María José Alanís lleva 12 años trabajando como monitora de Educación Especial en colegios públicos de Sevilla. Su experiencia puede quedar en nada con el baremo establecido en la nueva bolsa de trabajo que pretende crear la Junta de Andalucía para este servicio, denominado personal técnico de integración social (PTIS). Como ella, otras 200 personas (casi todas mujeres) se arriesgan a perder su empleo tras la negativa de los sindicatos a cambiar los criterios a la hora de ocupar una plaza en dicha especialidad. 

Como recuerda esta monitora, la Junta externalizó el servicio hace 15 años. A partir de entonces lo fue adjudicando por lotes a empresas, la mayoría de las cuales no estaban especializadas en educación. "Desde entonces hemos trabajado en condiciones precarias, pese a desempeñar las mismas funciones que realiza el personal laboral que se encarga de este cometido", explica Alanís.

Así, por ejemplo, la carga personal de este grupo de empleados contratados por empresas es de cinco o seis horas a la semana, frente a las ocho del personal laboral. "Nos dan de baja con las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, incluso los viernes, cuando llegan los fines de semana, por lo que nuestro nivel de cotización es bastante inferior", relata Alanís, quien añade que "tenemos que compartir varios centros". "Estamos media jornada en un colegio y cuando nos vamos al otro, los alumnos se quedan sin monitoras", apostilla.

La precariedad laboral es con la que intenta acabar la Consejería de Educación, según aseguran desde el departamento que dirige Javier Imbroda: "Cuando accedimos al gobierno nos encontramos que nuestros alumnos más vulnerables estaban siendo atendidos por profesionales con empleos precarios. Ahora trabajamos para revertir esta situación y que los profesionales tengan unas condiciones laborales adecuadas". Pero las medidas para lograr esta mejora no contentan a todos los que atienden a los alumnos de Educación Especial. 

El baremo de la bolsa

Según datos oficiales, en Andalucía hay 730 PTIS dependientes de Función Pública (personal laboral) y otros 1.270 que proceden de la Consejería de Educación y Deporte, contratados a través de empresas externas. De estos últimos, según el colectivo, unos 200 realizan dicha labor en colegios sevillanos. 

Para Imbroda, estas cifras resultan "insuficientes" a la hora de asistir a los 66.000 niños con necesidades educativas especiales que se encuentran integrados en aulas ordinarias de Andalucía. "El mejor servicio a estos menores es nuestra prioridad", apuntan desde Torretriana. Por tal motivo, se ha optado por crear una relación de puestos de trabajo (RPT) en la que se atienda a estos escolares "con recursos propios" y bastante amplia. Con tal fin, ya se organiza la primera bolsa, con 70 plazas. Los técnicos de las consejerías de Educación y de Función Pública han valorado las condiciones para cubrirlas, razón por la cual se han mantenido reuniones con las monitoras y los sindicatos para "avanzar" en esta cuestión. 

Desde el colectivo de las monitoras externalizadas se recuerda que en abril de 2018 se llegó a un "acuerdo unánime" para fijar el reglamento de la bolsa única y el baremo a aplicar para ocupar una plaza de PTIS. "En ningún momento se tuvo en cuenta que pudiéramos estar en igualdad de condiciones para competir por un puesto tras años de trabajo en centros públicos", detallan en un comunicado.

Protestas y huelga

Según el colectivo, los últimos días se han mantenido nuevos encuentros para revisar el baremo a petición de la Consejería de Educación, que llevaba varias propuestas de modificación, "a las que los sindicatos se han negado rotundamente, al defender que el reglamento está cerrado y no están dispuestos a cambiar nada", lo que beneficia claramente al grupo de monitoras contratadas como personal laboral de la Junta. 

"Ante este escenario, las PTIS externalizadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y abandono, no se nos va a reconocer ni la experiencia ni la antigüedad en colegios públicos, a pesar de llevar años en condiciones laborales precarias ejerciendo un servicio imprescindible con alumnos de Educación Especial", refiere el colectivo. 

Por tal motivo, estas monitoras se están organizando para comenzar manifestaciones y convocar huelgas para protestar por unas condiciones técnicas "que nos van a dejar en la calle".