Si las quejas que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz cada año son un termómetro que señala qué preocupa a los ciudadanos o qué servicios de las administraciones deben mejorar su funcionamiento, queda claro que los mayores desafíos están en los Servicios Sociales.

Defensor del Pueblo

Porque de las 2.271 nuevas quejas que en 2018 presentaron ciudadanos residentes Sevilla, el grupo más numeroso (269) estuvo relacionado con ellos.

Le siguió la vivienda (con 186 nuevos expedientes) y los problemas con menores y el consumo, con más de 170 quejas en ambos casos. Ligeramente por detrás quedaron el medio ambiente, la educación, la salud, el urbanismo o el personal del sector público. Motivaron más de un centenar de nuevas reclamaciones en Sevilla cada uno.

Son datos recogidos en el último informe anual, de 2018, que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, presentó el 28 de marzo a la presidenta del Parlamento autonómico y en el que se vuelve a advertir de que todavía quedan patentes las “secuelas” de la crisis económica que afectan numerosas familias, que sufren una pobreza que se ha “socializado”, dice.

También muestra su preocupación por la exclusión, la desigualdad y la precariedad laboral, especialmente grave para las mujeres, así como por la falta de expectativas que esta situación genera entre los jóvenes.

Esas 2.271 nuevas quejas sobre asuntos relacionados con Sevilla suponen el 32% del total de Andalucia. El Defensor tramitó además otros expedientes que venían de años anteriores. Entre unos y otros, Sevilla fue de nuevo la provincia que más trabajo generó. Suman 6.818 asuntos, casi el 33% de los gestionados en un año que ha sido de récord en la institución, con 11% mas de quejas tramitadas y un 26% de consultas.

Esa cifra de expedientes está incluso por encima del peso poblacional que tiene Sevilla en Andalucía, aunque puede que esté relacionado con la presencia de más organismos de la administración por su condición de capital autonómica.

A considerable distancia, las siguientes provincias en número de expedientes fueron Málaga, con 2.291, y Cádiz, con 2.129. Córdoba y Granada estuvieron por encima del millar y el resto quedó por debajo.

Por materias y teniendo en cuenta el conjunto de los expedientes que afectan a Sevilla, el principal bloque tiene ver con “políticas sociales” y que suponen un 57% del total. Dentro de éstas, los Servicios Sociales –en el año que entró en vigor la renta mínima de inserción, con una avalancha de solicitudes que colapsó las oficinas– suponen el 42%. Les siguen las de vivienda y empleo, con el 22% y el 15%, respectivamente;y las de la salud y educación, con el 10%.

Tras las políticas sociales, destacaron lo que la Oficina del Defensor del Pueblo engloba con el epígrafe de “políticas territoriales”. El 41% estuvieron relacionados con el medio ambiente; el 26%, con el urbanismo; el 19%, con el tráfico y el transporte, seguidos en menor medida por la cultura y las nuevas tecnologías de la información (8%) y las obras públicas (6%).

El tercer bloque de quejas, relacionado con las administraciones públicas tributarias y económicas, supusieron el 8% de las tramitadas en Sevilla, principalmente por la atención a la ciudadanía por parte de los ayuntamientos (45%); seguido de la administración tributaria o las que tienen que ver con impuestos (33%) y la gestión y ordenación económica (el 21%).

Un año más, en Sevilla, hubo más quejas presentadas por mujeres, que supusieron el 55%, que por hombres.

Muchas quejas por ayuntamientos 

Sevilla fue además la provincia con más quejas referidas a sus ayuntamientos, con 740. Sólo el de Sevilla generó 355 expedientes.

Carmona motivó la apertura o tramitación de otros 69 y Dos Hermanas, de 22. Écija, por su parte, motivó otros 19 causas y Alcalá de Guadaíra, 15. Espartinas, La Rinconada, Morón, Utrera, Camas o Mairena del Aljarafe rondaron la decena.

La Diputación de Sevilla también estuvo a la cabeza de los entes provinciales en número de expedientes generados, con un total de 27 en 2018, aunque seguida de cerca por Málaga, que generó 25, y Cádiz, con 22. La única institución que, globalmente, generó menos quejas en relación a su peso fue la Universidad de Sevilla, con 15, frente a los 34 expedientes que, por ejemplo, se abrieron sobre la de Cádiz.