Los peritos detectan tres facturas falsas más en Unidad

Un informe pericial detecta otras tres posibles facturas falsas en el caso Unidad. Los tres documentos, que tienen un importe de 2.182,07 euros, no aparecen contabilizados en los registros de la copistería Copyur, que emitió las tres facturas para la ya extinta federación provincial de asociaciones de vecinos Unidad. De esto se desprende que "presumiblemente podrían ser falsas". Así figura en el informe de los peritos encargado por el juzgado de Instrucción 14 de Sevilla a raíz de la investigación en las irregularidades de las cuentas de la federación, que era subvencionada por el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial.

Los peritos han investigado las 18 facturas que la acusación en el caso, ejercida por el PP, aportó para que se investigaran ante la sospecha de que se habían cometido irregularidades. De ellas, el informe asegura que cinco son correctas y ascienden a una cantidad de 7.192,07 euros. Otras diez facturas están duplicadas y su importe es de 16.340,07 euros. Las tres restantes son las facturas que no aparecen contabilizadas y que los peritos consideran como falsas.

"Estas últimas facturas no contabilizadas en el libro diario de Copyur, el perito presume que podrían haber sido facturas falsas, que no obedecen a una compra real, puesto que lo normal en una empresa es que todas las ventas se contabilicen y en este caso no se han contabilizado, porque posiblemente no se han realizado realmente las ventas, pero sí se han librado las facturas presumiblemente falsas", expone el informe pericial en sus conclusiones.

En el caso Unidad continúan imputados dos estrechos colaboradores del ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Son el que fuera asesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, y el ex concejal de Vía Pública y ex presidente de Unidad, Manuel Gómez Lobo. También están imputados el administrador único de Copyur, Juan José González, una empleada de esta empresa y otra ex trabajadora de Unidad.

Este informe pericial surge de la petición de la Fiscalía, que solicitó al juez la práctica de una prueba consistente en el cotejo de los albaranes, las facturas y los libros de contabilidad aportados por Copyur en relación a estas 18 facturas en las que el PP apreció irregularidades. El Ministerio Público pretendía averiguar "si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a Copyur o si hay duplicidad de facturas", y si éstas habían sido empleadas para justificar ayudas públicas.

El PP sostiene que la federación de asociaciones vecinales se puso de acuerdo con la copistería Copyur para encargarle supuestamente la elaboración de "facturas falsas de gastos que confeccionaba a cambio de una comisión y el importe del IVA". El dinero logrado, según la acusación popular, "se destinaba, presuntamente, o a enriquecimiento personal o a financiar actividades en favor del PSOE".