Juan Aguilera, gerente de la asociación de promotores y constructores de Sevilla (Gaesco), ha criticado este martes la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno central por considerarla una norma "propagandística y contradictoria" porque anuncia una serie de objetivos que el Gobierno central sabe positivamente que "no puede cumplir y que contradicen" el propio texto de la ley. 

Las críticas de este gremio se suman a las expresadas en los últimos meses por la Junta de Andalucía, que estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, y por los empresarios andaluces. 

Gaesco ha celebrado este martes en Sevilla una jornada informativa sobre la nueva ley por el derecho a la vivienda en la que han participado Gabriel Rojas, presidente de promotores de Gaesco; Eduardo Martínez Zúñiga, Asesor Técnico de Gaesco; Marcos Cañadas, asesor jurídico de Gaesco, y Felipe Castro, Gerente de la empresa de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Sevilla (Emvisesa). 

Reserva de vivienda protegida

En primera lugar, la Ley incrementa las reservas de vivienda protegida en el suelo urbanizable del 30 al 40% de la edificabilidad residencial, y del 10 al 20% en el suelo urbano no consolidado (Disposición Final Cuarta).

Aguilera destaca que "si con las actuales reservas (del 30%) los suelos urbanizables no se pueden desarrollar, menos aún lo harán incrementándose las reservas". Por ejemplo, en el caso de Sevilla existe suelo de reserva pendiente de desarrollar desde el 2006, hace 18 años, para 20.000 viviendas protegidas. Se pregunta "a qué viene elevar ese porcentaje de reserva de suelo de VPO del 30% al 40%, ya que supone establecer unas cargas superiores cuando las existentes no se han podido cubrir".  

Ajustar la oferta a la economía de los ciudadanos

En cuanto al objetivo de la ley de ajustar la oferta de forma adecuada a las posibilidades económicas de los ciudadanos.

Gaesco critica que "la ley no reduce la fiscalidad de la vivienda en compra, que supone el 32% del precio, como elemento esencial para incrementar las posibilidades económicas de los ciudadanos". Y avisa de que "no es creíble que la vivienda vaya a constituir la Quinta Columna del Estado del Bienestar cuando la dotación de recursos estatales a la vivienda es del 0,20%", recursos que resultan insuficientes para Gaesco, y cuando la presión fiscal es agobiante (30% del precio final). 

Ampliar el parque de alquiler al 20%

La asociación de promotores y constructores de Sevilla tampoco se cree el objetivo de la ley de ampliar el parque de vivienda en alquiler en el plazo de 20 años del 3% existente al 20%, alimentando los parques públicos con la disponibilidad de las nuevas reservas del 40% (Disposición Transitoria Segunda).

"El Texto no justifica este ambicioso objetivo y, dado que el parque inmobiliario de España es de 19 millones de viviendas, para alcanzar ese nivel del 20% en los próximos 20 años habría que destinar 3,6 millones de viviendas a alquiler sostenible. A un ritmo de 100.000 viviendas de construcción anuales y si todas se destinan a vivienda social, el objetivo tardaría en cubrirse 20 años", recalca el gerente de Gaesco.

Las viviendas de la Sareb y Defensa

Otro punto que Gaesco cuestiona es el recurso a viviendas de la Sareb (200.000) y del Ministerio de Defensa (20.000). "Los suelos del Sareb se encuentran donde no hay demanda y necesitan una media de cuatro años para su transformación. En Sevilla solo hay para 49 viviendas. Los suelos del Ministerio de Defensa se vienen anunciando desde hace cinco años y están también faltos de gestión urbanística", lamenta Aguilera.

Viviendas privadas en alquiler a precio reducido

El gremio tampoco se cree que la ley pueda favorecer a corto plazo la disponibilidad de viviendas privadas en régimen de alquiler a precio reducido. El propietario tiene que reducir el precio para gozar de las bonificaciones fiscales y que el inquilino destine la vivienda a domicilio habitual y permanente con las condiciones que plantea los nuevos contratos de alquiler.

El planteamiento de Gaesco es que "las bonificaciones fiscales que con carácter general se anuncian (art. 3 apartado g) son inferiores a las existentes ya que pasan del 60% al 50% en el rendimiento neto del alquiler de la vivienda". 

Viviendas sociales en suelos dotacionales

Uno de los artículos más interesantes de la ley es el 15, que estipula que "los instrumentos de ordenación territorial y urbanística podrán posibilitar la construcción de viviendas sociales en suelos dotacionales", así como que "las reservas de suelo para vivienda protegida deberán destinar a vivienda de protección pública en alquiler un porcentaje no inferior al 50%". Una tercera medida es "destinar a viviendas sociales en suelos declarados como suelos tensionados en las condiciones que establezca esta declaración".

Gaesco señala que en estos puntos la ley invade competencias de la Junta y los Ayuntamientos, ya que "estas medidas deben ser aprobadas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que son los que tienen la competencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo".

Sobre los avales del ICO

Sobre la política de vivienda del Gobierno central de Pedro Sánchez, Aguilera la ha calificado de "errática" porque "un día dice una cosa y otro día la contraria". Entre esos errores Gaesco destaca el anuncio del Gobierno central de los avales del ICO para que los jóvenes compren una vivienda y, sostiene Aguilera, que "el propio Banco de España los ha denegado porque no está dispuesto a que el ICO dé los avales". No obstante, la realidad es que el Banco de España ha cuestionado su eficacia y alerta de los desajustes que puede causar, pero no los ha denegado.  

El gremio sí ve muy eficaz la medida de la Junta de Andalucía de conceder avales del 15% de la hipoteca a jóvenes de hasta 35 años de edad por la compra de su primera vivienda. El Parlamento andaluz convalidó el 31 de mayo el decreto-ley que incluye las bases reguladoras para la primera convocatoria del programa Garantía Vivienda Joven, que permite que la Junta de Andalucía conceda avales del 15% de la hipoteca a jóvenes de hasta 35 años de edad por la compra de su primera vivienda.