Aclarada la presencialidad para el nuevo curso en las universidades sevillanas, la reforma en la educación superior que prepara el Gobierno pasa a ser protagonista de este regreso a las aulas. El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha cargado este jueves duramente contra la conocida como ley Castells, al considerar que no se ha consensuado y que supone una amenaza para la autonomía de las instituciones académicas. 

Castro ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa celebrada en el Rectorado de la Hispalense, donde ha detallado datos y novedades sobre el curso 2021/22 que arrancará el próximo lunes. En su intervención, no ha querido pasar por alto la nueva ley orgánica del Ministerio de Universidades, cuyo anteproyecto fue aprobado por el consejo de ministros al comienzo de septiembre. 

El rector de la US ha criticado que dicho texto no lo hayan recibido las universidades hasta que ha sido aprobado por el referido órgano. En este sentido, ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con el proceso que se ha llevado a cabo, al considerar que, pese a que desde el departamento que dirige Manuel Castells se ha incidido en la participación lograda en su desarrollo, dicho consenso ha sido mínimo, por lo que en su opinión se ha perdido una oportunidad para alcanzar "un pacto de Estado". 

"La universidad no es un ámbito para tomárselo a broma", ha alertado Castro, quien ha subrayado que "no se puede caer en el carrusel de las leyes educativas, que se cambian cada vez que hay un nuevo Gobierno", en referencia a las distintas normas estatales que regulan la enseñanza no universitaria, la última de ellas, la polémica ley Celaá.

También ha recordado que los objetivos que fundamentan el anteproyecto de ley universitaria sí fueron puestos de manifiesto por los distintos sectores que integran la educación superior, pero ahora bien, "el articulado que lo compone no lo lo recoge", advierte. 

"La gobernanza no es un problema"

Una de las principales amenazas que, según Castro, supone la nueva reforma es "la reducción de la autonomía universitaria". Debe recordarse aquí que el máximo órgano de decisión de la US se reduciría a un tercio, al fijar la ley el número de componentes en 100, frente a los 300 de la Hispalense. A este respecto, ha destacado que "la gobernanza no es el principal problema de las universidades españolas". 

En este ámbito ha aludido a la posibilidad que contempla el borrador de que un grupo de expertos ajenos a una institución académica sea el que elija al rector, su máximo responsable. Una opción que para Castro constituye "una apuesta por el intervencionismo". A lo que añade también "los porcentajes de contratados que fija en el personal docente e investigador". 

Además, cree que "no son necesarios" elementos nuevos que se han incorporado, los cuales han generado una polémica que no contribuyen a la mejora de la enseñanza universitaria. En este punto se ha referido a que el Rey no sea ya el que expida los títulos. 

Alegaciones en conjunto

La intención del rector de la US es que las alegaciones al anteproyecto se presenten mediante la conferencia de rectores españoles (Crue), aunque no descarta que, si la ley sigue adelante, la Hispalense las registre también de forma individual. 

Castro, además, mostró su desacuerdo con el nuevo modelo de financiación planteado antes del verano por la Consejería andaluza de Universidades. Considera que hay que "definir y comprobar el valor de los indicadores que se proponen".