La política de acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad ha vaciado de etarras las cárceles sevillanas en apenas un año. En las próximas horas está previsto que se proceda al traslado de dos miembros más de la banda terrorista que cumplían condena en la cárcel de Sevilla-II, en Morón de la Frontera. Se trata de Iker Olabarrieta y Asier Arzalluz Goñi, que serán trasladados a Logroño en una conducción especial. Cuando el acercamiento de estos dos reclusos se produzca, sólo quedará Ibai Aguinaga Guinea como el único terrorista de ETA preso en la provincia de Sevilla. Desde hace años no hay ninguno en Sevilla-I y todos los que había se encontraban en Sevilla-II.

Aguinaga Guinea, de 39 años, ingresó en prisión en julio de 2003, tras permanecer huido desde el año 2001, presumiblemente en Francia. Antes de pasar a la clandestinidad ya tenía antecedentes por participar en actos de kale borroka o violencia callejera y por su vinculación a ETA. Fue detenido en Berriozar (Navarra), junto con Joseba Segurola Beobide. A ambos se les relacionó con el comando Nafarroa. La Policía encontró en su domicilio 150 kilos de explosivos, 30 de ellos preparados para un atentado inminente mediante coche bomba o con una olla.

La Audiencia Nacional lo condenó a 21 años de cárcel por pertenecer a ETA, falsificar documentos oficiales y depósito continuado de explosivos y armas. Antes de Morón, estuvo un tiempo en la prisión algecireña de Botafuegos. En 2016, ya en la cárcel de Sevilla-II, inició una huelga de hambre después de que se suspendiera una consulta en un hospital de la capital andaluza al negarse a desnudarse antes de ser excarcelado. A los cuatro días abandonó la huelga.

Las prisiones andaluzas, que antaño acogieron a centenares de presos etarras, se han ido despoblando de miembros de la banda terrorista en los últimos años, a raíz de la política de acercamiento de reclusos puesta en marcha por el Ministerio del Interior. También ha habido casos en los que los internos han salido en libertad por cumplir ya sus condenas. Así ocurrió con uno de los últimos presos de ETA en abandonar la prisión de Sevilla-II, Juan Mari Etxabarri Garro. Este hombre salió en libertad el pasado 5 de abril tras pasar 23 años en la cárcel.

Pero no es lo habitual. Todavía quedan muchos presos con años de condena por delante y la mayoría de ellos están siendo trasladados a cárceles del País Vasco o mucho más cercanas a sus lugares de origen. Es lo que ocurrirá con los dos traslados inminentes, los de Asier Arzalluz Goñi e Iker Olabarrieta Colorado.

El primero de ellos, conocido como Santi, cumple condena por ser el autor material del asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, el 22 de octubre de 2000 en Vitoria. Este terrorista formó parte del comando Ttotto, cuyo primer atentado fue el asesinato del periodista José Luis López de la Calle, el 7 de mayo de 2000 en Andoain. Además, participó en la colocación de un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Ágreda (Soria) y en el asesinato de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús en Sallent de Gállego (Huesca), a los que colocaron una bomba lapa en los bajos de un Nissan Patrol.

En febrero de 2002, unos meses antes de ser detenido en Francia, colocó la bomba lapa que hirió gravemente al entonces dirigente de Juventudes Socialistas y ahora diputado del PSOE Eduardo Madina, que sufrió la amputación de una pierna.

Su compañero en aquel atentado fue precisamente Iker Olabarrieta Colorado, con el que ha estado cumpliendo condena en Morón y con el que ahora será trasladado a Logroño. La pena que se les impuso a los dos terroristas por intentar matar a Madina fue de 20 años. Olabarrieta fue detenido en 2005 cuando intentaba reconstruir, en compañía de otros dos terroristas, el comando Donosti.

El 9 de abril fue trasladado de Morón a Dueñas (Palencia) Garikoitz Etxeberría Goikoetxea, que ingresó en prisión el 17 de marzo de 2007 y cumple una condena acumulada de 20 años por los delitos de asociación ilícita, depósito de armas y municiones, falsificación de documento público y tenencia de armas sin licencia. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2022, aceptó la legalidad penitenciaria y, por ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias resolvió su progresión a segundo grado y traslado a la prisión palentina.

Dos meses antes, el 19 de febrero, el Gobierno decidió trasladar a Gurutz Aguirresarobe Pagola, de la cárcel de Sevilla-II a Logroño. Este hombre cumple una condena de 30 años de prisión por el asesinato del jefe de la Policía Local de Andoáin, Joseba Pagazaurtundua, cometido en un bar de esa localidad en febrero del año 2003.

El último líder histórico de la banda que abandonó la cárcel de Morón es Ignacio Arakama Mendía, Makario, que fue trasladado a la prisión alavesa de Zaballa a principios de febrero. Este terrorista fue jefe del sanguinario comando Madrid y uno de los tres interlocutores de ETA en las conversaciones de Argel. Cuenta con varias condenas por delitos de sangre desde que en 1997 fue entregado a las autoridades españolas desde la República Dominicana. La primera de ellas fue a 30 años por matar al inspector de la Policía Nacional Antonio Recio Claver, el 23 de marzo de 1979.

La más reciente es de 2003, cuando fue condenado a 61 años de cárcel por su participación en el atentado contra tres guardias civiles (el cabo primero José Luis Vázquez Platas y los cabos Avelino Palma y Ángel Prado) que iban a dar protección y ordenar el tráfico en una carrera ciclista en la localidad alavesa de Salvatierra, el 4 de octubre de 1980, con motivo de las fiestas patronales. Tiene condenas por 18 asesinatos y también participó en el secuestro del empresario Diego Prado y Colón de Carvajal.

En 2004, junto a otros históricos de la banda como Pakito o Pedrito de Andoain, firmó una carta enviada a la dirección de ETA en la que apostaba por el abandono de las armas y abogaba por por la “lucha institucional y la lucha de masas”. Esto le valió la expulsión de la banda al año siguiente. Pasó más de una década cumpliendo su pena en Morón, donde no se sumó a las varias huelgas de hambre que ordenaba ETA a sus presos como medidas de presión. En el año 2013, por ejemplo, hubo una huelga de hambre de presos etarras en Morón que se prolongó durante 31 días. Un año antes, Makario pidió salir de prisión en aplicación de la doctrina Parot, pero el Tribunal Constitucional desestimó su recurso.