El intento de la Consejería de Educación y Deporte por acallar las críticas contra el cierre de aulas en la provincia de Sevilla ha caído en saco roto. El pasado viernes la Delegación territorial de Educación, que dirige María José Eslava, publicó el dato de plazas de Infantil de tres años que se quedan libres en colegios públicos y concertados en la ciudad hispalense: casi 900. Se trata de una información que siempre se facilitaba en mayo (una vez llevado a cabo el proceso de reubicación de alumnos) y que no supone ninguna novedad. Cada curso sobran puestos escolares, pues la planificación se realiza al alza, para garantizar una vacante para cada niño y para las escolarizaciones de última hora por cambios de residencia. 

Este excedente se dio a conocer un día antes de que las AMPA y sindicatos convocaran la manifestación que ha tenido lugar este sábado desde el puente de Triana a Torretriana, sede de la Consejería de Educación y Deporte, para protestar por el cierre de unidades públicas, que el departamento que dirige Javier Imbroda ampara en la bajada de la natalidad. Según los convocantes, son 1.100 plazas las que perderán los colegios públicos el próximo curso, un recorte contrario a lo establecido por la ley Celaá, que prima este tipo de enseñanza sobre la concertada en caso de descenso demográfico. 

Dicha explicación no ha impedido que cientos de padres y docentes protesten contra esta medida, que, a su juicio, supone un "ataque" a la educación pública. Los manifestantes han vuelto a pedir que, ante la bajada de la natalidad que se viene registrando desde la crisis de 2008 y en un contexto de crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, se reduzca el número de alumnos por aulas (la ratio) sin que ninguna tenga que cerrarse. De esta forma, desciende el riesgo de contagio y también se facilita una atención más personalizada y, por tanto, una educación de mayor calidad. 

Los datos ofrecidos por la Junta, no obstante, no convencen a las familias, muchas de las cuales han comprobado ya que será muy difícil conseguir una vacante en los colegios que perderán unidades, puesto que la demanda de escolarización supera la oferta de dichos centros. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el CEIP Joaquín Turina o en el CEIP San José Obrero, una escuela de educación compensatoria que acoge a alumnos de numerosas nacionalidades que requieren de programas y atención específica para su adaptación. 

Desde la consejería se recuerda que el año pasado el 93% de las familias logró que sus hijos entraran en el colegio asignado como primera opción y el 98% en alguno de los solicitados. Fuentes del departamento que dirige Javier Imbroda insisten en que la ratio bajó en el presente curso y que volverá a hacerlo el próximo. Añaden que el año pasado se abrieron, en toda Andalucía, 673 aulas, especialmente en ESO, FP y Educación Especial, donde el número de alumnos aumenta (ahí llegan los que nacieron antes de la crisis de 2008) y crece también la demanda (especialmente en los ciclos formativos). Además, defienden que desde 2018 la enseñanza concertada también ha sufrido el cierre de unidades, unas 30 en toda la comunidad.