La reforma local por explicar

EL alcalde de Sevilla pide tranquilidad cada vez que los sindicatos o los grupos de la oposición en la Plaza Nueva alertan de los perjuicios que acarreará la reformada Ley de Bases del Régimen Local aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El proyecto limita las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos y exige unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas. Y con esto último es con lo que se queda Juan Ignacio Zoido cuando dice que la prestación de servicios públicos está garantizada y que, además, cada día será más eficiente y mejor. Si se le insiste en mayores explicaciones el alcalde resume de manera muy simple la filosofía de la reforma de la siguiente manera: ahora cada administración pública tendrá una competencia; por ejemplo, la asistencia a las mujeres víctimas de violencia ya no será una cuestión municipal, como otros servicios sociales como los que se prestan a personas dependientes, escuelas de adultos y de música y danza, servicios de promoción de la salud, oficinas de consumidores o servicios de orientación laboral y de formación para el empleo. Pero si hiciera falta que el Ayuntamiento colaborase para mantener estas prestaciones para eso están los convenios, según asegura Zoido, una palabra que para algunos resuena a privatización.

Y su razonamiento es muy simple: "No puede ser que unos sean siempre los que inviten y otros los que paguemos". Con esto se refiere a la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con el Ayuntamiento de Sevilla en programas sociales que son cofinanciados pero que funcionan prácticamente con la aportación municipal. Aun teniendo razón , una cosa es la morosidad y otra la competencia y mezclarlas confunde.

El alcalde también critica que el PSOE, por ejemplo, que en esta materia lleva al día sus deberes, alarme al personal diciendo que están en riesgo 1.000 empleos y esta semana ha asegurado a los sindicatos -que un día antes explicaron a la oposición sus calendarios de movilización- que no habrá despidos. Palabra de alcalde que, para la mayoría, no es suficiente para sofocar la incertidumbre que genera una reforma a la que habrá que irse adaptando para, según Zoido, poner orden y gastar sólo lo que se ingresa en las arcas.

El debate es más que árido y desde luego no está en la barra de los bares, sí en las casas de los despachos y las tertulias de máquinas de café de los funcionarios. Basta con echarle un vistazo al texto para que surjan muchos interrogantes.

¿Qué va a pasar con la Oficina Municipal de Consumo, los puntos de información a la mujer o incluso el Consorcio de Turismo? Según la reforma, ejercen competencias que deben desaparecer de forma inmediata. ¿Y con las escuelas taller, servicios como Andalucía Orienta o programas cofinanciados como Redes? Según la ley, sólo podrán permanecer en funcionamiento este año. Y aquí sí que se ha visto ya una consecuencia directa: tres escuelas taller se han tenido que posponer porque se han puesto en marcha una vez que la reforma local ya había entrado en vigor, un retraso en el que curiosamente tiene gran parte de culpa la Junta, que con sus impagos ha demorado también el asunto. Y aquí no tiene otra que dar la razón a Zoido cuando alaba la reforma como medio para acabar con la morosidad. De cualquier manera, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, asegura que los 18 monitores afectados por esta incidencia son sólo "las primeras víctimas" de la reforma y que, pasado un año, no será fácil encontrar soluciones para todas las que están por venir.

En materia de salud el Ayuntamiento debe también ir transfiriendo progresivamente a la Junta en los próximos cinco años sus competencias. Y en servicios sociales, la limitación de éstas hará que se queden fuera programas como Zonas y otros que emplean en estos momentos a más de 200 personas, pero este proceso no culminará hasta finales de 2015. En la Policía no está tampoco clara la continuidad del Grupo Diana o la Unidad de Intervención Nocturna, pues sus funciones no se recogen con claridad en la ley.

El panorama se complica para los ayuntamientos que, como en el caso del de la capital, tienen planes de ajuste en vigor. Por ejemplo, no podrán adquirir, constituir ni participar en consorcios u organismos nuevos, en los "chiringuitos" que detesta Zoido. Pero él, curiosamente, insiste tozudamente que la Zona Franca tendrá un consorcio y que lo presidirá el Ayuntamiento, que para eso es quien ha desbloqueado un asunto que, a la larga, dará sus frutos. El PP no está dispuesto a perder ese copyright y por ello está pidiendo consejo incluso a la Secretaría de Estado.

Hay más: las entidades que se encuentren en una situación de desequilibrio financiero o que superen el techo de deuda tendrán que presentar planes de estabilidad antes de finales de este año y, si no lo consiguen, disolverse antes de 2016. Esto podría afectar a Emvisesa o la nueva sociedad de Fibes, porque Tussam o Lipasam se verían beneficiadas por una moratoria existente para empresas de limpieza y transporte hasta finales de 2016. Tampoco queda claro el futuro de Aussa, como empresa mixta participada por una empresa pública, ni con los mercados.

Sevilla pasará con la reforma a tener los mismos recursos y competencias que una ciudad de 50.000 habitantes, Utrera por ejemplo. Y todavía es posible que tenga que ajustar el coste de sus servicios públicos, pues este año deberá remitir un cálculo a Madrid. Y, si éste no encaja, podrían llegar recortes o privatizaciones.

Aún quedan muchos aspectos que adaptar a esta reforma, en eso tiene razón Zoido, pero minimizar sus efectos antes de explicarlo también resulta muy alarmante.