La juez Mercedes Alaya ha fijado fianzas que superan los 42 millones de euros para garantizar la posible responsabilidad civil de unos 60 imputados en el sumario de las operaciones Madeja y Enredadera, contra el pago de comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos público a cambio de favores en la adjudicación de contratos con distintas administraciones.

En una docena de autos, la instructora ha ido perfilando estas fianzas civiles, entre las que destacan las impuestas a los directivos y empleados de la empresa Fitonovo, la sociedad que Alaya sitúa en el centro de una "organización criminal" que supuestamente utilizaba prácticas de corrupción para hacerse con los contratos públicos.

La principal fianza civil es la impuesta al propietario de Fitonovo, Rafael González Palomo, con 8,2 millones, seguido del ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, y del también propietario de Fitonovo e hijo del primero, José Antonio González Baró, que asumió la dirección de la empresa en 2011 y a quien la juez ha impuesto 5,7 millones.

Entre las diez primeras fianzas figura la del director comercial de la contratista, Juan Andrés Brugueras, con 4,9 millones, y del directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch, con 4,1 millones, así como el coordinador de la Caja B de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo Gajete (2,4 millones), y el asesor jurídico de la empresa, Carlos Gamito, con otros dos millones.

Cierran los primeros puestos tres ex responsables políticos, el ex delegado de Vía Pública del Ayuntamiento Manuel Gómez Lobo (PSOE), con 715.000 euros, y los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, para los que la instructora ha fijado sendas fianzas civiles de 620.000 euros.

Esta lista de las diez primeras fianzas civiles ascienden en conjunto a 37,2 millones de euros, lo que representa casi el 90% del total de fianzas civiles impuestas por Alaya a los más de 60 imputados que hay actualmente en el sumario de la operación Madeja.

Frente a estas fianzas millonarias, las medidas cautelares reales más bajas han sido impuestas a varios imputados, a los que la juez ha requerido unos 3.000 euros. En el auto en el que impuso la fianza a los ex cargos políticos del Ayuntamiento de Sevilla, la magistrada puso de manifiesto que Fitonovo no sólo pagó mordidas a varios funcionarios del servicio de Parques y Jardines, sino que también entregó cantidades de 155.000 y 123.000 euros a las formaciones de IU y el PSOE, respectivamente.

En este último caso, Alaya explica que los pagos al Partido Socialista se sucedieron entre los años 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre los 3.000, 30.000 y 60.000 euros, y que figurarían en la Caja B de Fitonovo con la denominación de "Langostinos Maera", una clave que según la instructora hace referencia a la reunión mensual que se habría producido en dicho restaurante entre el dueño de Fitonovo Rafael González Palomo y el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo, si bien el ex concejal ha negado que recibiera comisiones para el partido y que se reuniera cada mes con el empresario. Según Gómez Lobo, sólo estuvo en una ocasión en dicho restaurante, al tiempo que recordó que el propietario del bar no le identificó como la persona que acudía al establecimiento cuando prestó declaración como testigo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En cuanto a los pagos a Izquierda Unida, la juez considera que esta formación recibió 155.000 euros en dos pagos, uno de 70.000 euros que fue realizado el 30 de marzo de 2010 -entregado en una caja de zapatos-, y otro de 85.000 euros que se abonó el 18 de febrero de 2011. Según la instructora, Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García "habrían reclamado" a través de otro miembro de IU también imputado, Antonio Miguel Ruiz Carmona, esta dádiva a Fitonovo, unas acusaciones que Alaya sustenta en los pinchazos telefónicos que recogen las conversaciones entre el dueño de Fitonovo, Rafael González, y el coordinador de la Caja B de la empresa, Ángel Manuel Macedo Gajete.

Entre los funcionarios para los que se ha solicitado una fianza figuran el ex jefe del servicio de Carreteras de la Diputación, Carlos Podio Lora, al que ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de 477.288 euros.