La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mueve ficha y toma la primera decisión con respecto a las tensiones que marcan la Comunidad de Regantes del Guadalquivir. La entidad recupera la finca Las Arenas, de 11,2 hectáreas, que había sido cedida a la comunidad para cultivos experimentales. La finca fue cedida en septiembre de 2015 a la comunidad. El plazo autorizado de explotación expiraba el 24 de julio de 2020. En condiciones normales se hubiera renovado la autorización, pero las diversas investigaciones abiertas por la Fiscalía han debido ser determinantes para que la CHG exija la entrega de los terrenos de acuerdo con la normativa vigente.
La Fiscalía de Sevilla ha recibido denuncias e información sobre supuestas irregularidades cometidas en la Comunidad de Regantes del Viar que podrían además perjudicar a funcionarios de la CHG.
El Ministerio Público está investigando una denuncia por el uso irregular de agua entre los regantes de la Comunidad del Viar, en la que, a cambio de regalos como jamones con denominación de origen y valorados en hasta 500 euros, se estaría beneficiando presuntamente a varios miembros de esta comunidad a los que se permitiría el empleo de agua del canal para zonas que en realidad no estarían abarcadas por la autorización de riego, así como el uso fraudulento de fincas cedidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otras supuestas ilegalidades como las amenazas y presiones de la cúpula de la entidad contra agricultores.
Cohecho y prevaricación
En la denuncia que maneja la Fiscalía, ampliada ya hasta en dos ocasiones, se incluyen grabaciones de charlas entre altos responsables de la comunidad en las que se reconocerían los hechos. Como informó este periódico, la denuncia fue presentada a finales de julio en la Fiscalía de Sevilla por el representante de una organización agrícola y el pasado 1 de septiembre el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer si se han podido cometer delitos de cohecho y prevaricación en relación con estos riegos, según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Sevilla. Entre los asuntos que se comentan las grabaciones está el uso fraudulento de la finca Las Arenas, que fue cedida para experimentación y habría sido usada para la explotación comercial.
Varios meses antes de que estos hechos llegaran a conocimiento de la Fiscalía, la propia CHG recibió una denuncia de uno de los socios más veteranos de la comunidad de regantes del Viar, Juan Antonio León Vázquez, quien ya aseguró que varios miembros de la comunidad estaban empleando agua del canal para zonas no abarcadas por el permiso de riego. Este asociado, tal como publicó este periódico en febrero pasado, advertía a la CHG que las “graves irregularidades” habían sido denunciadas ante la propia comunidad, a la que acusaba de “falta de transparencia y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de agua y en las ordenanzas y reglamentos de la comunidad por parte de la presidencia y de los responsables de la gestión ordinaria de la comunidad de regantes”.
