Sevilla perderá el próximo curso 550 plazas para niños de tres años en los colegios. La pérdida es consecuencia directa de la bajada de la natalidad que sufre la provincia la última década (como en el resto de España) y que deja vacías numerosas aulas ante la falta de demanda para escolarizar a los menores. A tenor de esta cifra, será una veintena de unidades las que se cerrarán, una medida de la que ya se ha advertido a los centros educativos, lo que ha provocado las críticas de directores, sindicatos y familias de la enseñanza pública, que consideran que con tal decisión se incumple la polémica ley Celaá. 

Este dato se da a conocer en vísperas de que el lunes comience el proceso de escolarización, uno de los trámites más complejos a los que se enfrenta la Administración andaluza cada año. La Consejería de Educación y Deporte oferta para el próximo curso 19.525 plazas de nuevo ingreso (Infantil de tres años), de las que el 79,1% corresponde a centros públicos y el 20,9% a la concertada.

Dicha cifra supone una importante merma respecto a la ofertada el año pasado por estas fechas, cuando los puestos escolares a los que podían optar las familias sevillanas con hijos con esa edad alcanzaba los 20.075. Esta cantidad, no obstante, representaba otra disminución respecto a 2019 de 650 vacantes menos. El próximo curso, por tanto, la oferta en el segundo ciclo de Infantil se reduce en 550 plazas. Si se toma como ratio media la máxima permitida para esa etapa, que es de 25 alumnos por aula, la bajada conlleva a que desaparezcan 22 unidades en el curso de ingreso en los colegios. 

Previsión de cierres

Y ahí es donde surge la polémica que acompaña a los trámites previos a la escolarización las últimas semanas. Desde finales de enero el servicio de Planificación de la Delegación territorial de Educación ha avisado a los equipos directivos de los centros de enseñanza donde, previsiblemente, se reducirán estas unidades. La consejería se ha apresurado a explicar, como ya hizo en 2020, que se trata de una "previsión" y que el cierre de las aulas no es definitivo hasta que la las listas del alumnado matriculado no sean oficiales en septiembre. 

Una aclaración que no conforma a los representantes y defensores del sistema público, para los que el departamento que dirige Javier Imbroda "incumple" la última reforma educativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez antes de Navidad, según la cual, a la hora de suprimir unidades, la primera sacrificada ha de ser la enseñanza concertada, al considerarla dicha ley "subsidiaria" de la pública (hasta ahora era "complementaria"). 

Un alumno realiza una tarea en clase.

Por ahora, han trascendido los cierres en varios municipios y distritos de Sevilla capital. Así, en la ciudad hispalense perderán unidades colegios como Vara del Rey y San Jacinto, ambos en la zona de influencia conformada por Triana y Los Remedios. En la provincia, llama la atención el caso de Mairena del Aljarafe, donde se cerrarán cinco aulas públicas el próximo curso. El sindicato Ustea ha alertado de que a esta lista se suman las localidades de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Morón de la Frontera y Écija, que también verán reducida su oferta pública para la escolarización.

Una medida que, a juicio de Ustea, carece de sentido en un momento tan complicado como el que se sufre actualmente con la pandemia, en el que conviene aprovechar la caída de la natalidad para bajar la ratio de los alumnos en las aulas y garantizar, de este modo, el distanciamiento de seguridad entre ellos con el fin de evitar contagios. Para este sindicato, la eliminación de unidades provocará el efecto contrario, pues obligará a superar la ratio aconsejable con el alumnado que se incorpore a última hora. 

Una medida que ya adoptó el PSOE

Fuentes de la Delegación de Educación consultadas por este periódico explican que esta solución se viene adoptando desde que el PSOE gobernaba Andalucía, y que nada ha cambiado al respecto. "Si un colegio sólo tiene una línea, no se le cierran unidades. Se hace con el que tiene dos o más, siempre dependiendo de que en el distrito donde se encuentre realmente se vaya a producir una bajada de la demanda", detallan quienes han trabajado muchos años en la planificación de la escolarización. Esta solución supone una importante inversión, pues, a juicio de estos expertos, un centro con una sola línea "resulta más caro de mantener que otro que tenga varias y, a la larga, cuando se produce un problema de convivencia es más difícil solventarlo". 

Mientras trasciende la información de los centros públicos que se verán obligados a prescindir de aulas de Infantil el próximo curso, por el momento poco se sabe de cuál será la oferta definitiva de la enseñanza concertada en la provincia. Lo único cierto es que la comisión creada al efecto dio el visto bueno a la renovación de los acuerdos existentes hasta ahora en todas las etapas que debían someterse a dicho trámite este año (la única que se quedaba fuera era Primaria). Una propuesta que debía ser ratificada por la delegada del ramo, María José Eslava y, posteriormente, por la consejería. 

Imagen de archivo de niños en fila para entrar en el colegio.

Sí se supo que se aprobaron nuevos conciertos para la FP Básica y la convencional de grado medio, prioridades de la Junta por la alta demanda que registran estas enseñanzas técnicas y la escasez de oferta pública para darle respuesta. En el informe de la comisión se propuso conciertos nuevos para tres centros que imparten la FP Básica y a nueve ciclos de grado medio y ocho en el superior. Se descartó, eso sí, la propuesta de nuevos acuerdos para los colegios del Corpus Christi, Pontífice Pablo VI y Sagrado Corazón (Las Esclavas). Este centro, situado en pleno Casco Antiguo de la capital, pretende desde hace años que todas sus etapas educativas sean homogéneas, puesto que sólo cuenta con dos líneas en Infantil y con tres en las restantes. Y ello, pese a disponer de espacio suficiente para acoger más aulas. 

También se ha descartado concertar el Bachillerato, como ha pedido una veintena de colegios privados. Aunque el decreto aprobado por la Junta el pasado otoño contempla esta posibilidad, el consejero Imbroda no considera prioritaria esta etapa preuniversitaria, ya superada en número de alumnos por los ciclos formativos. Esta decisión ha provocado las críticas de las patronales del sector.