La organización presionó al alcalde de Ayamonte para acelerar una licencia

El juez que investiga la red de prostíbulos ha imputado al ex concejal del PSOE de Ayamonte José Carlos Fernández y al presidente de la Cámara de Comercio de la localidad, el abogado Javier González Hernández, al considerar que la organización presionó al alcalde, Antonio Rodríguez Castillo, para acelerar los trámites relacionados con la licencia para un "macroprostíbulo", la Sala Número 1.

El juez que investiga el caso considera que, en el marco de la instrucción, hay quedado indiciariamente acreditado que diversos miembros de la organización se pusieron en contacto con miembros del Ayuntamiento de Ayamonte. En esos encuentros habrían participado, además de los integrantes de la red, el entonces concejal de Obras y Servicios, José Carlos Fernández, y el presidente de la Cámara de Comercio de Ayamonte, Javier González, y la finalidad de los mismos no era otra que acortar los plazos necesarios para la consecución de las licencias de obras y de apertura del mencionado club de alterne que la red quería poner en funcionamiento en la localidad onubense. Los investigadores han puesto de manifiesto que para lograr sus objetivos, la organización habría incluso "presionado" al alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo, a quien incluso habrían llegado a "amenazar" diciéndole que "evitarían su reelección", según consta en el sumario y que han confirmado fuentes del caso.

Para llevar a cabo sus propósitos de inaugurar el club de alterne en Ayamonte, dos de los principales imputados, José María F. G. y José Antonio L. J. habrían encomendado a uno de los subordinados, José P. R., que iniciara el contacto con alguno de los dirigentes del Consistorio, con la idea de "acelerar" la concesión de las licencias necesarias para acondicionar la nave donde se ubicar la sala Número 1 y la apertura del macroprostíbulo.

Las mismas fuentes indicaron que las escuchas telefónicas que se han practicado durante la instrucción del sumario -en estos dos años de averiguaciones- apunta los contactos entre el miembro de la organización y el ex concejal del PSOE José Carlos Fernández, con quien tenía una relación "extensa y fluida", y las pesquisas permitieron comprobar que el edil realizaba un "activo seguimiento" del estado de tramitación de las licencias del club de alterne.

Los investigadores sostienen que, en mayo de 2011, ante las inminentes elecciones municipales, fue aprovechada para "aumentar la presión" sobre el alcalde de Ayamonte y añaden que, el ex concejal imputado, a cambio de "utilizar su influencia" en el Ayuntamiento habría percibido una cantidad de dinero indeterminada, además de "favores" de la red, como la contratación de personas afines como personal nuevo macroprostíbulo e incluso la entrega de dinero para el pago de "facturas personales", señalaron las mismas fuentes.

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier González, también habría utilizado su influencia en el Ayuntamiento para ayudar a la organización desmantelada.

Por todo ello, el juez ha imputado al ex concejal delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras que en el caso del segundo sólo se atribuye un delito de tráfico de influencias, precisaron las mismas fuentes.