libertad del Cuco, el menor que reside en un piso tutelado de la provincia de Cádiz y que fue condenado en marzo pasado a tres años de internamiento en un centro cerrado por un delito de encubrimiento en relación con el crimen de Marta del Castillo.

El auto del juez de Menores rechaza la petición de libertad que solicitó antes de que finalizara el juicio el abogado del Cuco, Fernando de Pablo, y a la que se había opuesto la Fiscalía de Sevilla pero no la acusación particular que ejercen los padres de Marta, que preferían que el menor quedara ahora en libertad hasta que se resuelvan los recursos y de esta forma que no se le compensaran los días por su estancia en el piso tutelado.

El magistrado argumenta en su resolución que la situación procesal en la que se encuentra el Cuco es "completamente legal", de acuerdo con el artículo 28 de la ley de responsabilidad penal del Menor, y señala que no le deja "de extrañar" que la petición de libertad se plantee en este momento, por cuanto el menor lleva desde noviembre de 2009 con la medida cautelar de convivencia en grupo y desde esa fecha por tanto la "posible situación de ilegalidad procesal" se ha venido consintiendo "no sólo por la defensa del menor sino por todas las partes personadas en el procedimiento".

El juez insiste en que ese artículo de la ley del menor no impide que, una vez finalizado el tiempo máximo de duración del internamiento en centro cerrado -nueve meses-, se pueda adoptar una nueva medida cautelar, aunque el juez considera que debe existir alguna "causa legítima que justifique la adopción de la nueva medida en estos casos tan específicos y poco usuales en la práctica diaria". El magistrado argumenta que, en el caso del crimen de Marta, "la causa legítima existe" y lo fundamenta en dos aspectos: la existencia de una "instrucción compleja" que ha impedido que se finalice la investigación judicial dentro de los tiempos normales, y que la sentencia impuesta en primera instancia al Cuco ha sido recurrida por la Fiscalía, "que continúa imputa al menor la comisión de delitos de especial gravedad como son un delito de asesinato y dos delitos de agresión sexual e interesa la imposición de la medida de seis años de internamiento en régimen cerrado".

La ley del Menor, añade el juez, no fija un plazo determinado de duración para las medidas cautelares, "que pueden permanecer vigentes hasta que recaiga sentencia firme sin perjuicio de su posterior compensación en caso de sentencia condenatoria". El magistrado reflexiona que puede alegarse que esta situación puede provocar "desigualdad" con el resto de los imputados mayores a los que se atribuyen el mismo delito de encubrimiento por el que ha sido condenado el menor y que ya están en libertado provisional, pero "al menor se le debe aplicar, como no podía ser de otra manera, la legislación de menores vigente en nuestro ordenamiento jurídico y ello es así para lo que beneficia y para lo que perjudica" y recuerda que para los menores no existe la posibilidad de imponer una medida de comparecencia 'apud acta' como ocurre para los adultos, que pueden estar en libertad y presentarse de forma regular en el juzgado.

Por último, el juez considera que en esta jurisdicción debe primar el interés superior del menor y "acceder al levantamiento de las medidas cautelares en este momento supone la interrupción del proceso de intervención educativo-resocializador que se está llevando a cabo con el menor".

El Cuco fue condenado a tres años de internamiento -dos años y 11 meses en un centro cerrado y el último mes en libertad vigilada- por el encubrimiento del crimen de Marta, en una sentencia que le absolvió por falta de pruebas de los delitos de violación y asesinato después de que el juez rechazara la eficacia de la declaración de Miguel Carcaño en la que atribuyó al menor la autoría material de la muerte de Marta después de que ambos la violaran.