El Estado reclama al Ayuntamiento una indemnización de 30 millones por los terrenos en los que se construyó la SE-30. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) indica en el escrito que, como requerimiento previo al Contencioso Administrativo, exige el pago de 2.500 millones de pesetas (15.025.302 euros) en concepto de indemnización correspondiente a los terrenos ocupados por la circunvalación actualizada con el IPC hasta el momento de su pago efectivo, o en su defecto que se inicie un expediente expropiatorio conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, en cuyo caso se interesa la fijación de justiprecio más el 5% como premio de afección e intereses devengados. "Esto sólo se entiende por el afán de hacer caja", lamentó Antonio Muñoz, quien explicó que el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo sacó adelante por unanimidad desestimar este requerimiento con el respaldo de todos los grupos políticos.

El requerimiento del Ministerio de Defensa se fundamenta en que esos terrenos nunca fueron objeto de expropiación por el Ayuntamiento. Este hecho es relacionado por el Invied con un preconvenio suscrito el 9 de mayo de 1989 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento en relación con los terrenos de Tablada, en el que se pactaría la obligación del Consistorio de constituir una sociedad con el Estado "con el objeto de ejecutar una operación urbanística que englobe tanto los terrenos ocupados por la base de Tablada como por la Feria de Abril" y se valoraban los suelos ocupados por la circunvalación en 2.500 millones de pesetas. Si el Ayuntamiento no cumplía el compromiso de constituir esa sociedad, vendría obligado a abonar a la Gerencia de Infraestructura de la Defensa indemnización por esa cantidad.

El servicio de gestión urbanística y patrimonio municipal de suelo recuerda que con fecha 11 de enero de 1986 fue suscrito un convenio entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la financiación de obras de carreteras en la ciudad y área metropolitana. El informe concluye que "la obtención de suelos que eran propiedad del propio Estado para la ejecución de una carretera de la red estatal debería haberse realizado mediante mutación demanial, pero nunca mediante una expropiación a cargo del Ayuntamiento".