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El juicio por el amaño de las oposiciones se retrasará a 2019

  • El juez envía el caso a la Audiencia para su enjuiciamiento en contra del criterio de la Fiscalía.

Un policía local se dispone a subir al patrullero en la Plaza Nueva. Un policía local se dispone a subir al patrullero en la Plaza Nueva.

Un policía local se dispone a subir al patrullero en la Plaza Nueva. / víctor rodríguez

El juicio por el presunto amaño de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla, en el que están procesadas 45 personas -entre ellas 37 policías locales-, se retrasará finalmente hasta el año 2019 como mínimo, después de que el juez de lo Penal número 10 haya declarado su "incompetencia objetiva" para enjuiciar este caso y lo haya remitido a la Audiencia Provincial porque algunas de las acusaciones solicitaban una pena que se enmarca en la competencia de este tribunal y no de un juzgado de lo Penal.

El juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo, celebró el pasado 12 de septiembre una vista, a la que sólo fueron convocados la Fiscalía y los abogados de la acusación particular y de la defensa, para que cada parte expusiera su opinión sobre si es el juzgado o la Audiencia quien debe enjuiciar este caso, que comenzó a ser investigado por la Fiscalía en el año 2012, hace ya cinco años.

Tras oír a las partes, el juez ha llegado a la conclusión, "lamentando únicamente el tiempo transcurrido en esta sede penal, porque evidentemente el juzgador también ha de asumir que esta cuestión se podía haber planteado desde el verano del año 2015, que la competencia objetiva es de la Audiencia Provincial de Sevilla y no de un juzgado de lo Penal". El magistrado añade que "hoy por hoy, este tribunal es incompetente objetivamente para la tramitación de este asunto", puesto que algunas de las acusaciones particulares mantuvieron "íntegramente" su calificación referente al delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 418 del Código Penal.

Por ello, ha decidido que una vez que su decisión sea firme -contra el auto que resuelve esta cuestión de competencia cabe recurso de reforma y de apelación ante la Audiencia-, enviará el sumario a la Audiencia Provincial para que sea este órgano el que "pueda decidir si asume finalmente la competencia para el enjuiciamiento de este caso".

En el caso probable de que se recurra la competencia, la Audiencia necesitará varios meses más para resolver esta controversia jurídica, y si finalmente asume la competencia, el inicio del juicio podría sufrir un retraso aún mayor, dada la sobrecarga de asuntos que tienen actualmente las secciones de lo Penal de la Audiencia, que están recibiendo ya numerosos sumarios de las macrocausas de los ERE y de las supuestas irregularidades en las ayudas de Invercaria.

En este supuesto, el inicio del proceso podría demorarse hasta el año 2019 o incluso más, en función de esa carga de trabajo de las secciones penales, según explicaron fuentes del caso.

La Fiscalía había pedido al juez de lo Penal que mantuviera su competencia para celebrar el juicio, frente al criterio de las defensas, que consideran que debe ser la Audiencia la que celebre la vista porque alguna de las acusaciones particulares acusan por delitos que llevan aparejadas las penas de hasta seis años de prisión y diez de inhabilitación, lo que determinaría que al tratarse de una pena superior a los cinco años la competencia sería de la Audiencia.

En la vista celebrada este mes, algunas acusaciones adaptaron sus escritos de conclusiones a las peticiones del Ministerio Público, que reclama cuatro años de inhabilitación para los agentes que lograron las plazas en las oposiciones bajo sospecha y 13 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros para el superintendente de la Policía Local Juan José García.

La Audiencia tardará varios meses en resolver el asunto y algunos más en señalar la vista oral

Entre los opositores beneficiados por la filtración del examen y que se sentarán en el banquillo se encuentran familiares de mandos, agentes y sindicalistas, entre ellos un hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales (Sppme-A), Manuel Bustelo.

El juicio estaba previsto que comenzara el 12 de septiembre, pero el juez de lo Penal decidió suspenderlo -y aplazarlo en principio hasta el 11 de septiembre de 2018- tras recibir una comunicación de la Audiencia indicando que se había estimado un recurso de una de las defensas para que se procediera al "volcado integral" de uno de los discos duros que contienen información sobre esta caso. El juez argumentó la suspensión en que esta operación de volcado de los discos duros "va a conllevar un empleo de tiempo considerable y debe hacerse con carácter previo al juicio".

En cualquier caso, la demora en el enjuiciamiento beneficia a los acusados, dado que en la tramitación de la causa podría apreciarse una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que supondría una rebaja considerable de la pena en el supuesto de que se dictara una sentencia condenatoria.

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