Uno de los objetivos que persigue el borrador de la LOSU es que las universidades públicas mantengan una decidida apuesta por la investigación. Una meta que pasa por incrementar la financiación estatal para las instituciones de enseñanza superior. Con tal fin, el ministro Manuel Castells ha asegurado que la intención de su departamento es incrementar las partidas para las universidades, hasta suponer el 5% del PIB. Para ello, se fija una década como plazo para lograrlo.

Otro de los medios para alcanzar cotas importantes en la investigación es el requisito que establecerá la nueva ley, mediante el cual las universidades habrán de dedicar un mínimo del 5% de su presupuesto a dicho cometido. Además, deberán reservar un 15% de las plazas permanentes para investigadores, entre las que debe darse prioridad “al liderazgo de los jóvenes”.

La LOSU también persigue que esa investigación y generación del conocimiento se encuentre en permanente contacto con el mundo empresarial que rodea a las instituciones de la enseñanza superior. Se trata, en suma, de crear una vinculación “lo más estrecha posible” con el tejido productivo de la zona, algo que ya contempla la ley Celaá para la FP.

De hecho, la reforma universitaria persigue que se establezcan “pasarelas” entre la Formación Profesional y la educación superior, de manera que los dos tipos de enseñanza dejen de darse la espalda, como hasta ahora, y que los alumnos de una y otra puedan acceder a ambas ramas, lo que completará la formación técnica y teórica.

En función de dichos objetivos, se impulsarán nuevos títulos, más enfocados al mercado laboral, y se promoverá el emprendimiento.